Septiembre ha sido un mes duro para el gobierno de Pedro Sánchez. Sus intentos de recuperar la estabilidad política y la paz social manteniendo simultáneamente una continuidad con las políticas del PP están fracasando a ojos vista. El agravamiento de la polarización social y política, fruto de la crisis capitalista iniciada en 2008, ha acabado por imponerse sobre las palabras vacías y los gestos para la galería.

La posición del PSOE ante la clamorosa demanda social de derogar las reformas de las pensiones aprobadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy es un buen ejemplo de este fracaso. Los pensionistas no se han dejado engañar por las buenas palabras de Sánchez ni por las maniobras divisionistas de las cúpulas de CCOO y UGT, y han continuado con sus movilizaciones masivas, dejado al desnudo la falta de voluntad del gobierno para solucionar el creciente empobrecimiento de las personas de más edad.

La recomendación del Pacto de Toledo para que las pensiones se revaloricen según el IPC es una primera victoria de la movilización, aunque todavía tiene que concretarse. En cualquier caso, sin afrontar el problema de la insuficiencia de las cotizaciones a la Seguridad Social la revalorización prometida será papel mojado. Para asegurar unas pensiones dignas sería imprescindible que el PSOE llevase adelante un programa de medidas concretas para elevar los salarios de miseria que paga la patronal, acabar con las generosísimas exenciones que los sucesivos gobiernos han concedido a los empresarios, y aumentar de manera drástica los impuestos a la banca y las grandes empresas del IBEX 35, que no hacen más que evadir sus beneficios a paraísos fiscales.

Por supuesto, todo parece indicar que el gobierno del PSOE no está por la labor. Y esta renuncia es un factor poderoso para mantener y reforzar la presión desde las calles. Eso es lo que ha planteado el movimiento de los pensionistas y es el único camino para lograr una victoria sonada.

La reacción contraataca

También desde la derecha la presión se ha hecho notar. PP y Ciudadanos, tras el duro golpe que les asestó la movilización social y la moción de censura, y pese a sus enfrentamientos, han sido capaces de unir sus fuerzas para bloquear el proyecto de Presupuestos Generales para 2019 presentados por Sánchez. Al mismo tiempo, sectores decisivos del aparato del Estado ya ni se molestan en disimular su arraigado franquismo. El poder judicial va un poco más lejos cada día con decisiones que restringen las libertades democráticas y con sentencias que dejan impune la violencia machista. Los últimos asesinatos a manos de sus parejas de mujeres que habían solicitado infructuosamente auxilio judicial, unidos a la revelación de conversaciones claramente fascistas de altos cargos de la magistratura sobre como reprimir la lucha por los derechos nacionales de Catalunya, no han recibido respuesta alguna por parte del gobierno PSOE. Esta pasividad es la mejor manera de estimular la abierta ofensiva de la reacción.

El envalentonamiento de la derecha se nutre directamente de la negativa de Pedro Sánchez a desmontar las políticas del PP en aspectos como la inmigración, la restricción de las libertades democráticas, la represión del pueblo catalán y las políticas de austeridad y recortes. La sumisión del PSOE ante la herencia del PP es tan completa que ni siquiera ha sido capaz de revertir decisiones tan escandalosas como la de vender armamento a Arabia Saudí para sus acciones criminales en Yemen, fruto de un acuerdo secreto suscrito por Rajoy y el gobierno saudí en 2015.

Ministros y altos cargos enredados en la corrupción

La guinda de esta actitud ha sido la oposición de la fiscalía, que depende del Ministerio de Justicia, a investigar a Pablo Casado por la falsificación de sus titulaciones, al mismo tiempo que mantiene las acusaciones por este mismo motivo a tres de sus compañeras de máster.

El capote a Casado se entiende mejor después de que la ministra de Sanidad se viera forzada a dimitir al hacerse público que su trabajo de máster era un plagio y que sus notas habían sido falsificadas. Durante años, altos cargos del PP y PSOE disfrutaron del privilegio de obtener títulos académicos regalados. La guerra por los títulos falsos que empezó con Cifuentes amenazaba con comprometer a demasiados dirigentes, así que convenía echar tierra sobre este asunto antes de que llegase demasiado lejos.

Desgraciadamente las charcas de corrupción en las que también durante años han chapoteado altos cargos del PSOE no se limitan a las esferas universitarias. Mucho más grave es la connivencia recientemente conocida de la ministra de Justicia con los sectores más oscuros y podridos de las cloacas policiales. ¿Cómo va a poner fin a los abusos y desmanes del aparato del Estado una persona que durante años ha compartido mesa y mantel con los protagonistas de las peores tramas de corrupción policial? Y más grave aún, ¿cómo va a poner coto al descarado machismo judicial una ministra que encubre a magistrados pederastas, cuando su obligación era denunciar públicamente estas actuaciones delictivas de miembros de la cúpula del poder judicial?

La insostenible posición de Unidos Podemos

Nada de lo ocurrido en las últimas semanas ha cambiado la estrategia de la dirección de Unidos Podemos. Manteniéndose al margen de la creciente movilización social y laboral, se ha convertido en una eficaz muleta del PSOE para lavar su imagen, y ni siquiera la constatación de que esta política pulveriza sus expectativas electorales ha conseguido que Pablo Iglesias cese en su empeño de extender, uno tras otro, cheques en blanco a Pedro Sánchez.

Y ocasiones no faltan para que Unidos Podemos pueda promover una amplia movilización social capaz de revertir las contrarreformas de los últimos años. Una de estas oportunidades ha sido la reciente decisión del PSOE de afrontar el imparable encarecimiento del precio de la electricidad perdonando a las empresas del sector el impuesto que grava la generación de energía con un 7%. Una vez más, regalan dinero a unas empresas que baten récords de beneficios años tras año, con la vana esperanza de que una pequeña parte de ese regalo repercuta en una bajada de precios.

Unidos Podemos no puede permanecer callado ante esta burla. Unas condiciones de vida dignas requieren de una energía eléctrica a precios asequibles, y para ello sólo hay un camino: nacionalizar las empresas eléctricas. Las privatizaciones de los gobiernos González y Aznar convirtieron al sector eléctrico en un jugoso negocio a costa del bolsillo de los ciudadanos, condenando a cientos de miles a la pobreza energética que ha provocado no pocas muertes.

Es hora de que esta situación termine. Unidos Podemos debe rectificar su posición: no arrancarán nada al gobierno del PSOE sin la presión de la calle. Hay que seguir el ejemplo de los pensionistas, de la huelga feminista, de las movilizaciones estudiantiles y dar un paso adelante impulsando y unificando la lucha de todos los sectores. Sólo así obligaremos al gobierno de Pedro Sánchez a cumplir con las reivindicaciones por las que hemos peleado tanto en estos años.


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