¡Hay que luchar por la autodeterminación y el socialismo, no gestionar el capitalismo!

El 8 de abril se fundaba en el Polideportivo Vall D’Hebron de Barcelona Un País en Comú, partido catalán de izquierdas resultado de la fusión de En Comú (formación liderada por Ada Colau, alcaldesa de Barcelona), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) e Iniciativa per Catalunya (IPV).

La organización de Podemos en Catalunya, Podem, se ha dividido respecto al nuevo partido. La minoría errejonista se ha integrado, mientras el sector mayoritario ha decidido mantenerse al margen, al menos por el momento. La dirección estatal de Podemos ha marcado distancias ante esta negativa. Pablo Echenique asistió al Congreso fundacional y Pablo Iglesias hizo una intervención por vídeo.

La creación de Un País en Comú tiene lugar en un momento muy importante. En el terreno político, el PP ha lanzado una virulenta campaña represiva contra cualquier intento de promover el derecho de autodeterminación de Catalunya: inhabilitaciones y multas a los promotores de la consulta no vinculante del 9N, amenazas de querellas penales y otras medidas represivas en caso de que se intente llevar adelante el referéndum sobre la independencia anunciado para este año…

En el terreno económico, a pesar de la propaganda de la burguesía, Catalunya sigue sufriendo duramente los efectos de la crisis. Desde 2009 se calcula que un 25% del tejido industrial ha sido destruido. El salario medio creció, entre 2009 y 2014, 34 veces menos que el coste de la vida. Como resultado de todo ello, la pobreza se ha incrementado de forma importante. En un sólo año, 2013/14, pasó de representar el 23% a un 26%. Según Cáritas, la pobreza crónica también aumenta, afectando especialmente a los más desprotegidos: inmigrantes, mujeres y niños. Uno de cada 3 catalanes menor de 18 años es pobre.

Un programa de clase frente al nacionalismo españolista y a la sumisión a la burguesía catalana

El empeoramiento en las condiciones de vida se ve agravado por las políticas de recortes sociales y privatizaciones aplicadas tanto por la burguesía española desde el gobierno central a través del PP y sus aliados (Ciudadanos y dirección golpista del PSOE), como por la burguesía catalana desde el govern de Catalunya. La política de Convergència (hoy PDeCat) no se diferencia en nada de la del PP. Es más, en toda una serie de aspectos (privatización de la educación y la sanidad, subcontratación y precarización de las condiciones de trabajo en la administración pública) ha ido incluso más lejos.

Mientras los jóvenes y trabajadores de Catalunya ven como se degradan sus condiciones de vida, la acumulación de riqueza y privilegios en manos de un reducido grupo de capitalistas, españoles y catalanes, continúa. Tampoco en esto hay ninguna diferencia reseñable entre ellos. Todos son igual de corruptos y parásitos. Una nueva prueba de ello la tenemos en las tramas de corrupción que estos días salpican tanto a peperos como a convergentes (3%, trama Gürtel, Operación Lezo, Palau de la Música…).

La voluntad de los jóvenes y trabajadores catalanes de cambiar esta situación se ha expresado los últimos años en impresionantes movilizaciones de masas: desde la explosión del 15M, las huelgas generales y las Diadas de 2012 y 2013, hasta las movilizaciones más recientes: la manifestación de medio millón de personas en Barcelona en apoyo a los refugiados, los más de 200.000 manifestantes el 8 de Marzo, o las huelgas masivas contra la reválidas organizadas por el Sindicat d’Estudiants.

La lucha de clases en Catalunya se ha expresado también en la llegada de la propia Ada Colau a la alcaldía de Barcelona, la formación de gobiernos municipales de izquierda en otras ciudades del cinturón rojo de Barcelona, el ascenso vertiginoso de Podemos en Catalunya o la irrupción en el parlament en 2015, con un 8% de los votos y 10 diputados, de una formación independentista y anticapitalista como la CUP

Estos hechos ponen sobre la mesa las enormes posibilidades para construir una fuerza de izquierdas de masas. Una fuerza que se base en la movilización y lleve a la práctica una genuina política socialista que responda las aspiraciones de una inmensa mayoría. Sin embargo, la experiencia demuestra que existen actores políticos que hacen todo lo posible por evitar este desarrollo.

