preservar sus privilegios empobreciendo a la mayoría de la sociedad
La movilización de la clase obrera es la única salida a los recortes sociales y ataques a nuestros derechos

 

La gravedad de la crisis y la perspectiva de un largo periodo de estancamiento y con muchas incertidumbres por despejar (no se puede descartar, por ejemplo, una oleada de quiebras bancarias) es una percepción que se refleja en casi todos los análisis serios de la burguesía sobre la economía española. Desde el punto de vista de las medidas que hay que tomar para defender sus intereses (beneficios, posiciones en el mercado internacional, capacidad de financiación) el consenso es total: hay que emprender un ataque a fondo contra los gastos sociales y contra los derechos de los trabajadores. La presión en ese sentido se hace cada vez más intensa ya que las medidas de tipo "macroeconómico" están agotadas y se ha llegado a un punto crítico en el que tanto su prolongación como su retirada sólo llevan a nuevas contradicciones en la economía.
Los fondos de rescate y los créditos cercanos a cero para la Banca, los incentivos al consumo para la industria automovilística, los planes de inversión pública para las constructoras, las rebajas fiscales para los empresarios, no han llevado a la economía española (ni mundial) a la recuperación. Por supuesto que las inyecciones de dinero público han sido decisivas para evitar quiebras y compensar una parte del volumen de negocio reducido por la crisis. Sin embargo, la transferencia de ingentes cantidades de dinero público a los bolsillos de esta minoría privilegiada ha sido uno de los factores que ha espoleado el vertiginoso incremento del endeudamiento del Estado. Como evidencia el caso de Grecia el endeudamiento también tiene sus límites ya que una mayor exposición a la financiación exterior añade más inestabilidad, costes y en definitiva, problemas, incluso desde el punto de vista del negocio capitalista.

Intereses excluyentes

Así, tanto la burguesía nacional como los "mercados internacionales" (que quieren garantías de que el dinero prestado se devuelva) están interesados en que el agujero del déficit y de la deuda del Estado se reduzca, pero claro, no a costa de recortar las ayudas del Estado a la Banca o a las empresas, sino a costa de los trabajadores. La cuestión es bastantes clara y sencilla: para garantizar sus beneficios y que el dinero del Estado siga fluyendo hacia sus bolsillos los capitalistas necesitan empujar a los trabajadores y a la mayoría de la sociedad a una situación de mayor pobreza. Con eso tampoco resolverán la crisis, por su puesto, incluso la pueden agravar; sin embargo, una vez los capitalistas han asumido que la crisis es profunda y prolongada lo que les interesa es poder convivir con ella, en las mejores condiciones, tanto en el terreno económico como político. Todo lo que se recorte en salarios o gasto social irá directa (en el proceso productivo) o indirectamente (por ayudas del Estado) a parar a los bolsillos de los capitalistas, lo que les permitirá paliar al máximo la caída de los beneficios, enjuagar lo antes posible sus deudas y situarse en mejores condiciones para competir en el mercado mundial.
Uno de los efectos políticos que está teniendo la crisis es que está dejando en evidencia la inconsistencia de cualquier política que trate de adoptar una posición intermedia entre los intereses de los capitalistas y los trabajadores. La política cada vez más hacia la derecha del gobierno del PSOE (drástico recorte del gasto público en sanidad y educación, proyecto de reforma laboral y de pensiones, subida del IVA, pacto educativo con la derecha, reforma sanitaria, impulso al negocio privado en la asistencia social, plan de financiación a las empresas a través del ICO, por mencionar las medidas más recientes) no sólo se explica por los numerosos vínculos políticos y sociales que una parte importante de su dirección mantiene con la burguesía y con la cúpula del aparato estatal; incluso prescindiendo de estos poderosos factores, la falta de alternativa al capitalismo, y la convicción de que no es posible ni viable otra sistema social distinto al capitalismo, les lleva a defenderlo con todas sus consecuencias. Sin embargo, esto genera también contradicciones en el terreno político.

