¡Libertad presos políticos! ¡Huelga general ya!

Siguiendo la estrategia del gobierno de Rajoy y del bloque monárquico reaccionario, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para ocho consejeros del Govern de la Generalitat, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras. La decisión constituye el mayor atentado contra la democracia en cuarenta años perpetrado por la burguesía española, el Estado heredero del franquismo y todos los partidos que sustentan el régimen del 78. Hoy encarcelan a los miembros de un gobierno elegido democráticamente por proclamar la república catalana; mañana podrán encarcelar con los mismos argumentos legales a todos aquellos que nos rebelemos contra las injusticias del sistema y desafiemos abiertamente el orden capitalista.

Este ataque no es sólo un intento de reprimir por la fuerza el movimiento del pueblo catalán por el derecho a decidir, es un ataque contra las libertades y los derechos democráticos de todos los trabajadores y de la juventud, de Catalunya y de fuera de Catalunya.

La querella del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en la que se acusa a Puigdemont y a todos los miembros del Govern del delito de “rebelión” y “sedición”, y que es tomada en consideración con este auto de prisión, tiene una trascendencia histórica e internacional. Frente a un pueblo movilizado pacíficamente, que tuvo que resistir una represión policial salvaje el 1 de octubre, que paralizó toda Catalunya en una huelga general ejemplar dos días más tarde, las fuerzas políticas y las instituciones del Estado que defienden la España una, grande y libre, que han arrojado a millones de personas al desempleo, que han recortado hasta el hueso la sanidad y la educación públicas, que tiene sus filas llenas de corruptos y ladrones, desatan una auténtica “causa general” al más puro estilo del franquismo. Ha quedado claro que están dispuestos a todo, incluso a llenar las cáceles de presos políticos.

Lo que motiva a estos reaccionarios, entre los que hay que incluir de manera muy señalada a los dirigentes del PSOE, no es la defensa ni de la democracia ni del estado de derecho. Todo lo contrario. No les ha bastado la aplicación del artículo 155, que suspende la autonomía de Catalunya. Quieren humillar a todo un pueblo, quieren poner de rodillas a los millones que han salido a las calles para decir basta ya a una monarquía reaccionaria y a un gobierno que desprecia sus justas aspiraciones.

Basta analizar lo que propone el Fiscal General del Estado para hacerse una idea de las pretensiones del Estado, del gobierno del PP y de sus aliados políticos. La querella considera que la jornada del 1 de octubre y los días previos y posteriores “constituyeron una insurrección, un levantamiento violento, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado (…) Los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada”.

Es decir, que el movimiento de millones de ciudadanos pacíficos ejerciendo su legítimo derecho a votar es considerado por el máximo fiscal del Estado, puesto a dedo por el PP, como un “levantamiento violento”. ¡Y todos los políticos que respaldan esta querella, incluidos los dirigentes del PSOE, afirman que así se defiende la “democracia”!

La jornada de huelga del 3 de octubre también es calificada por el fiscal general: “La huelga no fue convocada en defensa de los derechos de los trabajadores, sino como un acto más de fuerza”. La Fiscalía sostiene que “los hechos dirigidos a la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república, ponen en objetivo peligro los fundamentos del Estado de Derecho (…) que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”.

El delito de rebelión, que en el código penal implica la utilización de la violencia, puede acarrear una condena de 30 años de cárcel. Para fundamentar su querella infumable, el fiscal general señala ahora que tal delito “no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”, y cita como jurisprudencia la sentencia del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, donde el Tribunal Supremo llegó a estimar que la rebelión se puede llevar a cabo “de modo incruento”.

La querella de la Fiscalía del Estado es sólo la punta del iceberg. Las fuerzas que han aplastado la libertad y la democracia y reprimido con saña a los trabajadores y el pueblo en otras ocasiones, están completamente envalentonadas. La tribuna escrita por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Fernando Alejandre, en el diario ABC no deja lugar a dudas: “la historia demuestra que, llegado el caso, los españoles y con ellos las Fuerzas Armadas, sabemos defender nuestra Nación”. La situación es clara: sólo pondremos freno a este carnaval de la reacción si emprendemos la lucha más masiva y decidida.

