La corrupción acorrala al Partido Popular. Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre y ex presidente de la Comunidad de Madrid, ha sido imputado, detenido y enviado finalmente a prisión incomunicada y sin fianza por seis delitos: organización criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. Entre otros delitos, se le acusa de comprar fraudulentamente empresas en Latinoamérica, utilizando el Canal de Isabel II durante su proceso de privatización, y de desviar fondos públicos para su enriquecimiento personal y el de sus colegas de trama.

Junto a él han sido detenidos su hermano, Pablo González, su cuñado, y está siendo investigada su mujer. También han sido detenidos e imputados, entre otros, Javier López Madrid, consejero delegado de OHL, implicado en el escándalo de las tarjetas black y Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado del diario ultracatólico La Razón y parte integrante del Grupo Planeta, propietario de Antena3 y La Sexta. El juez llamó a declarar también a Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente respectivamente de La Razón, por posibles coacciones para frenar la investigación.

Esta trama ha vuelto a poner de relieve el carácter estructural de la corrupción, implicando a gobiernos del PP, multinacionales del Ibex-35 como Indra y OHL, medios de comunicación como La Razón, y al propio aparato del Estado, que vela por los asuntos generales de la clase dominante.

La Fiscalía... ¡al servicio del poder!

La actuación de la Fiscalía, tratando por todos los medios de frenar la investigación, es un ejemplo de cómo la corrupción no es más que un circuito que recorre todo el organismo del sistema. Manuel Moix, fiscal Anticorrupción, trató de parar un registro durante la operación judicial y, posteriormente, de evitar que se acusara a Ignacio González de pertenencia a organización criminal. Su nombramiento hace unos meses, criticado por numerosos fiscales por su cercanía al PP, fue celebrado por el propio Ignacio González en una conversación telefónica con el ex ministro del PP Eduardo Zaplana. Finalmente Moix no pudo conseguir sus objetivos al sufrir, según han informado los medios, una rebelión del resto de fiscales contra su actuación caciquil.

Pero la actuación del fiscal Anticorrupción no es la única. En estos días se ha revelado que Pablo González, hermano de Ignacio, se reunió con el secretario de Estado de Seguridad, el segundo del Ministerio del Interior, tras ser informado de que se le estaba investigando. Así funciona ese tinglado llamado “separación de poderes”. En realidad, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están para lo que están: defender los intereses de una misma clase de capitalistas, banqueros y políticos corruptos a su servicio.

El saqueo del Canal de Isabel II: privatización es corrupción

Un aspecto central de esta trama se desarrolló y expandió impunemente al calor de la privatización del Canal de Isabel II, apoyada por Cifuentes cuando era consejera del mismo. Se quiere evitar, ocultando esto, que se cuestionen las políticas de privatización que han supuesto, en éste y otros casos, el desvío de millones de euros de dinero público para hacer lucrativos negocios tanto por parte del PP, como especialmente de grandes empresas del Ibex. La propia implicación de OHL e Indra en este caso es una prueba evidente al respecto.

En 2008, con el comienzo de la crisis, Esperanza Aguirre privatizó el 49% del Canal y nombró a Ignacio González su presidente. Posteriormente, en 2012, siendo Ignacio González presidente de la Comunidad, se acelera dicha privatización creándose una sociedad anónima que quedaba al margen de cualquier control público. De esta manera podían hacerse negocios con el dinero público del Canal, la empresa más lucrativa de la Comunidad, sin traba alguna. Y es así como acaba comprándose una empresa brasileña, valorada en 5 millones de euros, por 31 millones. La expansión internacional del Canal es la excusa para saquearlo, al tiempo que se contribuye a la privatización del agua en América Latina para lucro de este tipo de empresas privadas.