Los dirigentes de ERC y CUP, en lugar de romper su alianza con Convergència e imponer mediante la movilización en la calle el derecho de Catalunya a decidir su futuro, vinculando la lucha por la liberación nacional a la lucha contra los recortes y la defensa de un programa anticapitalista, sostienen con sus votos en el Parlament las políticas de derechas que aplica el partido de la burguesía catalana. Esto es especialmente increíble en el caso de la CUP, cuyos dirigentes se declaran independentistas y anticapitalistas. El resultado de esta política de colaboración de clases con la burguesía catalana no está siendo hacer avanzar la lucha por la liberación de Catalunya sino envalentonar al PP, atar a la CUP y ERC a Convergència para intentar frenar la movilización social y confundir, dispersar y desanimar a un sector de las bases independentistas. Si hoy hubiese elecciones la CUP podría perder según algunos sondeos la mitad de sus votos.

Lo mismo que decimos para ERC y CUP sirve para los dirigentes que han impulsado el Congreso fundacional de Un País en Comú. Lamentablemente, tanto las propuestas políticas presentadas como las medidas desarrolladas en los ayuntamientos donde ya gobiernan, están muy lejos de resolver los graves problemas que afectan a millones de trabajadores y jóvenes. Su política se ha limitado a respetar el marco del capitalismo y la legislación aprobada por los anteriores gobiernos de la derecha y, en una mayoría de casos, frustrar las demandas y reivindicaciones que llevaban en los programas electorales.

¡Derecho a decidir ya! ¡Por una Catalunya socialista!

Ada Colau en el congreso del 8 de abril dijo que “somos una fuerza imparable” y “no caeremos en la trampa de la guerra de pobres contra pobres, somos comunes”. Pero el único modo de impedir que la burguesía enfrente a unos trabajadores con otros e intente utilizar tanto los problemas sociales como las aspiraciones nacionales para sus propios fines es que los dirigentes de la izquierda se pongan al frente de la lucha por el derecho del pueblo de Catalunya a decidir su futuro (desde qué tipo de relación mantiene con el resto del Estado hasta qué políticas económicas y sociales se aplican). Eso significa defender claramente el derecho de autodeterminación y vincular el mismo a la defensa de un programa que rompa con el capitalismo y proponga construir una Catalunya socialista. Entre las propuestas presentadas al congreso fundacional de Un País en Comú no hay ninguna que vaya en este sentido.

El congreso declaró que el nuevo partido luchará por “una República en Catalunya”, pero no se concretó qué tipo de república se pretende (una república capitalista o socialista). Es decir, al concretar qué políticas aplicaría esa república y cómo llegar a ella encontramos una ambigüedad calculada. Algunos dirigentes repiten un discurso interclasista que cuesta diferenciar del de Junts pel Sí. Otros defienden un referéndum de autodeterminación pero plantean llegar a éste mediante un pacto del govern de Catalunya con el Estado. Esto, en la práctica, significa dejar la lucha por los derechos democrático-nacionales de Catalunya no en manos de los propios jóvenes y trabajadores catalanes sino en manos de un pacto entre las burguesías catalana y española. Dicho de otro modo: renunciar a la liberación nacional y social de Catalunya.

La renuncia a basarse en la movilización de las masas para llevar la lucha hasta el final lleva inevitablemente a aceptar la lógica de la burguesía y las leyes del Estado capitalista. Esto vale para la cuestión nacional, para la lucha contra los recortes sociales o los desahucios y para las políticas que se están aplicando desde los ayuntamientos del cambio.

Si algo ha caracterizado esas políticas son las declaraciones de buenas intenciones que finalmente no se llevan a la práctica o, en el mejor de los casos, medidas intentando paliar algunos problemas sociales que, al no basarse en la movilización de las masas para romper con el capitalismo, acaban teniendo efectos muy limitados. En cualquier caso, del cambio prometido no se ve nada de nada.