Un ejercicio extraordinario de soberanía popular y democracia

Lo ocurrido estos meses en Catalunya encierra grandes lecciones. Una lucha de clases tan abierta y descarnada, inducida en este caso por la opresión nacional, y donde todas las ideas y las organizaciones políticas están siendo puestas a prueba, no es algo habitual en la historia.

Dice el refrán que no hay más ciego que el que no quiere ver, y en la izquierda parlamentaria la ceguera ha llegado a un punto grotesco. Cuando hay un golpe autoritario en marcha, y conquistas democráticas fundamentales del movimiento obrero están siendo socavadas, sólo se pueden distinguir dos posiciones: los que respaldan el 155 y se manifiestan de la mano de la derecha blandiendo la bandera rojigualda y apelando a la España una, grande y libre, como han hecho Pedro Sánchez, Iceta y los dirigentes del PSC; o aquellos que hablan de “diálogo” pero afirman que el 155 y la declaración de la república catalana son las dos caras de la misma moneda, equiparando la actuación del gobierno del PP y del Estado con la de un pueblo que lucha contra la opresión nacional y desnuda el carácter reaccionario del régimen del 78. ¡Ahora se ve con más perspectiva lo que significan ambas posturas!

La idea de que el resultado del referéndum del 1-O no puede ser proclamado porque no es legítimo significa un desprecio absoluto a la voluntad popular. Más de 2.200.000 personas defendieron e impusieron su derecho a votar enfrentándose a las porras y pelotas de goma de decenas de miles de policías y guardias civiles. El porcentaje de participación de este referéndum fue mayor al de las elecciones europeas de 2014. El número de votantes a favor de la república catalana fue claramente superior al de votos afirmativos al Estatut d’autonomia, la norma que regula la relación de Catalunya con el Estado español. ¡Qué elección podría tener más legitimidad que ésta, conquistada mediante la lucha, la movilización y la resistencia frente a toda la maquinaria represiva del Estado!

Los capitalistas, ya sean catalanes, españoles o europeos, han comprendido mejor que los dirigentes de la izquierda reformista el significado político de estos acontecimientos. El pueblo catalán, con la juventud a la vanguardia, demostró con la movilización en la calle que sí se puede derrotar el poder represivo del Estado, y al votar en el referéndum gracias a su acción directa y paralizar Catalunya con la impresionante huelga general del 3 de octubre abrió una crisis revolucionaria. El objetivo de todos los sectores de la clase dominante es cerrar esta crisis cuanto antes, imponiendo una severa derrota al movimiento para que sirva de lección al resto de pueblos en lucha y a todos los explotados.

El bloque monárquico reaccionario

Conscientes de lo que hay en juego, y debido a la enorme fuerza del movimiento a favor de la república catalana, el gobierno de Rajoy, el aparato del Estado, la Corona, el Ejército y los partidos del régimen —destacando el PSOE de Pedro Sánchez— han trazado una estrategia represiva brutal, que quieren adornar “democráticamente” con la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Al mismo tiempo, y para reforzar su posición, endurecen la campaña del miedo y siembran la división y el enfrentamiento en el seno de los trabajadores y del pueblo de Catalunya.

Esta campaña ya lleva muchas semanas en marcha, y cuenta con el apoyo entusiasta de la burguesía y la oligarquía catalana. Alrededor de 1.700 empresas han anunciado desde el 3-O su salida de Catalunya, trasladando un mensaje muy concreto: la república catalana puede suponer la destrucción de miles o decenas de miles de puestos de trabajo. Y hay que reconocer que esta campaña está teniendo efectos porque desde la dirección del movimiento de liberación nacional catalán, en manos mayoritariamente de los políticos burgueses del PDeCAT, pero también de ERC y de la CUP, no se ha contestado con hechos concretos, y la única manera de hacerlo sería señalando que la república catalana significaría la toma de decisiones inmediatas contra los recortes, en defensa de la sanidad y la educación públicas, y contra el sabotaje de los capitalistas asegurando la nacionalización de la banca y de las grandes empresas para defender el empleo, los salarios y mejorar las condiciones de vida del pueblo y los trabajadores.

