El curso político comienza, y el Gobierno de Pedro Sánchez sigue embarcado en una estrategia de gestos y brindis al sol. En estos meses, sus actuaciones han estado sembradas de declaraciones rimbombantes y guiños a la base social y electoral de la izquierda, pero hay una completa ausencia de hechos tangibles que supongan una ruptura real con las políticas de recortes del PP. No se han visto ni medidas ni planes concretos en defensa de los servicios públicos estratégicos (sanidad, educación, pensiones…), para luchar de manera efectiva contra el paro, la precariedad y por la dignificación de los salarios, o meter en cintura a los grandes capitales que siguen evadiendo impuestos impunemente. En materia de derechos democráticos la decepción es clara: se mantiene la política represiva en inmigración, y se niega el derecho a decidir al pueblo de Catalunya y Euskal Herria.

Una de las medidas estrella, sacar del mausoleo del Valle de los Caídos la momia de Franco, revela los límites de esta política. Por supuesto que la exhumación del dictador es algo positivo, pero Sánchez ha retrocedido vergonzosamente en otros aspectos que había prometido. Para empezar, renuncia a transformar el monumento franquista en un memorial de denuncia de los crímenes de la dictadura y reparación a sus víctimas. Ahora propone que se mantenga como un “cementerio civil”, aunque respetando el uso católico de la basílica y, aún peor, promoverá “una comisión de la verdad lo más plural posible, en la que se incluyan todas las perspectivas históricas”. ¿Acaso no están sobradamente documentadas las atrocidades de la dictadura, los cientos de miles de fusilados sin ninguna garantía judicial, y las decenas de miles que siguen enterrados en cunetas? ¿O para completar el cuadro se pretende invitar a “historiadores” de extrema derecha como Pío Moa o César Vidal para que aporten su “perspectiva”?

El abandono de las víctimas del franquismo continuará con este Gobierno, no cabe la menor duda. Es imposible que el régimen capitalista del 78, heredero de la dictadura franquista, otorgue justicia, verdad y reparación.

En otra línea, los gestos “humanitarios” en materia de inmigración han dejado paso a la represión pura y dura, y la continuidad de las políticas del PP. El Gobierno de Sánchez ha vuelto a las andadas con las devoluciones en caliente, y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido que no se permitirá la “inmigración ilegal y violenta que atente contra nuestro país y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad”. “Humanidad no es igual a permisividad”, ha manifestado el ministro tan pancho. Poca diferencia con el discurso del PP o de Ciudadanos, y muchas menos diferencias en la práctica, ya que el Gobierno del PSOE ha respaldado las últimas políticas de la UE en esta materia, apoyando el establecimiento de campos de concentración en el norte de África para internar a decenas de miles de inmigrantes, y mira hacia otro lado cuando Salvini o los gobiernos austriaco o húngaro, aplican sus políticas racistas y xenófobas recurriendo a la fuerza militar.

Respecto a reivindicaciones fundamentales de la población, por las que hemos luchado en las calles y protagonizado movilizaciones multitudinarias, el saldo es igual de negativo. De derogar la Ley Mordaza y las contrarreformas laborales y de pensiones nada de nada. También ha abandonado, como era de esperar, su promesa de establecer un impuesto a la banca. Las bandas fascistas, alentadas por Ciudadanos y el PP, se pasean por los pueblos de Catalunya arrancando lazos amarillos y amedrentando a la población, y la Fiscalía y el Gobierno sólo abren la boca para balbucear lugares comunes a “favor de la convivencia” que dejan el camino expedito a estos reaccionarios.

En cuanto a la sanidad, los recortes se mantienen y la calidad empeora. Lo mismo en la educación: ningún viso de derogar la LOMCE, ni de volver a restituir en sus puestos a los más de 30.000 profesores despedidos durante los gobiernos de Rajoy, ni de aprobar un plan de choque para incrementar drásticamente el presupuesto para la enseñanza pública. Ninguna decisión para reducir las tasas universitarias, o al menos congelarlas, ni para incrementar a un nivel mínimamente digno las cuantías y el volumen de las becas.

Las mujeres siguen siendo víctimas de una justicia patriarcal y fascista que ampara a violadores y maltratadotes. La libertad provisional de los integrantes de La Manada y la sentencia injusta y brutal contra Juana Rivas son sólo los ejemplos más escandalosos. ¿Y qué hace el Gobierno ante las decisiones sangrantes de jueces y juezas machistas? Nada.

Polarización creciente

Pedro Sánchez está haciendo esfuerzos por dotar de estabilidad al régimen y garantizar la paz social. Pero no es tan sencillo. La derecha, francamente debilitada por la movilización social y su derrota en la moción de censura, no va a abandonar la estrategia de la confrontación.

La elección de Pablo Casado como presidente del PP ha dejado al descubierto las enormes grietas del partido y la feroz lucha entablada por la hegemonía en el campo de la reacción. La actuación de los líderes de Cs es obvia. Muy descolocados tras la moción de censura, Rivera y Arrimadas buscan desesperadamente aumentar su proyección pública recurriendo al nacionalismo españolista más agresivo, exigiendo un nuevo 155, y alentando el enfrentamiento sectario con la idea puesta en la ulsterización de Catalunya. Aunque son incapaces de movilizar en las calles más que a fascistas y el polvo social habitual, sería un error no considerar la amenaza potencial que Cs representa.

La polarización social se acentuará. Es un reflejo inevitable de la profundidad de la crisis y de las aspiraciones sociales no resueltas. Pero las condiciones para acabar con los recortes, tumbar la austeridad y revertir las contrarreformas sociales están completamente maduras. Lograrlo depende de intensificar la movilización de la población, de la clase obrera, la juventud, los pensionistas y las mujeres.

Impulsar la movilización, unificar las luchas

Los dirigentes de Unidos Podemos parecen encarar este nuevo curso partiendo de su papel de aliados del PSOE, y renunciando a la movilización social. Esto es un grave error. No se podrá arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez nada si no es mediante la presión en las calles. Como ha demostrado la negociación de Unidos Podemos en materia presupuestaria y fiscal, se podrá modificar la forma de algunas leyes, pero no el contenido ni el carácter lesivo de los próximos presupuestos para las clases populares. Pablo Iglesias y Alberto Garzón deben escuchar más a los pensionistas, a las mujeres en lucha, a los trabajadores de Amazon, Ryanair, del metal de Cádiz, del taxi, a los estudiantes, y al pueblo de Catalunya. Deberían pensar más en las reivindicaciones no satisfechas, que en los cargos posibles de un futuro Gobierno de coalición con el PSOE. La experiencia de Grecia, de Tsipras y de Syriza sigue aún muy presente en la situación.

No es el momento de extender cheques en blanco, sino de impulsar la lucha, tal como está haciendo la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, como han hecho numerosos colectivos de trabajadores, como hará el Sindicato de Estudiantes entre la juventud, y trabajar por la unificación de todos los conflictos, golpeando juntos hasta conseguir las demandas que están sobre la mesa desde hace años.


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