De la crisis económica a la crisis política

Precisamente, las crecientes dificultades y contradicciones en las que están incurriendo aquellas formaciones políticas y sindicales cuya existencia depende del apoyo que tienen entre los trabajadores pero cuyo programa, en la práctica, consiste en tener a los "mercados" siempre contentos, será una de las principales vías por la que la crisis económica se transformará en una crisis política de idénticas dimensiones. Estas contradicciones toman cuerpo fundamentalmente en el gobierno del PSOE, pero también en CCOO y UGT.
Al principio de la recesión Zapatero prometía continuamente que no iba a tomar medidas contra los trabajadores y que no iba a permitir que estos pagaran los platos rotos de la crisis. A pesar de que los efectos devastadores de la crisis capitalista han falseado, en la práctica y desde el principio, estas promesas, es cierto que el gobierno, con el fin de evitar o retrasar al máximo la ruptura del "diálogo social", no tomó, durante un tiempo, medidas que pudiesen ser vistas como un ataque directo a los trabajadores. Esta situación de semiparálisis del gobierno irritaba a un sector de la burguesía, que lo presionaban duramente para que tomara medidas drásticas. El agravamiento de la crisis de la deuda griega en febrero fue el factor accidental que empujó finalmente al gobierno a emprender el camino de las contrarreformas, anunciando la aplicación inmediata de una reforma laboral y una reforma de pensiones. Estos anuncios contentaron a los mercados pero también proyectaron la sombra de la movilización social sobre la mesa del consejo de ministros, haciendo que el gobierno volviese por la senda del consenso con los dirigentes sindicales como método fundamental para emprender los ataques de más envergadura contra los trabajadores.
Los dirigentes sindicales, por supuesto, tienen tanto miedo como el propio gobierno a abrir una dinámica de confrontación social. La ronda de movilizaciones convocadas por CCOO y UGT contra las pensiones de finales de febrero y principios de marzo eran una respuesta necesaria a los planes del gobierno, pero al mismo tiempo estaba meticulosamente concebida (convocatoria entre semana, desvinculación de la reforma de las pensiones de otros ataques, falta de un plan de continuidad, falta de un plan serio de asambleas, etc.) como una "protesta de guante blanco" con el fin de evitar grandes expectativas de movilización y tener el margen necesario para reconducir rápidamente la situación hacia la negociación semisecreta con el gobierno y los empresarios.
Los dirigentes sindicales están dispuestos a hacer más concesiones a los empresarios, incluso en el terreno de las pensiones y en la reforma laboral; el problema es que en este contexto de crisis profunda, los pactos y acuerdos son rápidamente dinamitados o sometidos a una tensión brutal por las nuevas y continuas exigencias de la burguesía. Es muy significativo en este sentido la intensa campaña que la CEOE ha desatado en las últimas semanas a favor de la reducción de los salarios para salir de la crisis, cuando la tinta del acuerdo firmado con CCOO y UGT de congelación salarial a tres años está todavía fresca, o la campaña de la patronal a favor de un contrato para la juventud, sin cotización y sin derecho a desempleo, algo que en principio estaba fuera de la agenda de la negociación de la reforma laboral. Esta dinámica introduce un elemento de gran inestabilidad en la situación.

Inestabilidad

La política que tiene la burguesía y la derecha respecto al gobierno y los sindicatos es la de usar y tirar. El fiasco en el que han acabado los ansiados (por el gobierno) "acuerdos de Zurbano" ha sido muy significativo en este sentido. El gobierno estaba a punto de escenificar un acuerdo político, lleno de solemnidad, contra la crisis, aunque fuese parcial y sin contar con el PP. Sin embargo, en pocas horas el plan se esfumó ya que CiU y el PNV, que se perfilaban como los apoyos más sólidos del gobierno, acabaron por negarse a hacerse la foto. Los "acuerdos de Zurbano", en el esquema del gobierno, estaban concebidos como el preámbulo de un pacto de más calado en abril con CCOO, UGT y la CEOE sobre las pensiones y la reforma laboral. Por supuesto, esta posibilidad sigue estando ahí, pero lo ocurrido confirma la gran volatilidad de la situación.
En julio de 2009 el gobierno rompe el "diálogo social" por las provocaciones y exigencias de la CEOE. El diálogo se retoma en septiembre pero al no dar ningún fruto el gobierno ensaya, en febrero, la vía de la imposición de medidas para luego tener que aplazarla por la amenaza de los sindicatos; luego quiso escenificar un gran acuerdo en marzo y también ha tenido que posponerlo, fundamentalmente por la oposición de la derecha, tanto del PP como de la derecha catalana y vasca, que tienen sus propios intereses políticos y electorales.

El gobierno del PSOE, cada vez más suspendido en el aire

En el momento en que la burguesía más necesita un gobierno "fuerte", éste se encuentra más debilitado que nunca. Como hemos explicado repetidamente desde estas páginas, la "fuerza" del gobierno del PSOE estaba muy directamente condicionada a su capacidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de la juventud, y enfrentarse a la reacción. El giro que ha dado el gobierno hacia la derecha lo ha alejado de su base social sin encontrar ningún sustituto en un centro político inexistente, ni por supuesto en la base social de la derecha, fuertemente agrupada en el PP. En cierta manera, el gobierno del PSOE se encuentra suspendido en el aire. Esta situación un sector de la burguesía está reforzando su táctica de conseguir la vuelta del PP al gobierno, y entonces sí, con un gobierno "fuerte" acelerar los ataques contra la clase obrera. El problema, como se ha demostrado con el PP de Aznar en el pasado, es que las victorias electorales no bastan para doblegar a la clase obrera y crear una especie de Thatcher del siglo XXI. De hecho, un gobierno del PP podría convertirse de nuevo en el detonante de un intenso y explosivo movimiento de la clase obrera. De ahí la cautela del propio Rajoy de no precipitar innecesariamente los acontecimientos, acallando las voces del PP que pedían elecciones anticipadas.
La situación es de un equilibrio muy inestable. La actitud deliberada de los dirigentes sindicales de evitar el despliegue de todo el potencial de lucha que tiene la clase obrera es el factor más decisivo de la coyuntura actual, pero no puede tener un efecto indefinido ya que no tiene una base objetiva sólida. Todos aquellos que luchamos por el derrocamiento del capitalismo y la transformación socialista de la sociedad debemos actuar con paciencia, conscientes de que todos los giros y complicaciones que se dan en la situación se deben a la ausencia de un referente revolucionario de masas, y construirlo es la tarea más importante que tenemos por delante, pero también al miedo de la clase dominante y de los dirigentes reformistas a la inevitable entrada en acción de clase obrera.