Pero nada de esto se ha hecho. Desde el 3 de octubre la iniciativa la ha tomado la reacción y el régimen del 78. Es más, ante la aplicación del 155, el Govern y los partidos que lo sustentan no han planteado ninguna respuesta seria basada en la movilización de masas. Sus vacilaciones y abandonos han envalentonado a la reacción hasta el punto de enviarles a la cárcel.

La reacción ha concentrado toda su potencia de fuego en el terreno de la represión policial y judicial, pero también en el intento de ganar un espacio en la calle que había perdido. En este sentido, la movilización del 29 de octubre en Barcelona en defensa de la unidad de España, y a la que asistieron más de 300.000 personas, es muy significativa. Fomentando el miedo a la pérdida de puestos de trabajo y diseminando la crítica al nacionalismo catalán como si sólo fuera un movimiento de las élites explotadoras, racistas y contrarias a la población inmigrante de Catalunya, la clase dominante española está apoyándose en un sector de la izquierda, socialista y estalinista, para meter una cuña entre los trabajadores catalanes a favor de sus intereses.

La actuación de Borrell, jaleando con su verbo encendido a miles de reaccionarios, o de Paco Frutos, exdirigente del PCE y CCOO, atacando la huelga convocada por el Sindicat d’ Estudiants y a la juventud que se ha movilizado contra la represión franquista, no es ninguna casualidad. El papel de comparsa de todos ellos, entusiasmados con las medidas franquistas del PP y dispuestos a propagar el chovinismo españolista en los barrios obreros, es un crimen.

La izquierda equidistante

Si el bloque reaccionario está avanzando, sembrando la confusión y los prejuicios españolistas en sectores de los trabajadores, no sólo es por la responsabilidad del PSOE o por el papel de los dirigentes de CCOO y UGT, que en la práctica colaboran con la burguesía española y catalana cuando justifican la aplicación del 155. Los dirigentes de organizaciones que cuentan con un gran apoyo parlamentario y en teoría están a la izquierda de la socialdemocracia, como Podemos o Izquierda Unida, también están aportando su grano de arena a esta confusión. Cuando defienden la equidistancia entre el régimen del 78 y el movimiento desatado en Catalunya, o cuando hablan de que la república catalana no es “legal” ni “legítima”, lejos de ayudar a la causa de los trabajadores y la juventud catalana, lejos de contribuir a la lucha contra todo tipo de opresión nacional y de clase, refuerzan muchos de los argumentos de la burguesía española.

En una coyuntura histórica como la actual todas las organizaciones se retratan. Seguir insistiendo en que el 155 y la proclamación de la república catalana son el resultado de la falta de “diálogo” y de “responsabilidad” política es no querer ver el fondo del asunto. Es como si estos dirigentes nunca hubieran oído hablar de la lucha de clases, y no entendieran que si hemos llegado a este punto, incluyendo el encarcelamiento de todo el gobierno de la Generalitat, es porque el Estado centralista y el régimen del 78 jamás aceptarán un referéndum pactado y legal en Catalunya sobre el derecho de autodeterminación. Y no lo aceptará porque la burguesía española no va a renunciar a un mercado como el catalán, que representa casi un tercio del PIB español, y porque la “voluntad popular” les trae al pairo. Jamás consentirán que la proclamación de la república se lleve a cabo “legalmente”, porque eso abriría las compuertas —como ya está sucediendo— a un movimiento de masas que más tarde o temprano contagiaría al resto del Estado y podría acabar con su régimen.

De todos estos dirigentes, Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, es el que con más virulencia se ha posicionado contra las aspiraciones democrático-nacionales de millones de catalanes, despreciando un movimiento de masas que se ha enfrentado al PP y al Estado. Un dirigente que siempre ha hecho gala de republicanismo, se ha opuesto con toda vehemencia a la república catalana, y lo ha hecho esgrimiendo como argumento que rompe con la legalidad del Estado y de la burguesía española. Pero, ¿de qué legalidad habla Garzón? ¿De la que permite presos políticos? ¿De la que intenta imponer un régimen autoritario en Catalunya?

