El informe 2004 de SOS Racismo da una idea del alcance de las agresiones racistas en el Estado español: unas 4.000 agresiones xenófobas al año. Son grupos de extrema derecha los que llevan a cabo estos ataques contra los inmigrantes con total impunid El informe 2004 de SOS Racismo da una idea del alcance de las agresiones racistas en el Estado español: unas 4.000 agresiones xenófobas al año. Son grupos de extrema derecha los que llevan a cabo estos ataques contra los inmigrantes con total impunidad por parte de la policía. Muchas agresiones no se llegan a denunciar. Y de entre las que sí se denuncian, la mayoría de las veces no se aplica el agravante por acto racista y las penas son leves.

La impunidad con la que actúan estos grupos se ha visto claramente en casos especialmente escandalosos. El año pasado un grupo numeroso de neonazis provocaron incidentes graves y reventaron las fiestas de Castellar del Vallès (Barcelona). En Terrassa, en el barrio de Ca N’Anglada, unos 100 neonazis se reunieron para ir “a la caza del marroquí”. Iban armados con porras, navajas y cócteles molotov. Un joven marroquí fue “atrapado”, lo golpearon y le clavaron una espada samurai. Como consecuencia de la agresión, Z.A. padece graves secuelas que le impiden trabajar. El Ayuntamiento socialista de Terrassa no se personó como acusación particular contra los 10 neonazis detenidos.

También en Sabadell se han ido repitiendo las agresiones de neonazis a jóvenes e inmigrantes. Las asociaciones de vecinos llegaron a plantearse la organización de patrullas de vecinos para disuadir y responder a los ataques de estos grupos ante la pasividad de la policía. En un caso se llegó al extremo de que las víctimas de un ataque fueron insultados y amenazados por la misma policía cuando fueron a poner la denuncia en la comisaría de Sabadell.

El gobierno del PP no sólo no hizo nada contra estos grupos, amparando así sus “actividades” y desarrollo, sino que además les concedió subvenciones, como a la Hermandad de la División Azul o a la Fundación Francisco Franco. Bajo la delegada del Gobierno en Catalunya, Julia García Valdecasas, más tarde ministra del gobierno PP, hubo muestras claras de la connivencia del aparato del Estado burgués con estos grupos ultras, que han estado campando a sus anchas sin que nadie hiciera nada contra ellos.

El govern del tripartito en Catalunya, junto al gobierno socialista estatal, tienen que depurar la policía y el sistema judicial de elementos fascistas y llevar a cabo una acción decidida para acabar con estos grupos, que hoy atentan contra jóvenes e inmigrantes y mañana serán utilizados por la clase dominante como fuerza de choque contra el movimiento obrero, como de hecho pasó durante los años de la Transición, al final de la dictadura franquista.

Lluís Perarnau

Barcelona

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