La voracidad –y velocidad- privatizadora del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no tiene parangón en el Estado español. Si en 2002 el 100% de la asistencia sanitaria de los madrileños era pública, solamente cuatro años después el 25% de los ma La voracidad –y velocidad- privatizadora del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no tiene parangón en el Estado español. Si en 2002 el 100% de la asistencia sanitaria de los madrileños era pública, solamente cuatro años después el 25% de los madrileños son ya atendidos en hospitales privados o mixtos.

Acoso y derribo de la Sanidad Pública

Mientras se acosa y persigue a los hospitales y a los trabajadores públicos para desprestigiarlos, como sigue ocurriendo en el Severo Ochoa de Leganés; mientras los centros de salud se masifican sin aumentar plantillas; mientras se disparan las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas y se hacen trampas con las estadísticas; mientras crecen los casos de enfermedades prevenibles por la falta de atención a los trabajadores inmigrantes… la Sra. Esperanza Aguirre y el inefable Consejero de Sanidad, Sr. Lamela, se dedican a privatizar la gestión asistencial de cientos de miles de trabajadores madrileños.

Recientemente, dentro de esta gigantesca campaña de acoso y derribo, la Comunidad de Madrid va a proceder a una modificación del mapa sanitario que supondrá el cambio de hospital para casi millón y medio de trabajadores madrileños. ¿No será que así se pueden derivar mejor a los prometidos ocho nuevos hospitales de gestión privada que va a poner en marcha el PP y que se empezará a privatizar también la gestión de los centros de salud?

Los 8 nuevos hospitales públicos madrileños serán de gestión privada

No resuta, pues, extraño, que el trasvase de cientos de millones de euros a los hospitales privados esté convirtiendo a la Comunidad de Madrid en la meca de las multinacionales sanitarias. Tras la compra en 2002 de la Clínica Jiménez Díaz por IDC (de capital norteamericano), IDC fue comprada a su vez en 2005 por la multinacional sueca Capio –luego hablaremos más de ella- por el módico precio de 330 millones de €. A cambio de convertir este hospital en el de referencia para 400.000 madrileños y construir el de Valdemoro –que atenderá a otros 100.000-, IDC Capio recibirá de las arcas públicas 200 millones de € ¡cada año!. Mientras tanto, el Hospital Militar Gómez Ulla permanece con cientos de camas cerradas y el resto de hospitales públicos sufren innumerables problemas de saturación y colapso, sin que se invierta un euro en ellos.

En el caso del hospital de Valdemoro, Capio se ha impuesto en el proceso de selección de ofertas a otras compañías como Adeslas (gestora del hospital de Alzira) o Sanitas, con una inversión comprometida de 132 millones de euros en 30 años y con un coste para la Administración por paciente y año de solamente 330 euros, que se actualizará anualmente con el IPC más dos puntos.

Nuevas fórmulas de gestión y empeoramiento de las condiciones laborales

El gobierno regional introduce así una nueva fórmula de gestión en la sanidad Pública madrileña, aprovechando las experiencias de diversos gobiernos autonómicos peperos (fundaciones gallegas y consorcios valencianos).

En el caso del hospital de Valdemoro, la construcción y la gestión del hospital público serán por primera vez concedidas a una empresa privada, que contará con una plantilla de trabajadores con contratos laborales (no serán trabajadores públicos). Solamente el 95% de los médicos serían fijos de plantilla (no se habla del resto de trabajadores). Parece ser que se negociará con los sindicatos la incorporación de médicos en régimen estatutario (funcionarios del Sistema Nacional de Salud), cuando éstos así lo deseen. Para el resto de trabajadores no existirá tal posibilidad. El PP aprovecha así la experiencia negativa de las fundaciones, en las que los trabajadores son estatutarios –debido a las luchas y movilizaciones-. La zanahoria para los médicos son los complementos de productividad y diversos incentivos, que, evidentemente procederán del dinero ahorrado en el resto de categorías laborales.

Pero hay más. Esta multinacional espera que el nuevo hospital coordine su actividad con la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Sur de Alcorcón, dos de los centros de la compañía. Es decir, los criterios de planificación sanitaria basados en áreas de salud y demarcaciones geográficas serán sustituidos por los propios intereses empresariales de IDC Capio. Tampoco puede descartarse que la gestión de la Atención Primaria pase a sus manos –o a otras-, aplicando los modelos de Alzira de concesiones administrativas o el modelo catalán de “cooperativas”, como sugiere la nueva reordenación del mapa sanitario madrileño.

El grupo Capio

Es uno de los principales proveedores europeos de servicios de asistencia sanitaria, líder del mercado en Suecia y España, número 4 en el Reino Unido y número 2 en Francia. También está ligado a actividades inmobiliarias, ya que, como reconoce en su web: “el control de estas propiedades tiene una importancia estratégica” y “son la clave para obtener las licencias necesarias”. Más claro, agua. Si tenemos en cuenta que Capio cotiza en la Bolsa de Estocolmo y que es propietaria de los terrenos donde construye sus hospitales, ¿Qué control real podrá tener la sanidad pública en caso de cambio de dueño, de objetivos o de quiebra? ¿Tal vez recomprarle los hospitales al precio que fije el mercado capitalista?