Lo peor, además, es que pretende justificar su postura haciendo referencia a los grandes pensadores marxistas, cuando en realidad falsifica de forma grosera el marxismo y se acerca a las posturas del chovinismo españolista, facilitando al bloque reaccionario su objetivo de meter una cuña dentro del movimiento obrero y extender los prejuicios del españolismo.

Garzón dice que es marxista. Pero el principio de la dialéctica marxista señala que la verdad es siempre concreta. No han sido Puigdemont ni el PDeCAT quienes han desafiado al régimen del 78, sino el movimiento revolucionario de las masas catalanas. Por supuesto que las diferentes formaciones políticas de la burguesía catalana, Convergència y sus sucesoras, han sostenido siempre la estabilidad capitalista, apoyando a los gobiernos de Felipe González y Aznar, defendiendo de manera clara los intereses de la oligarquía catalana. El viraje hacia el independentismo de Mas, Puigdemont y el PDeCAT representó, en su momento, una maniobra política para desviar la atención sobre sus políticas de recortes y neutralizar la gran contestación social que se había desatado contra ellos en las calles de Catalunya. Está claro también que la posición de los compañeros de la CUP, dando apoyo parlamentario al PDeCAT para aplicar su agenda neoliberal a cambio de que se mantuviesen dentro del bloque independentista, ha sido un completo error.

Pero igual de erróneo, o más aún por lo que está en juego, es que cuando Puigdemont y el PDeCAT están completamente superados por un movimiento de masas que abre una crisis revolucionaria, Garzón y muchos otros nieguen apoyo a este movimiento, tachándolo de reaccionario, y se dediquen a implorar a Rajoy y Puigdemont que arreglen el problema negociando. Pero, ¿negociar el qué y con quién? ¿Un referéndum “pactado y legal” con el mismo Estado y el mismo gobierno que blande la porra y aplica medidas de excepción antidemocráticas al pueblo de Catalunya?

Alberto Garzón ha dicho que “sólo con que Rajoy y Puigdemont se sentaran a dialogar ya se solucionaría parte de la tensión” que se vive en Catalunya. ¿Qué tiene esto que ver con la posición de Marx y Lenin ante la opresión nacional y la revolución? Nada, no tiene nada que ver, pero sí mucho con la posición de Carrillo en 1976-1978, cuando la dirección del PCE —entonces el partido de masas de la clase obrera— llamaba al diálogo y al consenso con la burguesía española y los herederos de la dictadura para abortar una situación revolucionaria que se les escapaba de las manos.

Carrillo y el PCE, junto a Felipe González y el PSOE, fueron los principales artífices del régimen del 78. La dirección del PCE sacrificó la lucha heroica de millones en aras de “consolidar la democracia”, esto es, permitir a la burguesía retomar el control de la situación, apoyando la monarquía y oponiéndose al derecho de autodeterminación de Catalunya, Euskal Herria y Galiza. El resultado fue quedar reducido a la insignificancia política en estos territorios. ¿Por qué Garzón no saca las conclusiones de estos hechos?

Hace más de 100 años que Lenin escribió un magnífico texto, El derecho de las naciones a la autodeterminación, fijando la posición de los marxistas revolucionarios en este terreno. Lenin no era nacionalista, ni Marx, ni Engels. Eran internacionalistas, pero entendían que la defensa del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas, como hoy es el caso de Catalunya, era algo prioritario en la batalla por el socialismo. Luchar contra la opresión nacional es igual de importante que luchar contra la opresión de clase. Por supuesto, en el movimiento de liberación nacional los marxistas nunca nos subordinamos a la burguesía de la nación oprimida, en este caso a la burguesía catalana, ni a su representación política hasta el momento, el PDeCAT, sino que, al mismo tiempo que abogamos por el derecho de autodeterminación —que significa obviamente el derecho a la independencia— lo ligamos a la lucha por un programa revolucionario y a la transformación socialista de la sociedad.

