La represión y la censura del régimen del 78 se acentúan

El pasado 20 de febrero el Tribunal Supremo ratificó la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional había impuesto al rapero Valtonyc. Los cargos son injurias a la Corona, enaltecimiento  del terrorismo y amenazas a Jorge Campos, presidente de la Asociación Círculo Balear. Otro rapero que entra en prisión por las letras de sus canciones, por opinar y por denunciar la injusticia y el abuso.

Ante sucesos de este tipo es particularmente sangrante la vara de medir de la judicatura según se trate de la derecha o de la izquierda. Por ejemplo, Jorge Campos, presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear de extrema derecha, fue uno de los promotores del homenaje al monumento fascista de Sa Feixina en Palma de Mallorca, el 1 de noviembre de 2015 junto a Hazte Oír y Vox. Esto, entre otras actividades fascistas de Campos, fue lo que motivó que Valtonyc le dedicara unas palabras en sus raps. Palabras que han sido consideradas delitos penales y, tras denuncia de Campos, le han valido al rapero la condena a prisión. Mientras, el enaltecimiento del fascismo no es delito.

La apología del fascismo no genera el mínimo rechazo, condena o indignación en fiscales y jueces, sin embargo un joven rapero de clase obrera que expresa con su música su hartazgo por esta situación y el régimen que la ampara, sí, eso es delito penal.

El poder judicial, pilar fundamental de esta ola represiva

Indignan los monumentos franquistas en pie y la resistencia del Estado español a demolerlos. El último intento de demoler Sa Feixina por parte del Ayuntamiento de Palma, en agosto de 2017, fue paralizado por el juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma, suspendiendo el acuerdo de la junta de gobierno del 24 de julio de 2017 de continuar el expediente de demolición del monumento por la vía de urgencia.

Sentencia tras sentencia se ve de qué lado está la justicia burguesa. Lo que sucede en Palma sucede en todo el Estado, siendo su máxima expresión el Valle de los Caídos. Esta aberración fascista es sostenida anualmente con centenares de miles de euros de fondos públicos, siendo su existencia un continuo insulto a las víctimas del franquismo. Es como si, por ejemplo, en Alemania Hitler tuviera un mausoleo en su honor en Baviera, cerca de Munich, donde estuviera enterrado junto a 30.000 judíos víctimas de las cámaras de gas y cuyo mantenimiento saliera de los impuestos de los trabajadores alemanes.

El Estado permite y financia el mausoleo que glorifica al dictador fascista, mientras centenares de miles de sus víctimas, fruto del holocausto que generó el golpe de Estado que llevó a cabo, permanecen en cunetas, negándose el gobierno de M. Rajoy a financiar con un solo euro la Ley de Memoria Histórica  para darles una sepultura y homenaje dignos.

La intimidación y castigo a la izquierda contrasta con la manga ancha que los jueces y fiscales muestran con declaraciones o tuits de miembros de la derecha y fascistas, o de los corruptos del PP. Valtonyc va a pasar 3 años en la cárcel por cantar rap en You Tube, mientras que Rodrigo Rato sigue sin pisar la cárcel por la quiebra bancaria fraudulenta más grande de la historia de España, ¡es el mercado!

El jueves 22 de febrero, dos días después de la sentencia a Valtonyc, la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares acordaba dejar en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarin, obligándole a comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de Suiza, donde reside; es decir le impone las medidas cautelares más suaves a la espera del fallo definitivo del caso Nóos.

¡Qué diferente vara de medir para unos y otros! Anna Gabriel dirigente de la CUP tiene que exiliarse a Suiza por sus opiniones políticas ante la indefensión frente a la justicia española que la acusa de unos supuestos delitos de sedición, heredados de la legislación franquista, y que no reconoce ningún país europeo. Bajo este gobierno de la derecha, con una justicia heredera del franquismo, fascistas y corruptos, se saben impunes. Y mientras la oleada represiva y censora arrecia. El secuestro del libro Fariña –del periodista Nacho Carretero, que ahonda en la historia del narcotráfico gallego y su vinculación con el PP– por parte de una jueza de Collado Villalba, aceptando la demanda del alcalde de O Grove (el cual aparece en él), la retirada de la feria de arte Arco a instancias de la dirección de la misma de una obra de Santiago Serra en la que se exponían pixelados los rostros de presos políticos existentes en el Estado español, y la condena a Valtonyc han sido los últimos episodios.  

