La decisión de los tribunales de Justicia, siguiendo las instrucciones del PP y el aparato del Estado español de negar a Jordi Sánchez su derecho a asistir a la sesión que debía discutir su investidura como President y a continuación, ante la candidatura de Jordi Turull, retomar la acusación contra éste para meterle en la cárcel y anunciar que mantendrán el 155 hasta que no haya un Govern de su gusto, supone el reconocimiento de que en Catalunya la democracia parlamentaria ha sido suspendida en la práctica.

Rajoy y sus aliados políticos, Ciudadanos (Cs) y el PSOE, no sólo desprecian la supuesta soberanía del pueblo catalán y los resultados electorales del 21D, sino que con sus actos autoritarios dejan claro que Catalunya vive bajo una semi-dictadura, pilotada por un régimen y un gobierno que desvela abiertamente su ADN franquista.

El régimen del 78 cada día más incompatible con los derechos democráticos

El mensaje del régimen monárquico reaccionario del 78 no puede ser más claro: el sufragio universal, el derecho a huelga o manifestación, la libertad de expresión… conquistados en una dura batalla contra la dictadura, pueden ser anulados, vetados o tutelados, si la decisión del pueblo no gusta al monarca, al gobierno, la judicatura y el resto del entramado reaccionario que conforma el aparato estatal heredado directamente del franquismo.

Jordi Sánchez fue encarcelado por el “delito” de participar en la organización del referéndum democrático del 1 de Octubre, de manifestaciones pacíficas de masas y de la huelga general del 3 de Octubre contra la represión, que tuvo uno de los seguimientos más masivos y unánimes de la historia reciente de Catalunya. Se trata de acusaciones que mañana se podrían aplicar a quienes organizan la lucha de los pensionistas, movilizaciones y huelgas como las del 8M y contra los recortes en educación y sanidad, o protestas como la de Lavapiés contra el racismo, la violencia policial o los desahucios.

Los “argumentos” utilizados por el juez Llarena para justificar la decisión de no conceder a Jordi Sánchez el derecho a asistir al Parlament, y representar a quienes lo han votado, no pueden ser más escandalosos; tanto, que incluso jueces, abogados y organizaciones de defensa de los derechos humanos, que hasta ahora habían mirado hacia otro lado ante el encarcelamiento de los presos políticos catalanes, como Amnistía Internacional, hayan tenido que salir públicamente denunciándolos como una violación de derechos democráticos y humanos fundamentales.

Los abogados de Jordi Sánchez han recurrido al precedente del preso de ETA Juan Carlos Yoldi, quien en 1987 fue autorizado a asistir al parlamento vasco para presentar su candidatura a lehendakari. El tribunal que vio aquel caso decidió que impedir a Yoldi asistir a esa sesión habría violado tanto sus derechos democráticos individuales como el derecho de sus electores a ser representados. Además, el tribunal utilizó el argumento de que la asistencia de Yoldi al Parlamento vasco no representaba riesgo para la vida nadie. 

Increíblemente, el juez Llarena afirma que esos argumentos no son aplicables a Jordi Sánchez. Según Llarena, que Sánchez asista al Parlament representa un peligro para la sociedad. Con ello, además de llevar su argumentación al absurdo, viola los derechos de Jordi Sánchez y de todos quienes le han votado, dejando sin validez —como ya ocurriera con la negativa a permitir la investidura de Puigdemont— el resultado de las elecciones  del 21D ¿Dónde queda la democracia si un juez puede pasar por encima de la decisión de millones de personas y anular en la práctica el resultado de unas elecciones?

Como explica el abogado constitucionalista Javier Pérez Royo en una entrevista a El Nacional.cat realizada el 14 de marzo: “Aquí se ha vulnerado el derecho de sufragio pasivo del señor Sánchez y el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos de Catalunya”. En su respuesta a la reclamación de los abogados de Sánchez ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el juez Llerena justifica esta violación de derechos democráticos fundamentales, recurriendo a los precedentes de nada más y nada menos que... ¡un mafioso italiano y un asesino nacido en Francia!

El dirigente de una organización civil legal con decenas de miles de afiliados como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que en todas sus declaraciones ha insistido en el carácter pacífico de las movilizaciones que convocaba, es comparado con asesinos y mafiosos. La organización de un referéndum para que el pueblo de Catalunya ejerciera su legítimo derecho a decidir, la celebración de manifestaciones de masas y una huelga general, son  tipificados como delitos equiparables a homicidios y masacres, además de rebelión y sedición. ¿Se necesitan más evidencias del carácter reaccionario y franquista del régimen del 78, su estado y su sistema judicial?

