Profesores valencianos en lucha

Si el curso pasado fue escenario de importantes manifestaciones del profesorado en varias comunidades autónomas, este curso no comienza menos agitado.

Educación para la Ciudadanía en inglés

Concretamente, en el País Valencià, la gota que ha colmado el vaso ha sido la imposición por parte del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés. Para ello tendrán que estar presentes en el aula el profesor de Geografía e Historia o de Filosofía (a los que corresponde la atribución docente) y el de Inglés. Al primero le corresponde preparar los aspectos pedagógicos, mientras que al segundo le corresponde verbalizar los contenidos a los alumnos. O sea, que el profesor de Inglés se convierte en el traductor simultáneo de su compañero, ante la mirada atónita de sus alumnos.
Todo esto a costa de los alumnos y profesores, que llevan semanas de caos intentando organizar lo que desde Conselleria se desorganiza. Y por si no existieran deficiencias y problemas por resolver en los centros educativos públicos, los inspectores de educación han recibido la orden de dedicarse a visitar los institutos y entrar en las clases para comprobar si verdaderamente Educación para la Ciudadanía se está impartiendo en inglés, abandonando todo el resto de tareas.

Amenazas al profesorado y degradación de la enseñanza pública

Ante la incoherencia e inviabilidad de esta orden, prácticamente todos los institutos del País Valencià han decidido no quedarse paralizados y comenzar a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en una de las dos lenguas oficiales. La amenaza de expedientar al profesorado que está impartiendo la asignatura en castellano o en valenciano ha sido el pistoletazo de salida para que salgamos a la calle a decir "ya basta" a la política del conseller Font de Mora y a los ataques del PP a la educación pública.
Llevamos años aguantando las consecuencias de la falta de inversión en educación pública. Según STEPV, el 53% de los institutos públicos han comenzado el curso con la plantilla incompleta. Además, unos 3.700 alumnos impartirán clases en 150 barracones, muchos de ellos sin luz eléctrica y con el cableado de luz y de informática en mal estado. El estado de los gimnasios y pistas en la mayoría de centros es pésimo y hay retrasos de años en las adecuaciones y/o rehabilitaciones comprometidas, falta material para impartir los ciclos formativos en condiciones, muchas aulas están ubicadas fuera de los centros educativos. Esta lista sigue, pero además podemos añadir las condiciones de presión burocrática que cada vez más sufrimos los profesores, la falta de personal especializado para atender las necesidades de determinados alumnos o el recorte de derechos democráticos en la gestión de los centros.
Mientras tanto, frente a los 363 institutos públicos de la comunidad, encontramos 355 centros de Secundaria concertados, por no hablar de los cada vez más de Primaria (incluyendo los del Opus Dei). Este desvío de fondos públicos para financiar a la patronal de la privada (o sea, a la Iglesia) en detrimento de la educación pública demuestra en qué medida el PP concibe la educación como un negocio y no como un derecho.

Hay que convocar
una huelga general de
la comunidad educativa

El malestar y cabreo entre el profesorado se ha ido mostrando en diversas movilizaciones en los últimos años: una huelga secundada por 10.000 profesores en marzo de 2007, una manifestación de 7.000 un año después, por citar las más importantes. Desgraciadamente, las direcciones sindicales no han canalizado todo este malestar dando continuidad a estas luchas y desaprovechando así la energía que los trabajadores de la educación habíamos puesto en ellas.
Pero este curso ha comenzado con una respuesta contundente por parte del profesorado, con ganas de luchar y con la determinación de llegar hasta el final. Hacía mucho tiempo que no se respiraba un ambiente de lucha tan combativo. Las expectativas de cada convocatoria de movilización están siendo rebasadas una tras otra, tanto en número como en ánimo: 7.000 personas entre Castellón, Valencia y Alicante en la primera concentración convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Públic, 5.000 en la segunda, 500 asistentes a las asambleas de profesores convocadas por FETE-UGT, FE-CCOO i STEPV celebradas simultáneamente en Alicante, Castellón y Valencia, muchos de ellos en representación de su centro, 13.000 personas en la manifestación de Valencia del lunes 27 de octubre, en la que un grupo de manifestantes con instrumentos musicales hacía sonar A las barricadas. En los institutos los profesores se están organizando y están coordinando la lucha a través de asambleas en cada centro y asambleas de centros. Se ha decidido que cada instituto va a hacer público que imparte Educación para la Ciudadanía en valenciano o en castellano. Se ha aprobado una propuesta de movilizaciones que incluye actos reivindicativos en cada centro educativo, concentraciones comarcales, manifestaciones o concentraciones en las tres provincias, una manifestación general en Valencia el sábado 29 de noviembre y una jornada de huelga la primera semana de diciembre.
Pero tenemos que dejar clara una cosa: el problema no es sólo la Educación para la Ciudadanía, sino el ataque que está sufriendo la educación pública en general, al igual que el resto de servicios públicos. Por eso la lucha tiene que ser conjunta de todos los miembros de la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres; y de todos los niveles educativos: infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos y universidad; que están sufriendo la política de acoso y derribo de la educación pública.
Esta es la propuesta que el Sindicato de Estudiantes ha hecho a los dirigentes sindicales del profesorado en el País Valencià (y en todo el Estado) y que plantearon, nuevamente, en la asamblea de profesores de Valencia el 23 de octubre y que muchos padres, profesores y maestros compartimos. El 22 de octubre los estudiantes salieron a la calle de forma ejemplar, la próxima cita es el 13 de noviembre, nuestros sindicatos, empezando por STEPV (al que pertenezco), deberían coger esta convocatoria con las dos manos y hacer que confluya la lucha para conseguir más fuerza. Esta sería la mejor manera de defender la enseñanza pública. Aún estamos a tiempo. El 13 de noviembre no acaba nada, hay que empezar a convocar con reuniones y propaganda la manifestación del 29 noviembre y poner fecha ya a una huelga general de toda la comunidad educativa en este primer trimestre de curso. No podemos consentir que esta conquista histórica de la lucha de los trabajadores nos sea arrebatada.