Otro aspecto importante ha sido la utilización del Canal para financiar a medios de comunicación afines al PP*, muchos carentes incluso de lectores o audiencia, destacando especialmente Telemadrid que fue saqueada por el PP durante años pagando sueldos millonarios a sus colaboradores y periodistas afines, hasta que finalmente se despidió a la inmensa mayoría de sus trabajadores. ¿Para qué necesitaba hacer el Canal de Isabel II un gasto desorbitado en publicidad, siendo la única empresa suministradora de agua de la CAM y careciendo de cualquier tipo de competencia? Ahora comenzamos a entenderlo…

A pesar de todo este escándalo, la estructura montada en el Canal como consecuencia de su privatización sigue intacta, demostrando el poco interés de Cristina Cifuentes en revertir dicha privatización y todo lo que la misma conlleva.

El PP es corrupción. ¡Aguirre, Rajoy y Cifuentes también!

Este nuevo caso, como muchos otros antes, condena de manera rotunda e inapelable a todo el PP y sus políticas privatizadoras. A Esperanza Aguirre, pero también a Rajoy y Cifuentes.

Esperanza Aguirre, que llora a su entrañable amigo y mano derecha, Ignacio González, y que finalmente ha dimitido, sigue sin explicar cómo se las ha apañado siempre para estar rodeada de corruptos y mentirosos: Alberto López Viejo, Francisco Granados…, pero también Benjamín Martín Vasco, ex diputado de la Asamblea de Madrid; Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda; Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey; Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo o Arturo González Panero, de Boadilla; todos ellos imputados en el caso Gürtel mientras Aguirre controlaba con mano firme el PP de Madrid. O Beltrán Gutiérrez, el tesorero del PP de Madrid, también imputado, igual que otras importantes figuras del PP madrileño como Salvador Victoria, Lucía Figar, José Güemes y Manuel Lamela (estos dos últimos acusados de presuntos delitos de cohecho y prevaricación en el proceso de privatización del sector sanitario madrileño), que fueron consejeros en los gobiernos que ella presidió.

Pero no es sólo la Comunidad de Madrid. Una de las empresas afectadas por la trama es Mercasa, empresa estatal perteneciente a la SEPI, que se encarga de la gestión de los mercados de abasto en todo el Estado, y de cuya directiva era miembro el hermano de Ignacio González. Una vez destapado el caso, tanto éste como otra directiva de la empresa, María Jesús Prieto, son destituidos. Poco después dimite el presidente de la empresa, y se anuncia que se está investigando a la cúpula de la misma por destrucción de pruebas. La trama utilizaba dicha empresa, con el conocimiento de su presidente, para cobrar comisiones fraudulentas por todo el mundo. ¡Una empresa estatal pública bajo el control del gobierno de Rajoy!  

¿Y el gobierno actual de la CAM? Cristina Cifuentes, emulando a Esperanza Aguirre, trata de vendernos que este caso ha aflorado por la actuación de su gobierno. Sin embargo, la investigación es consecuencia de las actuaciones de la comisión de endeudamiento de la Comunidad de Madrid, contra cuya constitución votó el PP de Cifuentes, obstaculizando cualquier investigación de lo ocurrido en el Canal y negándose a la comparecencia del presidente del mismo. Solamente cuando dicha comisión, a través de Podemos, puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción dichas prácticas corruptas, Cristina Cifuentes decide comenzar a colaborar con la justicia. Hay que recordar que la propia Cifuentes estuvo en el Consejo de Administración del Canal entre 2012 y 2014, cuando se realizó la principal operación investigada en este caso, y que supuso el desfalco de 25 millones de euros.

Acabar con esta lacra requiere inevitablemente acabar con los gobiernos del PP, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Estado, y acabar con sus políticas privatizadoras, que han conllevado y conllevan corrupción, caciquismo y despilfarro. Y para ello necesitamos volver a las calles y denunciar mediante la movilización que sus recortes y nuestra miseria son su corrupción.

* Entre 2006 y 2015, Telemadrid sufrió pérdidas de 10,68 millones de euros; La Razón, 1,88 millones; ABC, 2,23 millones; Intereconomía, 1,38 millones o Libertad Digital, 1,22 millones. También recibieron importantes cantidades El Mundo (1,54 millones), El País (1,42 millones) o Antena3 (1,33 millones).

Fuente: www.eldiario.es (bit.ly/2paAtpT).


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