La represión: la respuesta del PP y el aparato del Estado a la lucha social

La Ley Mordaza y las medidas de represión adoptadas por el gobierno del PP e implementadas por el aparato judicial, siempre al servicio de la reacción, están tratando de crear un clima de pánico, fabricando procesos judiciales penales por expresar una opinión y haciendo crecer exponencialmente la lista de presos políticos en todo el Estado español. Ahora a los encarcelados Alfon, José Bódalo, los jóvenes de Altsasua, entre otros muchos, a los miles de personas sancionados con multas, se suma la condena del rapero Valtonyc.

Esta nueva ofensiva busca amordazar el descontento existente contra el régimen actual y el sistema capitalista. Esto, lejos de mostrar la fortaleza del PP, refleja la pérdida de base social del desprestigiado régimen del 78, que se ve obligado a apoyarse, cada vez con más ahínco, en el aparato jurídico-policial para mantener su dominio mediante la intimidación y el castigo.

Esta actitud represora  muestra la auténtica cara del Estado burgués, instrumento por excelencia de dominación de la clase capitalista sobre la clase obrera. La existencia de delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona, así como los de sedición y rebelión, todos ellos heredados del franquismo, son la base para la persecución de cualquiera que se atreva a poner en duda o criticar al Estado o a  la cabeza del mismo. El continuo retroceso de los derechos democráticos, conseguidos con la movilización de la clase obrera, se acentúa en la actualidad.

Es necesario organizar la lucha contra el PP y los que lo sostienen

Cabe resaltar la hipocresía de los grandes medios de comunicación burgueses y de la socialdemocracia que critican (tímidamente) y muestran su “preocupación” ante lo que consideran “una posible deriva autoritaria del régimen”. Los últimos días han aparecido titulares en periódicos como El País, vocero del régimen del 78, llamando a respetar la libertad de expresión particularmente tras la censura en ARCO, y un reciente artículo en  The New York Times ha señalado el retroceso de la libertad de expresión en el Estado español. Estos medios, a los que se ha sumado el PSOE, se lamentan cínicamente de estos recortes, cuando ellos son los que están sosteniendo al PP en el gobierno, apoyando toda su política represiva, particularmente en la cuestión nacional catalana, y contribuyendo de forma decisiva a que los dirigentes del PP, los altos cargos de la policía y los jueces, se sientan confiados, fuertes y audaces, en su “cruzada” contra la libertad de expresión.

El aparato estatal, tras el encarcelamiento de dirigentes de ERC y PDeCAT, la capitulación política ante la judicatura de todos ellos y su renuncia a organizar la movilización en la calle, ha recrudecido la ofensiva represora, llevándola a un nivel sin precedentes en décadas. Ante ella, los dirigentes del movimiento obrero, particularmente de las grandes centrales sindicales CCOO y UGT, guardan un clamoroso silencio y los de Unidos Podemos se limitan a hacer estériles declaraciones de condena a la prensa.

Los dirigentes de Unidos Podemos han protestado sonoramente…en el Congreso de los Diputados. El PP se ríe de estas “pataletas” parlamentarias. Es necesario pasar urgentemente  a movilizar a la clase obrera y la juventud que es lo único que les puede frenar.

Hay que seguir el ejemplo de los pensionistas y de la huelga feminista del 8 de marzo y extender la movilización a todos los sectores y en todo el Estado. La clase obrera  y la juventud  deben movilizarse en la calle contra la represión y por los derechos democráticos, exigiendo la inmediata libertad de los presos políticos, y uniéndolo a la lucha general por tumbar al gobierno del PP.

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