Un ejemplo es lo ocurrido con la lucha contra la pobreza energética, una de las banderas que levantó Ada Colau tras ser elegida alcaldesa. Hasta finales de 2016 la política del Ajuntament de Barcelona fue asumir íntegramente las facturas de muchas familias que no podían pagar la luz o el gas. Así intentaba evitar los cortes pero a costa de que compañías como Endesa, Gas natural, Unión Fenosa, etc. siguiesen llenándose los bolsillos con dinero público. De tres millones de euros anuales destinados a aliviar la pobreza energética, 800.000 iban a cubrir las facturas impagadas para beneficio de estas empresas.

Según el Instituto de Estadísticas de Catalunya (IDESCAT), “de 2008 a 2015, las personas en pobreza extrema pasaron del 2,3% al 6,7%. Los cortes de suministros en la ciudad condal llegan a 1.500 mensuales”. Ante lo insostenible de seguir enfrentando este problema trasvasando centenares de miles de euros de las arcas municipales a las eléctricas, Colau intentó presionar a Endesa y Gas Natural (incluyendo en la concesión del contrato para abastecer el alumbrado y edificios municipales una cláusula que les obligaba a renunciar a los cortes). Las empresas contraatacaron y consiguieron un fallo a su favor del Tribunal de Contratos Públicos de Catalunya. El Ajuntament ha retrocedido, planteando crear una comercializadora pública de electricidad para 2018 que empezaría ofreciendo el suministro a 20.000 hogares. Con las necesidades existentes, y un mercado donde la producción la siguen controlando las grandes empresas eléctricas, esto representa un parche que no resolverá absolutamente nada.

En todos los demás terrenos vemos resultados muy parecidos. Se está renunciando a aplicar políticas que cambien realmente nuestras condiciones de vida, empezando por una negativa absolutamente inaceptable a remunicipalizar los servicios públicos privatizados garantizando los puestos de trabajo; asegurar el derecho a techo para todas las familias trabajadoras necesitadas, creando un parque de viviendas municipales con alquileres sociales y poniendo fin a los desahucios; aumentar drásticamente el gasto social para proteger a los más débiles, o acabar con el abuso de los altos cargos con salarios insultantes y que actúan como parásitos de la administración municipal.

Esto es lo que explica que se haya pasado de prometer defender los derechos de los manteros a reprimirles, aceptar (en la práctica) los CIEs o mantener “temporalmente” concesiones a empresas privadas en servicios como teleasistencia, atención domiciliaria, parques y jardines, etc. También es esa la causa de lo ocurrido durante el conflicto de TMB (2015). Entonces, Ada Colau se posicionó contra las reivindicaciones obreras, llegando incluso a participar de la campaña demagógica de la burguesía contra los salarios de los trabajadores mientras se negaba a publicar los ingresos de los altos cargos, tal como demandaba el comité de empresa.

Construir Esquerra Revolucionària en los barrios, fábricas y centros de estudio

La decepción con estas políticas es evidente. Y se ha expresado el mismo día del nacimiento del nuevo partido. Frente a los 2.000 asistentes previstos, participaron 1.006. Comparado con la efervescencia vivida en los barrios obreros cuando Ada Colau lanzó su candidatura en 2014, la creación de Un País en Comú ha pasado sin pena ni gloria. La causa, además de lo ya comentado respecto a las políticas aplicadas desde los ayuntamientos del cambio y el programa, tiene que ver con el modelo de organización que se está construyendo. El objetivo parece ser construir una gran maquinaria electoral a imagen y semejanza de las organizaciones socialdemócratas tradicionales y no una organización de combate.

Muchos de los dirigentes que impulsan Un País en Comú son veteranos burócratas de la izquierda más reformista –que han defendido la política de desmovilización y pacto social en CCOO, y que han gobernado anteriormente Catalunya en gobiernos tripartitos junto al PSC aplicando recortes y medidas represivas– a los que sólo les mueve asegurarse el control de un nuevo aparato electoral para continuar con una política socialdemócrata.

Frente a este tipo de lanzamientos “por arriba”, lo que realmente necesitamos es una organización en los barrios, en los institutos y universidades, en las empresas y en los movimientos sociales que levante la bandera del socialismo, y cuyo objetivo no sea gestionar el capitalismo sino acabar con todas las formas de opresión: nacional, de clase, género, raza… Ese es el objetivo por el que luchamos en Esquerra Revolucionària.


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