La crisis actual en Catalunya, como en otras épocas de la historia, ha abierto la posibilidad de conquistar la república catalana por métodos revolucionarios, basados en la acción directa del pueblo, la juventud y los trabajadores. Eso es lo que aterroriza a la burguesía catalana, que rápidamente ha dictado un ultimátum a las masas: abandonad vuestras pretensiones revolucionarias o desataremos el caos económico y os hundiremos en la miseria. ¡Es lo mismo que hizo la burguesía griega y europea contra el pueblo griego!

¿Qué conclusión se puede sacar de la alianza entre la burguesía catalana y la española para evitar la proclamación de la república catalana? Garzón y otros dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias defienden como estrategia política “un proceso constituyente” para alcanzar la “República Federal”. No aclaran qué orientación de clase, capitalista o socialista, debería tener ese proceso constituyente o esa república federal. Pero más allá de eso, ¿cómo pretenden imponer ese proceso constituyente o esa república? ¿Mediante el acuerdo con el Estado franquista y el PP? ¿Alcanzando un consenso con la burguesía española?

La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 fue el resultado de la acción revolucionaria de las masas, de la ciudad y del campo, que echaron abajo la dictadura de Primo de Rivera, y con sus huelgas y movilizaciones masivas a lo largo de 1930 y 1931 pusieron a Alfonso XIII rumbo al exilio. La proclamación de la república, que fue aceptada a regañadientes por los capitalistas y la burguesía como un mal menor, no pudo contener el movimiento de los trabajadores, los campesinos sin tierra y la juventud hacia la revolución socialista.

La analogía histórica tiene su importancia, pues una república catalana ganada mediante la acción revolucionaria implicaría necesariamente un combate frontal contra el PDeCAT y Puigdemont, contra toda esta oligarquía política y económica que ha gobernado Catalunya con las mismas recetas neoliberales que el PP, y abriría las puertas a un gobierno de la izquierda que cuestionaría los recortes y la austeridad. Los capitalistas catalanes, españoles, franceses y europeos lo saben perfectamente, y por eso intentan aplastar el movimiento con todos los medios de que disponen. Juan Luis Cebrián lo sabe también, como señala en sus incendiarios artículos. Pero Garzón y otros dirigentes de la izquierda, lamentablemente, se limitan a decir que la osadía del pueblo catalán en su lucha por la república “sólo” beneficia a la reacción. 

Es la hora de la huelga general y la movilización de masas

Los políticos burgueses del PDeCAT fueron mucho más lejos de lo que querían tras ser empujados por la impresionante movilización del 1 y 3 de octubre (de ahí sus caras de funeral cuando el Parlament proclamó la república). Desde que la burguesía catalana comprendió que se había abierto una crisis revolucionaria y exigieron a Puigdemont y los suyos que recularan, todo lo vivido desde el 3 de octubre han sido maniobras para retroceder ante el PP y el Estado español.

Pero sus cálculos no han valido de nada. El Estado y el bloque monárquico reaccionario quieren dar una lección inolvidable no sólo al pueblo de Catalunya, sino a todo el movimiento obrero y la juventud, mandando un mensaje muy claro: abandonar cualquier esperanza de cambiar las cosas, de transformar la realidad, porque si lo hacéis a través de la lucha y la movilización os arriesgáis a acabar en la cárcel.

Éste es el sentido del auto de prisión contra el Govern. Pero el PP y sus aliados han llegado muy lejos. Con sus brutales medidas están creando todas las condiciones para una respuesta en las calles aún mayor que el 1 de octubre. Si creen que el pueblo y la juventud catalana van a permanecer impasibles ante este atropello es que no han comprendido nada. E igual ocurrirá en el resto del Estado cuando las brumas de esta feroz campaña españolista se disipen.

Después de lo sucedido cabe preguntar: ¿Qué hará el PP y los que le apoyan si en las elecciones del 21 de diciembre las organizaciones partidarias de la república catalana obtienen la mayoría? Ya hay políticos del PP como Xavier Albiol que han propuesto prolongar el artículo 155, lo que en la práctica significaría establecer una dictadura en Catalunya.