Defendernos de la represión, impulsando la movilización de masas

No estamos ante una sentencia aislada o un juez más o menos reaccionario. El conjunto del régimen del 78 —el gobierno del PP, el aparato del Estado, Cs y los dirigentes del PSOE— han decidido abrir una causa general contra el independentismo que recuerda cada vez más a la que puso en marcha el franquismo contra los “comunistas”, “subversivos” y “enemigos del régimen”, nada más acabar la guerra civil.

El objetivo es aplastar las aspiraciones democráticas del pueblo de Catalunya y transmitir un mensaje que sirva de escarmiento para esos más de 2 millones de personas que votaron por una república catalana el 1 de Octubre, a pesar de la salvaje represión de más de 10.000 policías y guardia civiles, y para todo aquel que, dentro o fuera de Catalunya, esté dispuesto a luchar contra este sistema. La burguesía española y catalana ha comprendido que aquellos acontecimientos abrieron una crisis revolucionaria y tratan de cerrarla a cualquier precio.

Aunque las elecciones del 21D fueron convocadas vulnerando los derechos democráticos de las fuerzas que habían defendido proclamar la república catalana, con sus principales candidatos en la cárcel o el exilio y un clima de acoso, manipulación mediática y campaña del miedo por parte de la burguesía catalana y española sin precedentes, el resultado representó una derrota sin paliativos para el bloque del 155. En el caso del PP, el 21D significó un mazazo tremendo. El partido más corrupto de Europa, que gracias al 155 gobierna Catalunya, cayó de 11 a 4 parlamentarios, quedando como séptima fuerza  sin siquiera poder formar grupo parlamentario.

Tras esa derrota, la burguesía española decidió intensificar la ofensiva represiva que marcó un  hito con la detención de los consellers del Govern y el exilio de Puigdemont. Además, la pugna entre Ciudadanos y un PP cada vez más debilitado (no sólo en Catalunya, también en el resto del estado) ha echado más leña al fuego, con ambos partidos compitiendo por ver quién es más españolista y proponiendo los ataques más duros contra los derechos democrático-nacionales de Catalunya.

Así, durante las últimas semanas hemos visto el exilio de la dirigente de la CUP Ana Gabriel, y nuevas persecuciones y causas judiciales contra profesores de izquierdas, miembros de los CDR, detenciones como la de la regidora de la CUP de Reus y otros  activistas de izquierda (utilizando como excusa el “delito de incitación al odio”) o simplemente contra personas que acudieron a ejercer su derecho al voto pacíficamente el 1-O. También las amenazas contra el catalá y el modelo de inmersión lingüística que ha garantizado la convivencia, la integración y el bilingüismo en Catalunya durante décadas, se ha recrudecido desde el PP y Cs, utilizando la supuesta “opresión” del castellano para dividir a la población catalana y conseguir más votos a nivel estatal azuzando el españolismo más reaccionario y atrasado.  Por eso mismo, ninguna renuncia a nuestras reivindicaciones con la pretensión de establecer puentes de negociación con el PP, como han hecho los dirigentes de ERC y el PDeCAT acatando en la práctica el 155, ofrecen una salida.

En estos meses millones de personas en Catalunya hemos dejado muy claro con nuestra lucha que la voluntad de un pueblo está por encima de unas leyes y una constitución injustas. El régimen monárquico del 78 sólo sirve a los intereses de los grandes capitalistas y banqueros que se están haciendo de oro mientras el resto sufrimos los recortes sociales, los desahucios, la precariedad laboral, el desempleo, el machismo y el racismo.

Como las movilizaciones de los últimos meses están demostrando en el resto del Estado también —desde el 8M a las manifestaciones multitudinarias de los pensionistas— el malestar social acumulado no se puede contener. La burguesía catalana también lo entiende y muestra su preocupación, como ya hiciera antes del 1-O, en sus editoriales y artículos de opinión: “Nuevamente, todo lleva al colapso (...) Vivimos en vísperas perpetuas de una insurrección, pero esta insurrección nunca llega, como pudimos comprobar el 27 y 28 de octubre, cuando después de la DUI todo el mundo que tenía alguna responsabilidad desapareció (...) El ciclo de indignación y de represión aparece como una noria sin fin” 

Hoy más que nunca sólo hay un camino para derrotar las políticas antisociales y represivas de la burguesía española y catalana: unificar todos los conflictos abiertos para derribar al gobierno del PP, y vincular la movilización por la república catalana a un programa que recoja todas las reivindicaciones democráticas y sociales que afectan al bienestar de la mayoría de la población. Y en ese proceso, la tarea de construir una fuerte Izquierda Revolucionaria en Catalunya y en todos los territorios del Estado español se hace cada vez más urgente.


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