Responder a la represión del régimen con la lucha en las calles
El 24 de marzo el pueblo entero de Altsasu se convirtió en el escenario de una gigantesca manifestación. Cientos de vecinos de este pueblo de 7.500 habitantes se volcaron para organizar la acogida de la inmensa marea de gente. Colgaron pancartas y paneles informativos a lo largo del recorrido relatando todo el proceso judicial y represivo de este montaje, organizaron toda la infraestructura, el aparcamiento, varios puntos de información, de solidaridad, etc.
Desde la víspera llegaron varios buses desde fuera de Euskal Herria, sobre todo desde Catalunya, portando esteladas y lazos amarillos que se veían por todas partes en la manifestación. También se organizaron autobuses y vino gente de diferentes zonas del Estado, Madrid, Aragón, Asturias, etc. Es difícil calcular cuanta gente acudió a la cita cuando el pueblo estaba desbordado. El País se hace eco de la ridícula cifra de la Delegación del Gobierno de entre 30 y 50 mil. Los convocantes anunciaron el mismo día que hubo más de 60 mil. Pero los que estuvimos allí, vimos cómo antes de las 10 de la mañana todo el recorrido de la manifestación y varias calles de alrededor estaban llenos de gente: incluso una hora más tarde de que empezara la manifestación seguían llegando más y más, y el pueblo se colapsó con varios autobuses y coches que estuvieron en colas de hasta una hora sin poder acudir a la cita por la ingente cantidad de personas que fueron a protestar ante este criminal montaje judicial y policial. Sin duda ha sido una manifestación de carácter histórico que lograba ni más ni menos que multiplicar por diez o más la población de esta pequeña localidad.
Un juicio político propio del franquismo
El detonante de esta gigantesca movilización fue la decisión de la Audiencia Nacional del 7 de marzo de ratificar las condenas de hasta 13 años para los jóvenes de Altsasu. El aparato judicial, heredado directamente del franquismo, dejaba una vez más muy claro que no va a dar su brazo a torcer, y que continuaba usando este montaje judicial y policial para lanzar un mensaje muy claro al conjunto de la juventud y la clase trabajadora: va a imponer la represión con mano de hierro cueste lo que cueste. Toda la palabrería de la imparcialidad y la proporcionalidad de la justicia han quedado una vez más al descubierto como una gran mentira, en una deriva autoritaria del régimen del 78 como hemos podido ver en tantos procesos judiciales.
En los meses de enero y febrero se realizaron en las salas de la Audiencia Nacional las sesiones de los recursos a la sentencia de junio. La fiscalía por su parte continuaba exigiendo que los sucesos de una pelea en un bar, que lo más grave que dejaron fue un tobillo roto, fueran calificados como delitos de terrorismo. La defensa de los jóvenes apelaba a que las penas impuestas a los jóvenes eran totalmente desproporcionadas. Los tribunales admitieron esta vez una serie de testigos y pruebas que le fueron denegadas en el juicio a la defensa. Aunque los relatos y las pruebas dejaban nuevamente claros los hechos, todas ellas han sido calificadas de interesadas o irrelevantes. La decisión ya estaba tomada.
Durante los más de dos años desde los sucesos de aquella noche, este montaje se ha basado en un modus operandi muy concreto: primero dispara y luego pregunta. Y así han actuado, golpeando como un mismo bloque, desde las altas instancias de la Guardia Civil y la judicatura, hasta los partidos de la derecha, COVITE y los medios de comunicación capitalistas. Tres de los jóvenes fueron arrestados y llevados el 14 de noviembre de 2016 a las cárceles de Madrid e internados en régimen FIES. Mientras, el caso se llevaba a la Audiencia Nacional para juzgarlos por delitos de terrorismo, a la defensa se le negaba toda garantía jurídica básica, se imponía prisión preventiva a los 7 jóvenes, y los medios de comunicación como El País o el mismo Rajoy por twitter los condenaban como terroristas desde el minuto uno.
El aparato de Estado y la derecha franquista golpean juntos
Casualmente o no, un día antes de que se hiciera pública la sentencia, Eduardo Inda, Pablo Casado y Ana Beltrán se reunían para una entrevista en el bar Koxka de Altsasu en una clara provocación propia de quien se siente absolutamente impune. Y esa era también su intención: dejar bien visible a la clara luz del día que los instigadores de este montaje se sienten completamente amparados y protegidos.
No es la primera vez que las sentencias judiciales se conocen por los medios de la derecha antes de que sean oficialmente públicas. En esta ocasión los propios familiares de los jóvenes condenados denunciaban que conocían de esta sentencia a través de la prensa. El PP, Cs y Vox han usado continuamente este montaje como su propia bandera de lucha y han acudido una y otra vez en Altsasu en una actitud claramente provocadora y desafiante. Se sitúan como los defensores del aparato de Estado, de su represión franquista. Pretenden continuar cueste lo que cueste con la tesis de todo es ETA, que tanto les ha servido durante años para criminalizar toda protesta contra el régimen y para aprobar todo tipo de leyes represivas que ahora exportan a Catalunya o al conjunto del Estado. Pero exportar la represión, también ha significado exportar y fortalecer la solidaridad.
La solidaridad no tiene fronteras. La lucha es el único camino
Como bien decía Bel Pozueta, madre de Adur, en una entrevista a Izquierda Revolucionaria, “el caso de Altsasu ha sido servido para levantar una marea de solidaridad, despertar a la sociedad y decirle al sistema: hasta aquí”. Es exactamente lo que vimos el 24 de marzo en las calles de Altsasu, en las históricas movilizaciones del 14 de abril y del 16 de junio del año pasado, y en tantas otras movilizaciones realizadas en toda Euskal Herria. Miles de jóvenes y trabajadores han sacado la conclusión de que este montaje tiene un propósito político muy claro, callarnos la boca con el miedo a la represión para que no protestemos.
Desde Izquierda Revolucionaria hemos realizado una campaña internacional de solidaridad que ha recabado en torno 700 firmas de sindicalistas, activistas y luchadores y organizado acciones de solidaridad Estados Unidos, Taiwán, Irlanda, Rusia, Suecia, Bélgica y otros países. En el marco de campaña el ayuntamiento de Dublín ha aprobado una moción, con la misma exigencia y organizaciones como el Sindicato de Estudiantes han extendido la solidaridad al conjunto de la juventud a nivel estatal, tal y como quedó patente en su congreso estatal donde los familiares de los jóvenes de Altsasu tomaron la palabra y presidieron la sesión titulada “No pasarán”.
El régimen del 78 y todo lo que representa se agrieta a pasos agigantados. Su legitimidad hace aguas por todas partes y la deriva autoritaria no es más que una muestra de su debilidad y desesperación por tratar de mantener la situación bajo control. Pero cientos de miles de jóvenes, pensionistas, mujeres trabajadoras o luchadores por la república catalana hemos dicho basta: queremos cambiar nuestra realidad y lo hacemos luchando contra este sistema, contra sus representantes políticos, contra una judicatura franquistas al servicio de los poderosos.
