periódico marxista publicado en Euskadi

El Partido Popular ha decidido llevar a cabo, con la excusa del terrorismo, un recorte dramático de los derechos democráticos, cuya primera consecuencia será la ilegalización de Batasuna a través de la nueva Ley de Partidos.

En su día la ley Corcuera, el Plan ZEN y otras medidas se presentaron públicamente como instrumentos para acabar con los atentados de ETA. Sin embargo, la realidad demostró que el incremento del aparato represivo y el endurecimiento de la legislación penal eran utilizados contra el movimiento obrero y la juventud en lucha. ¡Hasta los camioneros de Vizcaya en huelga fueron acusados de estar cercanos a HB! En la lucha contra el basurero del barrio de la Coronación en Vitoria una trabajadora fue detenida, acusada de promover el terrorismo en el barrio. Acusaciones igualmente graves han sido vertidas contra una gran cantidad de asociaciones populares, desde ikastolas (escuelas donde se enseña en euskera) a Gastetxes (casas de la juventud).

Por eso no puede cabernos ninguna duda de que esta Ley, que se presenta nuevamente como un instrumento para acabar con ETA, será utilizada mañana contra el conjunto del movimiento obrero y la juventud.

El propio contenido de la Ley de Partidos deja la puerta abierta para que la derecha cometa todo tipo de desmanes "desde la legalidad".

La nueva Ley en sus Principios Generales declara que: "Los partidos políticos deberán respetar en sus actividades los principios democráticos y los valores constitucionales.

"Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad no se ajuste, de forma reiterada y grave a lo dispuesto en el apartado anterior".

‘Actividad contra los valores constitucionales’

La Constitución declara la defensa del principio de propiedad privada, esto es, el capitalismo. Todos los que estamos contra el capitalismo es evidente que no nos sentimos representados en esta constitución burguesa. ¿Somos candidatos por tanto a ser ilegalizados? La Constitución es monárquica y por tanto hasta la defensa de la República podría ser considerada como una "actividad contra los valores constitucionales". Se defiende el derecho al trabajo y todos sabemos que, aunque hay dos millones de parados, la burguesía solo se acuerda de este principio cuando estamos en huelga y formamos piquetes para hacer respetar las decisiones mayoritarias de la clase obrera. ¿Podrán ser ilegalizadas nuestras organizaciones por ello?

El mismo día que el Ejecutivo aprueba dicha norma aparece en la prensa la denuncia del Gobierno venezolano de que el Gobierno del Partido Popular ha estado implicado, junto a EEUU, en el apoyo a los golpistas que detuvieron al presidente Hugo Chávez, y que promovieron el pillaje y el asesinato provocando el caos, para presentar un golpe de Estado de los ricos y los militares como una "vuelta a la normalidad democrática".

El mismo Gobierno del PP es el que promueve en solitario esta Ley de Partidos que empezará ilegalizando a Batasuna y, si no se lo impedimos, hará retroceder la ruleta de los derechos democráticos treinta años atrás, época que sin duda los dirigentes del PP echan de menos.

La Ley de Partidos es explícita definiendo los Supuestos de ilegalidad: "Fomentar o propiciar el odio, la violencia y la confrontación social como método para la consecución de objetivos políticos o perseguir la imposición de pretensiones políticas procurando la desaparición de las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, el pluralismo y de las libertades políticas y la creación de un clima degradado de enfrentamiento y exclusión".

Defender la lucha de clases, la huelga general, la insurrección de la clase obrera contra el capitalismo, la expropiación revolucionaria de la burguesía..., nos colocará en la ilegalidad y a merced de los dictados del Partido Popular. Ya hemos visto lo que le ha importado a este Gobierno apoyar el pluralismo y las libertades en Venezuela y lo que les preocupa el derecho a la vida y a la existencia del pueblo palestino entre otros.

Hasta IU se podría ilegalizar

Otro apartado de la misma Ley señala las Conductas concretas que provocan la ilegalización: "Dar apoyo expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas (...) o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta".

Los marxistas estamos en contra del terrorismo individual porque consigue lo contrario de lo que dice pretender y es contraproducente para la defensa de los derechos democráticos de la clase obrera y para luchar por el socialismo. Sin embargo explicamos que la propia existencia del terrorismo individual es la expresión de una sociedad enferma como es el capitalismo que utiliza la violencia para negar los derechos democráticos para las nacionalidades oprimidas, que condena a la juventud a elegir muchas veces entre el paro, empleos basura, la droga y la falta de futuro. ¿Acaso no podría interpretarse esto como que exculpamos o minimizamos su significado? Desde luego si nos juzgasen hoy mismo los líderes del PP y el Tribunal Superior de Justicia, que ha demostrado hasta la saciedad —lo mismo que la prensa burguesa— lo lejos que está de ser "independiente", lo tendríamos un poco mal. El calado de este apartado es muy profundo. Se prevé acabar con cualquier partido político que "apoye desde las entidades que gobierna a agrupaciones alternativas a las instituciones constitucionalmente establecidas". Hasta Izquierda Unida de Euskadi, que apoya Udalbiltza, podría ser ilegalizada.

El apartado acerca de cómo se ilegalizará la respuesta que da la Ley es "La disolución judicial de un partido o, en su caso, su suspensión será acordada (...) cuando no respete en sus actividades los principios democráticos y los valores constitucionales, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad: El Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Ministerio Fiscal". Además será la Sala Especial del Tribunal Supremo la que tenga todo el poder en sus manos para dejar fuera de la ley a un partido aunque represente a 200.000 personas como es el caso de Batasuna en la actualidad.

Los efectos de la disolución serán: "El cese inmediato de toda la actividad (...) la liquidación patrimonial y la incapacidad de volver a presentarse a ninguna elección".

Cuando a miles de personas les intentan hacer desaparecer de la vida política, les declaran ilegales y les aplican la legislación antiterrorista por sus ideas políticas, estemos o no de acuerdo con ellas, la conclusión es que esta ley es echar gasolina al fuego. Lejos de resolver la cuestión nacional vasca, que es un problema político, la derecha se remite a la represión pura y dura, que por otra parte ya ha demostrado que es lo único que sabe hacer.

Sólo la clase obrera puede responder a estos ataques vinculando la lucha por los derechos democráticos de las nacionalidades históricas oprimidas, como la defensa del derecho de autodeterminación para Euskal Herria, Galicia y Catalunya, a la defensa de la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de un programa auténticamente socialista.