Desde Izquierda Revolucionaria apelamos al conjunto de la izquierda catalana que lucha a responder con la misma fuerza y contundencia al desafío de la reacción. Los dirigentes de la CUP, de Podem, de Catalunya en Comú, de los sindicatos de clase que están en contra del 155, deben organizar inmediatamente movilizaciones masivas que incluyan la huelga general para paralizar Catalunya. Y lo deben hacer con un programa claro:

* Por la derogación inmediata del 155 y la restitución de todos los derechos democráticos eliminados por el gobierno del PP. ¡Por la libertad inmediata de todos los presos políticos! Retirada de todas las fuerzas policiales y de la Guardia Civil de Catalunya.

* Por una república catalana que ponga fin a los desahucios y a los recortes, que defienda la educación y sanidad públicas de calidad, que nacionalice la banca y las grandes empresas bajo control democrático de la población para crear millones de puestos de trabajo con salarios dignos.

La obligación de la izquierda que lucha es demostrar al conjunto de la clase trabajadora de Catalunya, especialmente a los que emigraron en los duros años de la postguerra y cuyas familias sufrieron el desprecio clasista, racista y humillante de la burguesía catalana, perpetuado con los Pujol y compañía, que la república catalana que queremos no es la de la oligarquía sino la del pueblo y la de los oprimidos. Hay que dirigirse a los trabajadores catalanes, volcarse hacia las fábricas y empresas, para dejar claro el engaño del PSC y de todos aquellos que, usurpando los valores de la izquierda, están apoyando las medidas de la reacción y no dudan en unirse incluso a los elementos fascistas que durante cuarenta años nos sometieron a una dictadura atroz. A todas las familias obreras que pueblan las ciudades del cinturón rojo de Barcelona y de numerosas localidades catalanas, y que recelan con razón de Puigdemont y los suyos, los ganaremos si frente a una monarquía capitalista que defiende los intereses de la oligarquía financiera, de los corruptos y los franquistas, oponemos una república socialista que garantice los derechos democráticos de todos.

Las proclamaciones y declaraciones en abstracto de la república, como han pretendido hacer Puigdemont y Oriol Junqueras, sirven de poco frente a la actual ofensiva del bloque reaccionario monárquico y su Estado. Lo que falta no es fuerza, sino decisión por parte de los dirigentes de la izquierda para basarse en la inmensa capacidad de lucha mostrada por millones de personas, por la juventud estudiantil, y organizar la huelga general contra el 155, imponer un gobierno de izquierdas que haga realidad una república socialista, y desalojar a Puigdemont y a los políticos burgueses del PDeCAT de la dirección del movimiento de liberación nacional. Ésta es la tarea de la CUP, de Catalunya en Comú, y de Unidos Podemos.

Sólo hay una manera de acabar con la confusión y neutralizar la campaña del nacionalismo españolista: uniendo a los trabajadores y la juventud del resto del Estado con sus hermanos de clase en Catalunya a través de la movilización masiva para derrotar estas medidas autoritarias, defender los derechos democráticos y sacar al PP del gobierno. Desde Izquierda Revolucionaria lo decimos claro: ésta es la tarea y la responsabilidad de la dirección de Unidos Podemos, de Pablo Iglesias y Ada Colau.

Vivimos acontecimientos decisivos. La clase dominante española y catalana ve con terror y odio la república catalana. La razón no es sólo porque quebraría la idea de España, una, grande y libre. Saben que esta conquista sería el preludio a una lucha aún más intensa y trascendental a favor de los oprimidos, contra la dominación de los capitalistas, contra el orden social establecido y por una república socialista en Catalunya y una república socialista federal, basada en la unión libre y voluntaria de los pueblos y naciones que componen actualmente el Estado español. Una lucha que ya está ganando la solidaridad activa de las masas oprimidas de Europa y de todo el mundo.

¡Afíliate a Izquierda Revolucionaria para luchar por la república socialista!