¡Libertad presos políticos ya! ¡Continuemos la lucha por la república de los trabajadores y el pueblo!
El pasado 2 de noviembre la Fiscalía General y la Abogacía del Estado presentaban las penas que solicitarán para los presos políticos encarcelados por organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017.
La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión fabricada por el ex fiscal Maza y los jueces Lamela y Llarena, solicitando 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ejercer cargos públicos a Oriol Junqueras, 17 años de cárcel a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez y penas de entre 16 y 7 años de cárcel e inhabilitación para el resto de encausados. La Abogacía habla de delito de sedición y no de rebelión, rebajando las penas a la mitad pero, sumando la acusación que también presenta por malversación de fondos públicos, los años de cárcel podrían ser los mismos.
Persecución judicial al independentismo y a la izquierda que lucha
Con esta decisión el aparato del Estado quiere, al más puro estilo del Tribunal de Orden Público franquista, dar un duro escarmiento al movimiento de liberación nacional catalán. Una vez más, se desvela el carácter profundamente antidemocrático y represivo del régimen del 78 heredado de la dictadura, capaz de acusar de terrorismo a los CDR, a raperos, o a los jóvenes de Altsasu por una pelea de bar, pero que no considera terrorista a Manuel Murillo, el francotirador fascista (y condecorado en febrero de este año por la Asociación de Amigos de la Guardia Civil) que planeaba asesinar a Pedro Sánchez.
Un sistema judicial despiadado cuando ejecuta los desahucios o reprime a quienes luchamos por la república o participamos en movimientos sociales, pero se muestra enormemente “comprensivo” con los banqueros, los violadores de La Manada o los fascistas de Vox, a quienes el Supremo permitirá actuar como acusación particular en el juicio del 1-O desestimando la solicitud de los abogados defensores para que fuesen apartados del mismo.
La fiscal general del PSOE avala la estrategia represiva del PP y Cs
La Fiscalía designada por el PSOE, hace suyos los mismos argumentos que utilizaron los fiscales generales designados por PP y Cs para abrir una causa general contra el independentismo y desatar la persecución política que todos conocemos. La participación de millones de personas en el referéndum democrático del 1-O es considerada delito y tipificada bajo la misma acusación que el golpe de Estado fascista del 23 de febrero de 1981.
La Abogacía del Estado rebaja el tono en la forma pero manteniendo el fondo: quienes nos movilizamos pacíficamente y sufrimos los porrazos que dejaron más de 1000 heridos el 1-O en Catalunya, somos culpables de provocar altercados y violencia, mientras, los guardias civiles y policías responsables de esas brutales agresiones, son tratados como “defensores de la Constitución” y víctimas. El mundo al revés.
Estos “argumentos” han sido considerados escandalosos y antidemocráticos por juristas de toda Europa. Así, tras conocer la solicitud de penas, más de 300 de catedráticos y profesores de Derecho Penal de distintas universidades españolas, firmaron un manifiesto rechazando las acusaciones que se vierten contra los acusados y pidiendo su libertad. A su vez la Audiencia de Barcelona recientemente cuestionaba el uso de la fuerza por policías y guardia civiles el 1-O.
El Gobierno del PSOE prefiere plegarse a las presiones de la derecha, la monarquía y los sectores más reaccionarios del aparato del Estado a escuchar la voz de los millones de personas que tomamos las calles exigiendo libertad para los presos políticos y respeto a los derechos democráticos.
Organizar la respuesta en las calles
Tras gestos totalmente insuficientes, como acercar los presos políticos catalanes a Catalunya, Pedro Sánchez ya dejó claras sus intenciones cuando afirmó que el derecho de autodeterminación estaría fuera de cualquier diálogo sobre Catalunya. Con ello, el Gobierno del PSOE da alas al españolismo más reaccionario. Los fascistas de Vox ya han pedido penas mayores. Casado y Rivera compiten por ver quién llega más lejos en su campaña de españolismo y catalanofobia.
Aunque los dirigentes de Unidos Podemos han criticado las penas solicitadas, es intolerable que sigan renunciando a la movilización en la calle y actuando como ministros sin cartera del Gobierno de Sánchez. Ante la indignación existente en Catalunya, Ada Colau y otros dirigentes de Catalunya en Comú han sido algo más duros en sus críticas, aunque siguen sin defender que se lleve adelante el mandato del 1 de Octubre y rechazan las movilizaciones de masas por una república catalana de los trabajadores y el pueblo.
Esto mismo es válido para el Govern y los líderes de ERC y PDeCAT. Millones de personas en Catalunya empiezan a estar hartas de discursos y promesas mientras en la práctica se las intenta mandar a casa para negociar a sus espaldas y meter la república en el baúl de los recuerdos.
Sólo hay un modo de derrotar la represión, conseguir la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados y hacer realidad la república: recuperar la movilización masiva en las calles. Es imprescindible levantar un plan de lucha que incluya una huelga general por la liberación inmediata de los presos políticos y el reconocimiento de la república, como parte de una estrategia de acciones masivas y continuadas hasta lograr estos objetivos.
Junto a ello es preciso desplazar de la dirección del movimiento a la derecha catalanista y a los líderes que ya han declarado que sin pacto con el Estado no hay nada que hacer.
La CUP, los CDR, las bases de ANC y Òmnium, sindicatos combativos, colectivos feministas, organizaciones estudiantiles como SE, SEPC y Universitats per la República, debemos organizar un frente único de lucha para defender un programa socialista para acabar con los salarios de miseria, la precariedad, los recortes y los desahucios, combatiendo el machismo y todas las formas de opresión y discriminación de género, clase o raza, y hacer así realidad la república catalana de los trabajadores y el pueblo.
