Entrevista a Ramón Hernández Naranjo, ex representante del Comité Intercentros de Andalucía, miembro de la ejecutiva del Metal de CCOO de Málaga y de la Asociación de Trabajadores de Síntel

Hace un año los trabajadores de Sintel estaban acampados en el paseo de la Castellana de Madrid, mientras sus esposas y compañeras permanecían encerradas en la Almudena. Así aguantaron 187 días. Finalmente, los trabajadores, en asamblea celebrada el 3 de agosto, decidieron por unanimidad aprobar el acuerdo arrancado al Consejo de Ministros y firmado por el ministro de la Presidencia.

El contenido del acuerdo básicamente era:

Aspecto económico: agilizar los pagos del FOGASA.

Proceso de quiebra: las Administraciones favorecerán la posición de los trabajadores.

Plan social: prejubilaciones.

Plan de empleo: recolocaciones, sin descartar otras alternativas de empleo.

El Militante.– ¿Cúal es la situación actual?

Ramón Hernández.– Hemos terminado de cobrar el FOGASA y 470 compañeros están percibiendo los complementos de jubilación. Pero en los otros dos temas hay desacuerdo con el sindicato. Las recolocaciones a día de hoy no existen, por mucho que nos intenten imponer desde arriba. En el sector de las telecomunicaciones, hasta el 30 de abril, ha habido 5.705 despidos en empresas como Ericsson, Alcatel, iguales o similares a Síntel, así que ¿dónde nos van a recolocar?, ¿en empresas pequeñas donde el tipo de contrato estable no existe y el convenio no se aplica? Para eso no nos es necesario el acuerdo. Queremos empleo estable y con derechos y que la oferta de empleo se negocie con la Asociación.

Por otra parte somos partidarios de un plan global a través de la empresa rusa Televik que quiere reflotar Síntel aportando inicialmente 90 millones de euros y manteniendo 1.200 empleos, pero Telefónica no quiere ninguna competencia.

EM.– ¿Quiénes son los responsables de la situación actual?

RH.– El responsable primero es el presidente del gobierno, corresponsable todo el Parlamento y las federaciones siderometalúrgicas de CCOO y UGT. Los trabajadores no están de acuerdo con el plan de recolocaciones en las condiciones que dije antes, y menos aún si el sindicato las impone.

Un sindicato que representa a los trabajadores tiene que escuchar a los trabajadores y ni siquiera se han atrevido a venir a las asambleas y dar la cara aunque sea para decir :" Yo creo que el acuerdo debe ir por aquí". El sindicalismo hoy día está falto de democracia. Están muy metidos en la mesa de negociación, con el ministro, con el otro... se están convirtiendo en una gestora que representa a los trabajadores pero no les escucha.

EM.– ¿Cuáles son vuestras demandas y qué medidas vais a tomar?

RH.– Los sindicatos se han desligado de la Asociación y ante el ministerio figuran como garantes del acuerdo. A finales de abril se legalizó nuevamente la Asociación y nos hemos dirigido por escrito al Ministerio de Trabajo y al Parlamento diciéndoles que somos los representantes legales de los 1.700 trabajadores. Con quien tenemos que negociar las condiciones en una mesa es con el gobierno, no con las empresas donde nos quieren mandar. Nosotros no somos una empresa de colocación temporal. Además, seguimos peleando con el tema de la quiebra. Los que representan a Síntel y los juzgados no están jugando limpio. Quieren darle una salida como si esto fuera una simple suspensión de pagos y se auto nombran como comisión liquidadora. En una quiebra tiene que haber una junta de síndicos donde estén representados los trabajadores. Aparte, han presentado otra lista distinta de acreedores y la hemos recurrido. Nosotros pedimos la retroactividad de la quiebra, supondría que Telefónica tendría que poner unos 18.000 millones de pesetas. Declarando la quiebra en el 2000 sólo le cuesta 4.000 millones. Con la retroactividad nos garantizaríamos el 100% de las nóminas adeudadas más la indemnización de 20 días por año más el plan de pensiones abierto con la empresa. Si el auto sale con el acuerdo que presenta la empresa ahora, los 4.000 millones, los trabajadores no tenemos garantizado el 100% de nuestra nómina porque tendrían que cobrar acreedores también. En 1998 nosotros pedíamos ya la quiebra técnica desde el año 1996, cuando Telefónica vende la empresa a Mas Canosa por 4.900 millones pero se queda con todo el patrimonio: los edificios, las oficinas, los bienes. Sólo deja a los trabajadores y el trabajo para quitarlo en el momento que ella quiera. Por otro lado está el tema penal por la quiebra fraudulenta contra el consejo de administración de Síntel, lo quisimos ampliar al consejo administrativo de Telefónica y no nos lo admitió el juez.

Nuestra pelea está ahora en los despachos para que se cumpla el acuerdo. Esta semana tenemos una reunión en Madrid donde se va a plantear un cambio de estrategia con manifestaciones y movilizaciones; vamos a hacer que se cumpla el acuerdo vía judicial y si hay que denunciar al gobierno o al sindicato lo haremos. A partir de septiembre vendremos con otros ánimos.

EM.– ¿Qué te parece la convocatoria de huelga general?

RH.– Hace mucho tiempo que se la tenían que haber hecho al sr. Aznar, ya en la primera legislatura, porque todo esto se veía venir. Una cosa es el mensaje que dan por la tele de que España va bien y luego te vas casa por casa y a ver quién tiene un empleo estable y con derechos. Lo que te encuentras son trabajos que te obligan a hacer cantidad de horas para ganarte un sueldo pequeño. Quieren que no tengas tiempo de pensar.

El sindicato no puede olvidar su objetivo de cambiar la sociedad y para eso tiene que extender las protestas.

Ahora es cada vez más sectorial. Cuando una empresa tiene un problema no se le pide al sector que le apoye, y lo que se conseguiría es que la gente se fuera implicando en los problemas. Porque si tú paras un cuarto de hora quieres saber por qué, meterte en el problema y así poco a poco la gente se va involucrando.