Basta de criminalizar y perseguir la lucha sindical. Basta de impunidad a la explotación de la patronal
El Juez Emilio Labella, a la cabeza del juzgado número 4 de Iruñea, ha condenado a 21 meses de cárcel a un sindicalista de LAB, con obligación de ingresar en ella. No es el único caso. En los últimos meses el aparato judicial, la policía foral y la administración navarra ha emprendido una persecución contra la lucha sindical que ha conseguido importantes victorias en los sectores más precarizados; sectores donde la patronal abusa y explota con total impunidad, más allá de las reformas laborales del PP y del PSOE, con prácticas que son ilegales
El 7 de julio de 2018, un grupo de sindicalistas entró de forma pacífica en el establecimiento del restaurante La Sangiovesa, para denunciar el despido de cuatro trabajadores que habían votado a la candidatura de LAB, en vez de a la lista proempresa de UGT. La protesta consistió en pegar pegatinas fuera y dentro de la pizzería llamando al boicot hasta readmitir a los despedidos y en explicar con un megáfono las prácticas de explotación de la empresa. En ningún momento se bloqueó el tránsito de los clientes ni se causó daño alguno.
El conflicto concluyó con un acuerdo con la empresa donde entre otros logros se retiró la denuncia, pero la fiscalía y el juez han decidido continuar adelante manteniendo las peticiones de cárcel. Según el juez Emilio Lavella, pegar excesivos carteles e informar con un megáfono, sobrepasa la acción sindical y se convierte en “coacción”. Razón por la cual se condena al sindicalista Imanol Salinas 21 meses de prisión, y a otro compañero con una petición de 2.800 euros de multa por desórdenes públicos.
En el caso de Huertas de Peralta, diferentes policías han impuesto, hasta el momento, 30 multas por valor de 5.600 euros. Igualmente, se ha abierto a instancia de la Policía Foral, varios procedimientos penales por “desórdenes públicos” y “atentado contra la autoridad” contra tres sindicalistas de LAB. Para uno de ellos, la Fiscalía solicita una multa de 2.880 euros. En el segundo procedimiento contra dos sindicalistas la solicitud de penas está por concretar. Por último, un trabajador de Huertas de Peralta con ciudadanía marroquí, que fue lesionado brutalmente en las cargas policiales, ha sido acusado de “atentado por la autoridad”, y la Fiscalía solicita dos años y seis meses de cárcel, 2.500 euros de multa y cinco años de expulsión del Estado español.
Sectores precarizados en lucha
La Sangiovesa es uno de esos establecimientos hosteleros donde se hacía caso omiso de la legislación laboral: incumplimiento sistemático del convenio, personas trabajando sin contrato, vulneración de las libertades sindicales. Incluso se ha llegado a pagar con una pizza la realización de horas extraordinarias. Ante esta situación, los y las trabajadoras decidieron organizarse. La empresa impuso la candidatura de UGT y despidió a varias trabajadoras. Sin embargo, tras varias movilizaciones frente a la empresa se consiguió revertir esta situación, consiguiendo la readmisión y el cumplimiento del convenio.
Huertas de Peralta representa la explotación laboral en el campo navarro: eventualidad, jornadas laborales de 13 horas, no pago de vacaciones, nocturnidad, etc. La plantilla decidió organizarse sindicalmente, afrontó una huelga de 28 días entre una fuerte represión y cargas policiales, que suscitó una amplia solidaridad de clase. Finalmente la plantilla alcanzó la mayor parte de sus objetivos, abriendo una nueva etapa en la empresa.
Poder judicial: impunidad para los empresarios, castigo a sindicalistas
“¿Dónde está la Inspección de Trabajo, las diferentes policías, la Fiscalía cuando se vulnera sistemáticamente el convenio correspondiente? ¿Dónde están cuando mueren trabajadores y trabajadoras por incumplimiento de las normas de seguridad? ¿Por qué la Fiscalía o la Inspección no actuaron cuando la Sangiovesa tenía a trabajadoras en negro? ¿Por qué la Policía Foral no intervino cuando se sustituyó ilegalmente a trabajadores durante la huelga?” se preguntan desde el sindicato LAB.
Mientras los empresarios actúan con toda impunidad e incumplen sus propias leyes, las trabajadoras y trabajadores organizados que denuncian los incumplimientos laborales y los derechos sindicales, son perseguidos por quienes teóricamente deberían hacer esa labor. De esta forma, el poder judicial se vuelve a mostrar guardián del sistema capitalista, alineándose con la patronal para reprimir y avisar de lo que les espera a quienes se ponen del lado de la clase trabajadora.
Desde Ezker Iraultzailea- Izquierda Revolucionaria y Sindicalistas de Izquierda mostramos nuestra solidaridad con los sindicalistas de LAB represaliados. Hacemos un llamamiento a participar en las acciones solidarias con ellos y en favor del sindicalismo de clase en la lucha contra la precariedad y la impunidad patronal. Es vital la unidad de acción y la lucha del conjunto de las trabajadoras y trabajadores en la defensa de los sectores más precarios.
