La lucha iniciada en septiembre por los vecinos de Santiago la Mayor, barrio murciano de cien mil habitantes, y barrios anexos, continúa con vigor. La oposición al muro que pretende construir el Ministerio de Fomento para permitir la llegada del AVE a la vieja Estación del Carmen, y la exigencia del soterramiento de la estación, siguen vivas, manifestación tras manifestación, a pesar del silencio cómplice de los grandes medios de comunicación y de la brutal represión policial. Lejos de amedrentar a los vecinos, lo que ha provocado es la rebelión de toda la ciudad durante más de medio año.

Así de claro cuentan los vecinos lo que está sucediendo. “En este barrio han hecho una campaña de miedo que ha mermado considerablemente la moral de las vecinas y vecinos de la zona”, comenta Miriam, para advertir inmediatamente: “pero el hartazgo está siendo nuestro motor revolucionario”. “Esto es un barrio cercado por la policía. Aquí nos han declarado una guerra represiva”, cuenta Alberto Martínez, que acumula sanciones por valor de 6.000 euros. Pero su posición es clara: “Después de lo que he visto aquí, la frustración es tan grande que lo único que te queda es implicarte más en el movimiento”. Por su parte, Fani resalta una idea central: “Están dispuestos a lo que sea para evitar una victoria popular que sirva de ejemplo a otros pueblos” (El Salto, 2/03/2018).

¡Por un servicio ferroviario público y adecuado a los intereses de la población! ¡No a la creación de guetos!

Hace once años los políticos del PP prometieron aprovechar la llegada del AVE para acabar con la endémica división entre los olvidados barrios del sur de Murcia y el resto de la ciudad, soterrando la estación. Pero llegó la crisis y lo que urgía para los grandes poderes, para las grandes empresas, era completar el AVE desde Madrid a costa de lo que fuera. Y es que este proyecto ha dado pie a enormes beneficios, legales e ilegales, para unos pocos. En estos momentos sigue activa la Operación César, que investiga la trama de facturas falsas y sobrecostes en el tramo del AVE Crevillent-Murcia (hay decenas de empresarios imputados, junto al jefe de Levante de ADIF, José Luis Martínez Pombo). La otra cara de la moneda de estos planes es el abandono de las líneas regionales y de cercanías. Existen, increíblemente, líneas sin electrificar, y trenes automotores de serie 595 diesel, de hace cuarenta años.

Ahora venden el cuento de que la llegada del AVE a cielo abierto (lo que implica además eliminar los pasos a nivel que, aunque de forma precaria, comunican el sur con el resto) es provisional… Lo mismo dijeron cuando se construyó la Estación del Carmen… ¡en 1862! Lo cierto y concreto es que no sólo han frustrado el anhelo tan sentido de los murcianos de acabar con una división absurda, y de los habitantes del sur de tener acceso fácil al centro, sino que endurecen el aislamiento al pretender construir un muro de cinco metros y medio y eliminar los pasos a nivel.

Respondiendo a la represión policial

La resistencia de los vecinos tiene más valor teniendo en cuenta la brutal campaña de criminalización que han tenido que sufrir por parte del delegado de Gobierno, Francisco Bernabé, apodado El látigo, diputado y exalcalde del PP que aterrizó en la Delegación en noviembre con la misión de meter en cintura a los manifestantes. Este aprendiz de Franco intenta amedrentarles con múltiples y cuantiosas multas, que suman ya 40.000 euros. Uno de los vecinos fue multado con mil euros por “desórdenes públicos”, por ¡¡comer pipas y tirar los restos en dirección a la policía!!; cantar en la calle también tiene su castigo. Bernabé se vanagloria de su hazaña, anunciando que las multas servirán de “aviso de lo que se les viene encima si no cesan las protestas”. Y añade: “si nos portamos bien no nos pasa nada”.

La Plataforma por el Soterramiento (organizador de las protestas, con una trayectoria de  30 años) ha respondido a las multas con un crowdfounding (de momento llevan recogidos casi 20.000 euros, una demostración de la fuerza y simpatía social de esta lucha) y, por supuesto, manteniendo constante el nivel de movilización. La última manifestación fue el 14 de marzo, también se ha realizado una marcha a Madrid y se ha apoyado protestas contra la ley mordaza y las jornadas de lucha por las pensiones. El 8 de marzo el recorrido de la manifestación feminista incluyó el paso por las vías para solidarizarse con los vecinos. La respuesta del PP: la represión policial de las más brutales; cercaron una parte de la manifestación antes de cargar y enviaron al hospital a un manifestante, herido grave. Al amanecer del día siguiente de la manifestación del 14, los alrededores de las vías, por donde transitan entre otros muchos niños y jóvenes de un colegio y un instituto cercano, estaban tomados con policías subfusiles en mano. Incluso la Agrupación Reformista de Policías ha tenido que denunciar que la mayoría de policías nacionales de Murcia son destinados a la vigilancia de las vías y el barrio, desatendiendo la lucha contra la delincuencia.

Además de las movilizaciones constantes, en noviembre se inició una acampada en un jardín cercano a las vías, que se ha mantenido pese al hostigamiento policial. Desde la acampada de la Asamblea Murcia sin Muros se denuncia la detención de Carlos, acusado de planificar la utilización de material explosivo contra las obras. Su detención y la de otros dos menores, con incautación de planos de vías incluida (todo huele a un montaje) fue celebrada por el delegado de Gobierno como un gran acontecimiento. Una vez más, se utiliza la táctica de criminalizar a aquellos que luchan.

La ejemplar resistencia de los vecinos murcianos es clave para conseguir el soterramiento y evitar la partición de la ciudad durante mucho tiempo. Junto a ella, es necesaria la máxima extensión de la lucha, la máxima solidaridad del resto de la región y del Estado. El 7 de marzo cientos de catalanes se concentraron en Murcia en solidaridad con ellos. Y es lógico. Los mismos métodos de criminalización, de represión, de calumnias, de montajes, que el Estado burgués y el Gobierno del PP están utilizando de forma descarnada en Catalunya, están siendo empleados en la Vega del Segura. Como deja claro Ana Jiménez, de 80 años, desalojada por la policía el 13 de marzo y conocida como la abuela del soterramiento: “Que sepa España entera que aquí hay de verdad una dictadura”.


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