Tres días después, nuevo anuncio: la pena máxima efectiva para los terroristas pasará de 30 a 40 años. Aznar trata de recuperar la iniciativa desviando el foco de atención hacia otros temas más cómodos para su partido que la catástrofe del Prestige o que el empeoramiento de la situación económica. A partir de ahora, ley y orden. Se acabó el hablar de Galicia y del Prestige.
En sólo 18 días el Gobierno ha anunciado cuatro reformas legales, abarcando de todo: inmigración, prostitución, robos, terrorismo, ablación del clítoris, maltrato de animales, pornografía infantil, sustracción de teléfonos móviles, piratería, violencia en el deporte, violencia en el hogar, acoso sexual, narcotráfico... Todo vale con tal de que suba la audiencia.
Es imposible tratar aquí, por razones de espacio, todas y cada una de las medidas que ha anunciado el Gobierno PP. Sí podemos decir que, junto a la amalgama de medidas profundamente reaccionarias que componen en su mayor parte los cambios anunciados por el PP, hay otras, como el decomiso del total de beneficios obtenido por el narcotráfico o el considerar delito todas las agresiones a las mujeres, que las organizaciones de izquierda han reclamado insistentemente y que desde luego cuentan con la aprobación de nuestra clase. Pero estos puntos, y algunos otros puntuales, no nos puden llevar a confusión. El PP resucita la vieja ley de “vagos y maleantes” mediante la vía de dictar prisión preventiva de los imputados aun sin tener antecedentes penales. Bastará con que el juez pueda “racionalmente inferir que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada o realiza sus actividades delictivas con habitualidad”.
Así, el juez puede decretar prisión preventiva al apreciar que uno está organizado (ya sabemos cómo se utilizan estas leyes para reprimir a los jóvenes y trabajadores en lucha) o porque por la pinta le parezca un quinqui habitual.
Cuatro faltas y a la cárcel
Por otro lado, el PP pretende que la cuarta falta sea considerada delito, con lo que cualquiera que acumule cuatro faltas puede acabar compartiendo celda con auténticos delincuentes. No podemos olvidar que golpear a alguien (sin causarle una lesión) es una falta. Amenazar, no con una arma, si no con un simple objeto en una riña, también lo es. Falta es robar una manzana o hacer una pintada, como lo es también faltarle al respeto a la autoridad, etc.
El tema de la inmigración también es ya recurrente en la demogogia del PP, junto a la cuestión del terrorismo y la delincuencia callejera. El pasado 12 de enero, Rajoy y Acebes planteaban la expulsión inmediata de los inmigrantes sin papeles que cometan delitos. En el tema de la inmigración el PP ha hecho todos los esfuerzos posibles para que se asocie inmigración con inseguridad, siguiendo la estela de la derecha en Italia y Francia. Desde luego, dejar a los inmigrantes sin ningún tipo de derechos y abocados a la marginación es la mejor manera de provocar un grave problema social.
Zapatero persiste en el consenso
La respuesta de Zapatero ante esta ofensiva del Gobierno PP no puede ser más decepcionante. Zapatero, y con él la dirección del PSOE, siguen insistiendo en la política de pactos, de buscar el consenso con el PP, aunque Aznar se pase los pactos por el arco de triunfo y trate por todos los medios de dejar “descolocado” al PSOE y machacarlo con toda serie de despropósitos.
Izquierda Unida y el PSOE tienen una gran responsabilidad ante la avalancha de medidas carcas del PP. En primer lugar, tienen que explicar qué se esconde tras estos cambios legislativos y denunciar sin ambages el contenido profundamente reaccionario de las leyes que pretende introducir el PP con la reforma del Código Penal. En segundo lugar, tienen que seguir señalando, como han hecho, la responsabilidad del Gobierno PP en el aumento de los delitos. ¿Quién es responsable si no de que las mafias internacionales se hayan instalado tan tranquilamente en todo el litoral mediterráneo? ¿A quién hay que responsabilizar de la falta de medios judiciales que hace que tengamos más de dos millones de causas pendientes de resolución?
Por último, PSOE e IU tienen que ofrecer una alternativa radicalmente opuesta a la del PP. Actualmente hay 52.000 presos en las cárceles del Estado español, siendo el tercer país de la UE con más presos por población. Desde luego, la cárcel no resuelve los problemas sociales de fondo como la marginación. Hacen falta planes sociales de choque para erradicar la marginación y la pobreza, para dar condiciones de vida dignas a toda la población, incluidos los inmigrantes. Hacen falta programas específicos de apoyo y ayuda para colectivos con necesidades especiales (mayor atención a las enfermedades mentales, a los problemas de alcoholismo, drogadicción...) y una política decidida de persecución de las mafias de narcotraficantes y de explotación de mujeres. Para eso no sólo hay que cambiar leyes, sino sobre todo poner medios, depurar la policía y la justicia de elementos corruptos y reaccionarios y poner bajo control obrero las academias de policía, las comisarías y los juzgados para garantizar un funcionamiento democrático y eficiente.