Capio, creado en 1993, se ha caracterizado en los últimos años por llevar a cabo una agresiva política de adquisiciones en Europa. La compañía, que cotiza en la Bolsa de Estocolmo desde el año 2000, logró alcanzar su mayor valor en Bolsa el día que anunció la compra de la española IDC (2005), que pasó a denominarse IDC Capio España. Los títulos de Capio han mantenido desde entonces y durante todo el año una tendencia alcista. Su valor de capitalización bursátil es superior a los 1.100 millones de euros.

Está presente en Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suiza. Gestiona alguno de los principales hospitales en Suecia (Capio St. Görans Sjukhus en Estocolmo y el Capio Lundby Sjukhus en Gotemburgo), así como también los hospitales privados más grandes de Francia (Clinique des Cèdres) y Noruega (Volvat Medisinske Senter). Asimismo, trabaja estrechamente con el Servicio Nacional de Salud Británico (National Health Service, NHS), institución con la que ha firmado una serie de contratos, entre otros, el más importante que se ha otorgado hasta la fecha a una empresa privada de asistencia sanitaria en el Reino Unido y que ha resultado en la construcción de nueve hospitales nuevos. Su facturación anual asciende a 12.000 millones de coronas suecas, y el grupo da empleo a unas 14.000 personas.

En nuestro país cuenta con 28 centros, 14 de ellos hospitales, entre ellos, además de la Jiménez Díaz, el Hospital Universitario de Madrid y el Hospital General de Cataluña en Barcelona. Está ya presente en siete CC.AA. y factura más de 300 millones de euros.

Crisis de los Estados del Bienestar y eficiencia capitalista

Todo un ejemplo de eficiencia capitalista. Su presidente y director ejecutivo, Ulf Mattsson, aparenta extrañarse –el cinismo empresarial de siempre- de las inmensas facilidades que los Estados del Bienestar en crisis están concediendo a las empresas privadas. En sus propias palabras: “Si lo pensamos, el increíble crecimiento de Capio resulta realmente sorprendente: en sólo 12 años, la empresa ha pasado de cero a unas ventas superiores a los 11.000 millones de coronas suecas”. Sin comentarios.

Analizando la situación del sector sociosanitario reconoce diversos riesgos, que trata de sortear mediante la extensión cada vez mayor a otros países, vamos como cualquier multinacional que se precie, ya que “al estar consolidados en varios países, diversificamos el riesgo para los accionistas en caso de recesión temporal en un mercado.” Como podemos comprobar, la borrachera del éxito hace que el señor Ulf crea en “recesiones temporales en un mercado”.

Claramente señala que su objetivo es “colocar a Capio entre los líderes de Europa mediante la industrialización de nuestras operaciones {…}. Junto con nuestros clientes, debemos crear modelos de negocio inteligentes y crear valor para nuestros accionistas. A través de la industrialización (es decir, la estandarización de materiales, equipos y procesos), mejoraremos la eficiencia y aumentaremos la calidad y la seguridad de los pacientes.” Todos debemos saber que cuando habla de “crear valor” estamos hablando de valor de cambio, es decir, de beneficios, y estos solamente pueden obtenerse por dos vías: condiciones laborales de las plantillas (salarios, jornada, ritmo de trabajo y derechos) o mediante un recorte de prestaciones sanitarias y/o disminución de la calidad de las mismas.

Sobre nuestro país señala que “Capio Servicios Sanitarios España está muy bien posicionada a nivel regional y cuenta con un excelente potencial de crecimiento orgánico en un mercado en expansión“. Probablemente no es ajena a estas expectativas la promulgación de la Ley de Dependencia, que va a suponer un filón de beneficios para el sector privado sociosanitario: residencias de ancianos, centros de día, viviendas tuteladas, ayuda a domicilio y teleasistencia. Solamente en Castilla-La Mancha, Capio gestiona ya cinco Residencias de Albacete, una en Cuidad Real y un Centro de discapacitados en Ciudad Real.

¿Qué hacen las direcciones sindicales y de los partidos de izquierda?

Los sindicatos CC.OO. y UGT¨-así como el PSOE e IU- deberían no solamente denunciar la privatización de la sanidad madrileña, que hacen con la boca pequeña, sino negarse a legitimar este proceso y praparar una verdadera campaña informativa primero y de movilizaciones después, dirigida al conjunto de la clase obrera. Desgraciadamente, ni siquiera están apoyando consecuentemente la lucha de los trabajadores del Severo Ochoa, punta de lanza de la defensa de la Sanidad Pública madrileña.

La Ley de Dependencia, supuesto cuarto pilar del Estado del Bienestar, como no se cansa de repetir el ministro Caldera, nacerá ya privatizado. Miles de millones de euros pasarán directamente de las arcas públicas a las empresas privadas, que se están preparando como buitres carroñeros para el festín. Incluso en las negociaciones de varios convenios de los sectores privados, las patronales han defendido duraciones más cortas –hasta ahora trataban de alargar los convenios a varios años- para poder revisarlos cuando entrara en vigor dicha Ley de Dependencia.

En cualquier caso, la situación está agotándose y los trabajadores de estas residencias tenderán cada vez más a organizarse en los sindicatos de clase y plantar cara a los empresarios, aunque ahora mismo la tónica general es la rotación de una empresa a otra. Inevitablemente los ataques de la patronal les obligarán a luchar, como ya vimos en las magníficas movilizaciones de la sanidad privada en Madrid.


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