El viernes 18 de febrero conocíamos por fin la sentencia del Caso Noos. Después de seis años de instrucción la Audiencia Provincial de Palma presidida por Samantha Romero cierra el proceso condenando a Iñaki Urdangarín a seis años y tres meses de cárcel y una multa de 512.553 euros por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Su ex socio Diego Torres es condenado así mismo a ocho años y cinco meses de cárcel porque se le atribuye además un delito de blanqueo de capitales. También se le impone una multa de 1.724.000 euros. Al ex presidente balear Jaume Matas se le condena a 3 años y 8 meses de prisión.

Robar dinero público sale muy barato

De los 17 acusados 10 han sido absueltos. Todos los acusados de la trama valenciana, Mercedes Coghen, Ana M. Tejeiro (la mujer de Diego Torres), Marco A. Tejeiro y Salvador Trinxet. De los condenados la mayoría reciben penas simbólicas o simplemente ridículas. Incluso las condenas más severas se alejan mucho de las peticiones de la acusación: los seis años de Urdangarín son apenas un tercio de los 19 años y medio que se le pedían, y los 8 de Diego Torres son bastantes menos de los 16 y medio. A Miguel A. Bonet y Juan Carlos Alía les han caído 1 año y un día, y 15 meses y dos días a Gonzalo Bernal y José Luis Ballester. A Ana María Tejeiro se le ha impuesto una multa de 344.000 euros. No está mal si tenemos en cuenta que estamos hablando de una trama de corrupción que lleva operando en Baleares, Valencia y Madrid desde 2004, saqueando cantidades enormes de dinero público a través de administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Pero el foco de la noticia estaba sin duda en la Infanta Cristina, hermana del actual rey, hija del anterior y esposa de Iñaki Urdangarin. El fallo la absuelve como autora del delito y sólo la considera como “partícipe a título lucrativo”, obligándola a que devuelva 265.088 euros cargados a la sociedad Aizoon. Una sociedad de la que, para más inri, era titular ella misma y que había sido utilizada para ocultar dinero a la Hacienda española. Con estupor e indignación general escuchábamos en los medios cómo al haber consignado ya una fianza de más de 280.000 euros ¡el Estado tendría que devolverle 200.000 euros! ¡El mismo Estado al que ella y su marido han estafado y han evadido impuestos durante más de una década!

¿La justicia es igual para todos?

El descrédito de las leyes y del aparato judicial en España se puede medir en lo poco que ha sorprendido la noticia en las calles del país. Lo mismo se puede decir de la monarquía. Como dijo en su momento Rajoy hubiera sido sorprendente una condena la Infanta, y nadie en su sano juicio hubiese podido esperar algo parecido, y eso que las pruebas eran abrumadoras. Pero desde el principio las más altas instancias del Estado español se han movilizado para proteger a la Infanta y a la Casa Real. El Rey gestionó sin disimulo la contratación de los mejores bufetes de abogados del país, Molins & Silva, y el del “padre de la constitución” Roca Junyent. Tampoco se dejó participar al Frente Cívico de Julio Anguita como acusación particular contra la Infanta gracias a una argucia legal. Y por si fuera poco la misma abogacía del Estado y el Fiscal Anticorrupción de Baleares (Pedro Horrach) presentaron el recurso para “desimputar” a Cristina de Borbón, un término jurídico desconocido que se ha creado sólo para la ocasión. Pero la corrupción era tan evidente que la causa contra la Infanta tuvo que continuar de todos modos. El mismo Pedro Horrach, que ha actuado durante todo el proceso como un abogado defensor más - atacando en particular al juez Castro- se jactaba el domingo en una entrevista en ABC de como respiró aliviado al conocer el fallo, reconociendo además que “la presión ha sido muy fuerte en este caso”. Ahora Manos Limpias, la única acusación popular a la que se ha permitido actuar, ha anunciado que no va a recurrir… concluyendo un guión que ya estaba escrito de antemano.

Toda la prensa tiene que admitir que las condenas han sido francamente benévolas, muy por debajo de las peticiones de la fiscalía anticorrupción. En el caso de la Infanta Cristina tenemos que creernos que mientras se enriquecía con las actividades de su marido, firmaba facturas y cargaba gastos personales a Aizoon, no se enteraba de que nada de aquello fuera ilícito. Pero sin embargo los medios de comunicación repiten machaconamente aquello de que la sentencia demuestra que la justicia es igual para todos. Así reza El País en su editorial del 17 de febrero: “Se impone el Estado de Derecho”, diciendo sin ningún rubor cosas como que “nadie está encima de la ley” o que “el fallo es justo y equilibrado”. Es indignante cuando se compara con casos como el de un joven que hace tres meses era condenado a tres años y medio de prisión por robar una bicicleta por la misma Audiencia Provincial de Palma, el joven condenado a 6 años de cárcel por pagar 79,20 euros con una factura falsa o la madre de Requena que compró comida y pañales para su hijo con una tarjeta de crédito que encontró en la calle y que fue condenada a un año y nueve meses de cárcel.

El caso Noos se ha cerrado, pero tendrá consecuencias. Ha mostrado una vez más tanto la corrupción generalizada y la impunidad con la que operan políticos y empresarios en el Estado español, así como lo implicada que está la monarquía en toda esa basura. El mismo Diego Torres sacó a la luz una serie de correos electrónicos donde se mostraban los lazos entre Iñaki Urdangarín, Corina Zu Sayn-Wittgenstein y el Rey Juan Carlos en estos negocios. Nunca fueron tomados en serio, ni mucho menos investigados. Pero todo apunta a que los negocios de los duques de Palma nunca hubieran sido tan rentables sin el apoyo de la Zarzuela. No hay nada nuevo bajo el sol, son los mismos negocios a los que se siempre se han prestado Juan Carlos I y Felipe VI. Poco a poco nos vamos enterando de más cosas, pero acabará siendo inevitable que algún día todo ese hartazgo, cansancio e indignación respecto a la Casa Real española crezca lo suficiente para que le estalle en la cara al Estado y al capitalismo español.


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