El nuevo Plan de la Minería firmado por la dirección de CCOO y UGT plantea la reducción de un 33% de la plantilla (2.622 prejubilaciones), el cierre de dos pozos (Figaredo, en la cuenca del Caudal, y Pumarabule, en Siero) y la disminución en un 20% de la producción. A cambio la SEPI ofrece la "creación" de 650 puestos de trabajo, si bien un gran número de ellos serán incorporaciones que están pendientes de cumplir desde el último acuerdo. Por supuesto, también hay promesas de inversiones que, a la vista de anteriores compromisos, no tienen ninguna intención de cumplir. Un plan, en definitiva, continuista con las políticas de desindustrialización y destrucción de empleo que asolan las comarcas mineras desde hace años.
Durante todo este proceso de negociación la prensa y el gobierno han destacado, como un hecho encomiable, la ausencia de movilizaciones, resaltando la "madurez" de los sindicatos firmantes del acuerdo.
Pero este cuadro de desmovilización generalizada no es exactamente así. Cuando la SEPI anunció sus intenciones, el ambiente que se respiraba en los tajos era el de que sería necesario luchar. El propio Villa amenazó con convocar movilizaciones durante la reunión del ECOFIN (ministros de Economía de la UE) que tuvo lugar en Oviedo en el mes de abril pero a medida que fueron pasando los días se hizo evidente que no había ninguna intención de movilizar a nadie. Fue esta actitud de las direcciones sindicales la que minó gradualmente la confianza de los mineros y no a la inversa, como pretenden hacernos creer.
La postura tanto de la UGT como del sector oficialista de CCOO fue desde el principio la de tratar de negociar "el mal menor". No obstante, el Sector Crítico de CCOO manifestó su rotundo rechazo al acuerdo por lo que éste significaba en cuanto a destrucción de empleo, etc.
Con la presencia que el Sector Crítico tiene en CCOO, en torno al 45%, y siendo mayoritario en cinco pozos, cuenta con la autoridad suficiente para plantar una batalla a la política de pactos del ala oficial y estamos convencidos de que hubiera arrastrado tras de sí a una buena parte de los trabajadores de Hunosa. El seguimiento masivo del paro de solidaridad convocado por la CSI en los pozos Monsacro y Candían lo demuestra. Eso hubiera puesto en cuestión toda la argumentación de la dirección de CCOO y UGT, que basan la negociación en la "debilidad" del movimiento.
Sin embargo, la oposición del Sector Crítico no se concretó en la práctica en una alternativa de lucha, y probablemente esto haya hecho que muchos trabajadores hayan interpretado su postura como parte de una pugna por arriba dentro del sindicato pero sin voluntad de llevarla hasta las últimas consecuencias. Sin duda esto no contribuirá a reforzar la posición del Sector Crítico en los pozos.
De todas maneras el conflicto en Hunosa no se ha cerrado. Después de 2005 volverán a plantear nuevos ataques y la única manera de invertir esta situación es basarse en la movilización de los trabajadores y de la población de las cuencas mineras.
