gordillo_sat¡Luchar no es un delito!

El pasado miércoles 8 de Agosto miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), encabezados por el diputado de IU y alcalde de Marinaleda Sánchez Gordillo y por el Secretario de dicho sindicato Diego Cañamero, entraron en un Mercadona en Écija y en un Carrefour en Arcos de la Frontera llevándose varios carros de comida que repartieron en barrios y entre personas que actualmente no pueden acceder ya a una cuestión tan básica como la alimentación. Inmediatamente el Ministro del Interior y el PP salieron a la palestra para condenar este ataque contra la propiedad privada, deteniéndose poco después a dos sindicalistas del SAT y al Secretario de Organización de esta organización, José Caballero. Desde el Sindicato de Estudiantes y la Corriente Marxista Revolucionaria El Militante queremos en primer lugar manifestar nuestra solidaridad con los sindicalistas detenidos, exigiendo la inmediata liberación de los mismos, así como la retirada de todos los cargos que se les imputan.

 

Tras la acción llevada a cabo por el SAT se ha iniciado una brutal campaña de criminalización calificando dicha acción y a los compañeros del SAT que la protagonizaron de simples ladrones, tratando de omitir el carácter político de la misma. El Ministro del Interior ha calificado esta acción como algo “intolerable”, remarcando que no permitirá que se vulnere la ley ya que “esto sería la ley de la selva”. Desgraciadamente el Ministro no se ha percatado que ya estamos inmersos en la “ley de la selva” como consecuencia de los brutales recortes que esta impulsando su Gobierno y que están hundiendo al conjunto de la población en la más absoluta miseria. Una “ley de la selva” impuesta por banqueros, especuladores y multinacionales, como es el caso de Carrefour y Mercadona, tal y como ya demostró el presidente de esta última Juan Roig cuando exigió una reforma laboral aún más dura poniendo como ejemplo los bazares chinos, con jornadas laborales interminables y ausencia total de cualquier derecho para los trabajadores. Justamente son estas multinacionales de la alimentación unas de las que más han incrementado sus beneficios en los últimos años, haciendo de este sector una fuente ingente de negocios mediante el incremento constante del precio de los alimentos, especulando con las necesidades básicas del conjunto de la población. El propio Mercadona consiguió en 2011 un beneficio neto de 474 millones de euros, un 19% más respecto al año 2010.

El Gobierno del PP y los grandes empresarios de este país carecen de cualquier tipo de legitimidad para criticar esta acción de los compañeros del SAT, cuando día sí y día también aprueban constantes recortes hundiendo las condiciones de vida de millones de personas con la finalidad de continuar trasvasando cientos de miles de millones de dinero público, de todos, a  los bolsillos de banqueros y grandes empresarios. Mientras se plantea eliminar la ayuda de 400 euros para los parados, cuya prorroga supondría 500 millones de euros, poniendo a muchas familias en una situación de absoluta indigencia, y mientras se desmantelan la educación y sanidad públicas argumentando que no hay dinero, se conceden 100.000 millones a los bancos para que continúen haciendo negocio. Evidentemente el problema que la derecha y los empresarios tienen con esta acción es que pone en cuestión la propiedad privada de los grandes capitalistas, planteándose  por qué un puñado ínfimo de personas poseen el conjunto de los recursos que genera la clase trabajadora y por qué tienen derecho con sus decisiones a condicionar la vida y el futuro del conjunto de la sociedad.

Desde el Banco de Alimentos de Andalucía, continuando con la campaña de criminalización impulsada por el Gobierno, se han negado a recibir dichos alimentos por ser “robados”, ya que solo aceptan alimentos que procedan “de empresas y donantes totalmente legales”. Este argumento resulta profundamente hipócrita cuando los propios donantes de alimentos con los que trabajan son las mismas multinacionales que se están beneficiando de la crisis y que presionan a los Gobiernos para que continúen con los salvajes planes de ajuste y con los recortes, como es el caso de Mercadona, Carrefour, Nestle o el BBVA. De hecho las empresas que hacen dichas donaciones obtienen importantes incentivos fiscales utilizando este mecanismo, e incluso en algunos casos subvenciones directas que cubren la retirada del producto, su envasado y su transporte, obteniendo incluso beneficios respecto de una parte de los alimentos, que en caso de no donarlos tendría que tirar, corriendo con dichos gastos. Por otro lado este mecanismo sirve a su vez para mantener en muchos casos los precios mediante la reducción de la oferta. El propio Banco de Alimentos de Navarra, demostrando el carácter de estas entidades privadas, ha solicitado al Gobierno que incremente las desgravaciones fiscales hasta en un 50% para las empresas que les donen alimentos.  ¡¡Un nuevo ejemplo del tipo de solidaridad que defienden los capitalistas!!

Desgraciadamente desde el PSOE, y desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, se da pábulo a la campaña desatada contra Sánchez Gordillo y los trabajadores del SAT, calificando, como ha hecho Griñán, la acción del SAT como “una barbaridad”. Lo que no le parece una barbaridad al presidente de la Junta es el impago de las pólizas a más de 5.000 trabajadores por sus prejubilaciones, como consecuencia de la suspensión de pagos de Generali, aseguradora que se encargaba de su gestión. El Gobierno de izquierdas de la Junta de Andalucía, que recibió el apoyo mayoritario de la clase obrera y los jornaleros andaluces para frenar al PP en su brutal ofensiva contra los derechos laborales y sociales, debería tomar ejemplo de los compañeros del SAT, y de compañeros como Gordillo y Cañamero, de cara a hacer frente de forma consecuente a la ofensiva del PP. En vez de plantear recortes, como ha hecho en sus últimos presupuestos, debería cuestionarlos liderando un movimiento consecuente de rebelión que ponga en cuestión la lógica propia del sistema capitalista, que pasa inevitablemente por acabar con los derechos que los trabajadores hemos conquistado desde la caída de la dictadura franquista.


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