El 25 de noviembre miles de mujeres y hombres, esencialmente de la clase trabajadora, se manifestaron en decenas de ciudades en contra de la violencia hacia las mujeres. Este movimiento de lucha, que en nuestra opinión forma parte de la lucha de clases más general, va in crescendo. En Sevilla, desde donde escribo, la manifestación superó con creces las dos mil personas y ha visto una presencia muy importante de la juventud. Estaban las principales organizaciones de clase y de izquierdas de la juventud: el Sindicato de Estudiantes, agrupaciones de las Juventudes socialistas, las Juventudes comunistas. Entre las organizaciones juveniles de la izquierda destacaba la vivacidad y el trabajo de propaganda de Mujeres Jóvenes de Andalucía.
A destacar el hecho de que muchas caras jóvenes eran las mismas que vimos en las manifestaciones antifascistas del 14 y 22 de noviembre. Igual que los años anteriores, el 25 de noviembre no hubo sitio para la derecha andaluza (PP, PA, PSA).
El día anterior se dio un debate muy interesante en el centro vecinal de San Diego de Sevilla en el cual participó también Mari García, dirigente jornalera del SOC. Mari explicó la violencia laboral y sexista a la cual son sometidas muchísimas mujeres del medio rural, desde las miles de rumanas que trabajan recluidas en las fincas de la fresa en Huelva (en régimen de campo de concentración) hasta las andaluzas que son castigadas en algunas empresas de selección y envasado con quedarse de pié durante horas como nuevo tipo de castigo del empresario.
Hablando con las manifestantes más implicadas, especialmente en las reuniones y debates preparatorios de los días anteriores a la marcha de Sevilla, pudimos percibir una fuerte crítica a la actuación de la izquierda institucional: gobierno del PSOE y junta de Andalucía; cuyas leyes y decretos de los últimos años nunca han ido acompañados de una dotación económica decente o de planes concretos y permanentes de movilización social diaria donde más se necesita: los barrios y los centros educativos. Allí donde viven y estudian las mujeres de la clase trabajadora no hay personal público preparado que se ocupe del problema: todo es dejado en manos de la iniciativa de las asociaciones más comprometidas, que están hechas de trabajadoras y trabajadores con recursos de tiempo, económicos y de instalaciones muy limitados. Así pasa que cada ley que se aprueba contra la violencia y por la igualdad acaba por ser casi ineficaz debido también a la precariedad laboral en el sector público y a la facilidad con la cual se cierran centros públicos de asistencia con años de experiencia para abrir nuevos con personal poco cualificado y precario. Una de las tareas para el próximo 25 de noviembre debe ser aumentar su contenido reivindicativo que es una responsabilidad de las y los dirigentes de la izquierda. Y también de las direcciones de CCOO y UGT, cuya voz crítica es inexistente.