Cristina Cifuentes, la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), se presentó a sí misma como la regeneradora de la vida pública, en general, y del Partido Popular, en particular. Nos quiso hacer creer que era ajena a la podredumbre que recorre al PP, y a sus 900 dirigentes y militantes imputados en más de 60 procesos. Pronto quedó desenmascarada. En las investigaciones de los numerosos casos de corrupción que afectan al PP madrileño, el nombre de Cifuentes ha aparecido constantemente. Francisco Granados, exsecretario general del PP en Madrid, la implicó en la Púnica, también ha sido relacionada con la trama corrupta del Canal de Isabel II, así como en las adjudicaciones “irregulares” de servicios a empresas pertenecientes a Arturo Fernández, el expresidente de los empresarios madrileños. Pero la caja de los truenos ha estallado con su supuesto “máster” en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Después de semanas de informaciones periodísticas, mentiras descaradas de la Presidenta, y de complicidades vergonzosas por parte de Rajoy y su séquito, ha quedado totalmente acreditado que la URJC le ha concedido un título oficial sin ir a clase, sin pasar los exámenes, matriculándose fuera de plazo, con actas falsificadas y sin presentar el Trabajo de Fin de Máster. Este caso va mucho más allá de un currículum inflado, algo tan habitual entre muchos responsables políticos. Es un delito de falsificación documental, en el que han participado los gestores de la URJC al más alto nivel, que ha destapado una red clientelar para beneficio de militantes del PP y su entorno, y que viene funcionando desde hace mucho tiempo.

Aquí se ven las consecuencias de la privatización de la universidad pública: desvió de millones de euros públicos hacia unos chiringuitos académicos que lucran a los colegas del PP, cuando cientos de miles de estudiantes deben abandonar los estudios superiores por no poder pagar unas tasas abusivas.

El desenlace de este nuevo capítulo está todavía por escribir. La “honrada” Cristina ha anunciado que renuncia al título de máster en un patético y desesperado intento de seguir agarrada a la presidencia de la CAM, pero es poco probable que consiga retener el cargo. Huele ya a cadáver político.

Ciudadanos: la maniobra y el engaño

Este bochornoso espectáculo de corrupción, clientelismo y engaños, tiene más actores. Otro de los principales es Ciudadanos (Cs). El partido de Albert Rivera es uno de los pilares fundamentales sobre los que se mantiene el Gobierno de Rajoy. En Madrid, Cs ha sido un entusiasta defensor de Cifuentes y ha recurrido a todo tipo de maniobras para preservar su presidencia. Sin ir más lejos, el partido naranja, junto al PP, evitó que Cifuentes compareciera el pasado febrero en la comisión de investigación sobre la trama corrupta del Canal Isabel II.

Cuando estalló el caso del máster fraudulento de la presidenta, Ciudadanos pidió que el parlamento madrileño creara una comisión de investigación, en un burdo intento de echar una cortina de humo sobre el escándalo y que Cifuentes pudiera salir del paso. Ahora que las pruebas contra ella son abrumadoras, se han visto obligados a pedir su dimisión, pero luchan con uñas y dientes para que el PP siga manteniendo el gobierno de la CAM, solicitando encarecidamente a Rajoy que presente un nuevo candidato para presidirlo. Ciudadanos comparte y defiende, en la forma y en el fondo, la política que aplica el PP.  

La responsabilidad del PSOE

El descrédito del Gobierno de Rajoy es más profundo cada día que pasa. Su base de apoyo se reduce. Frente a esta realidad, la respuesta del PP es el incremento de la represión y el acoso a los derechos democráticos a unos niveles nunca vistos desde la caída de la dictadura, dando alas a los sectores más reaccionarios de la judicatura y del aparato del Estado. Encarcelan a independentistas catalanes, raperos, tuiteros, sindicalistas y jóvenes por sus opiniones políticas, reinterpretando y retorciendo sus propias leyes y normas, para hacerlas casar con las decisiones políticas previamente adoptadas. En su delirio, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acaba de declarar que pitar el himno en la final de la Copa del Rey es “violencia”, y que actuará en consecuencia.

Esta política represiva, además de contar con el respaldo de Ciudadanos, también es avalada por el PSOE, que no pierde ocasión en mostrar su apoyo a todas y cada una de las acciones del PP, desde el 155 hasta las modificaciones del código penal para ampliar los delitos que pueden considerarse “terrorismo”. Sirvan de ejemplo las declaraciones de la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, en nombre de la dirección federal, en las que criticó con dureza al Gobierno de Navarra por haber apoyado la manifestación en favor de los jóvenes de Altsasu.

Tomar las calles para echar al gobierno de los corruptos y represores: preparar la huelga general

Desde que esta legislatura echó a andar existe, de facto, un Gobierno de unidad nacional en el que participan PP, Ciudadanos y PSOE, que en las cuestiones centrales han venido actuando sin fisuras y con la máxima sintonía.

Pero un factor clave ha entrado en acción. La movilización de los pensionistas y la huelga general feminista del pasado 8 de marzo han golpeado con fuerza al PP y sus aliados, haciendo visible su debilidad. Estas movilizaciones han hecho infinitamente más daño a este Gobierno de “gran coalición”, y a la paz social apuntalada por las direcciones de CCOO y UGT, que años de parlamentarismo estéril en los que está presa la dirección de Unidos Podemos.

En este contexto, la pasividad política y la moderación de Pablo Iglesias está envalentonando a la derecha de Podemos. Así hay que entender el plan urdido por Carolina Descansa para eliminar a Iglesias de la secretaria general, que ha visto la luz “casualmente”, pero que sin duda contaba con la complicidad de Íñigo Errejón. Pablo Iglesias ha zanjado el asunto respaldando a este último como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, es decir, cediendo una vez más a los que pretenden transformar definitivamente a Podemos en una maquinaria electoral homologable con la socialdemocracia. De esos polvos surgen los actuales lodos.

Pablo Iglesias tiene una gran responsabilidad. En Vistalegre II, la derecha de la formación morada fue derrotada por la intervención de la militancia más consciente y comprometida. Desde entonces, la acción política de Iglesias ha estado centrada en las “instituciones”, renunciando a la lucha de clases y la movilización, avalando la desastrosa política de Manuela Carmena y de otros mal llamados ayuntamientos del “cambio, que han incumplido la mayoría de sus promesas electorales; su actuación más destacada ha sido pedir por favor a Pedro Sánchez que se sume a una moción de censura, y ponerse de perfil ante la ofensiva reaccionaria contra el pueblo de Catalunya. Esta estrategia ha supuesto un fracaso a la hora de frenar los ataques del PP y ha alejado a Podemos de su base social más combativa.

La conclusión es clara. La izquierda militante debe retomar enérgicamente la vía abierta por las movilizaciones del pueblo de Catalunya, la huelga feminista y la Marea Pensionista, unificar a todos los sectores que desafían la represión y los recortes, e impulsar en todos los ámbitos de su acción una gran huelga general para derribar al PP. Los motivos sobran.


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