La Fundación O’Belén es una entidad sinónimo de lucro cuyo objetivo, declarado por ellos mismos, es la atención y protección de los menores, jóvenes y sus familias. Loable objetivo con el que podrían engañar a algún incauto hasta que vemos quiénes son sus fundadores: Emilio Pinto Rodríguez (ex portavoz del PP en Sigüenza y propietario de Ain-Karen Viajes, empresa dedicada a “ayudar” a la Iglesia en su labor evangélica organizando peregrinaciones), Manuel Pizarro Moreno (vocal de la FAES, ex presidente de Ibercaja y expresidente de Endesa), José Morales Paulés (directivo de Ibercaja), Javier Herrero Sorriqueta (ex consejero delegado de Iberdrola) y Manuel Ureña Pastor (arzobispo, miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis). Con estas credenciales nada bueno se podía presagiar.

 

Esta entidad fue de las pioneras en la gestión de los llamados centros terapéuticos de protección de menores, en realidad una especie de cárceles donde se recluye a niños supuestamente afectados por trastornos del comportamiento. Gracias al caudal de dinero público que este tipo de empresas saquea a través de la privatización de los servicios sociales, O’Belén fue ampliando el negocio, pasando a gestionar centros de acogida y de reforma, programas de inserción laboral e incluso los servicios de acogimiento familiar.
En el 2009 durísimos informes de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo confirmaban lo que numerosos colectivos llevaban años denunciando: en los centros terapéuticos de protección de menores se vulneran los derechos humanos (“apreciamos irregularidades y vulneración de los derechos de los menores, a los que se medica sin respetar las prescripciones de la Ley de autonomía del paciente, y son sancionados desproporcionada y arbitrariamente”)*.
Especialmente duro con O’Belén, el informe del Defensor del Pueblo demostraba que en sus centros se utilizan celdas de aislamiento, prohibido explícitamente por la ONU (“un solo instante de permanencia en el interior de esas salas permite aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de humanidad”), se abusa de psicofármacos (“atiborrar de pastillas a los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina profesional en lugar de implicación con el tratamiento”), se producen agresiones físicas (“las contenciones se realizan varias veces al día y con una agresividad innecesaria y desproporcionada”) y humillaciones de todo tipo (“se realizan registros con desnudos integrales sin justificación … se encubren prácticas contrarias a los derechos de los menores como atar a dos niños uniéndoles por las muñecas o prohibirles la asistencia al centro escolar”). Desgraciadamente, debido a estas condiciones propiciadas por la privatización de este tipo de centros, al menos tres niños de entre 12 y 14 años han perdido la vida bajo custodia de O’Belén. Finalmente, gracias a la presión social varios de sus centros fueron clausurados y su presidente, Emilio Pinto, se vio obligado a dimitir.

El negocio resurge de la mano del PP

Tras el cierre de sus centros parecía que se les acababa el chollo (llegaban a recibir hasta 6.900 euros mensuales por plaza). Pero con la llegada de su nuevo presidente, el psiquiatra Javier San Sebastián (hermano de la reaccionaria periodista Isabel San Sebastián, adalid del “todo es ETA”), y del PP al gobierno de Castilla-La Mancha, el dinero público vuelve a correr por las cuentas de O’Belén.
La Junta concedió la reapertura de uno de sus centros clausurados en Azuqueca de Henares, reconvertido en centro de internamiento psiquiátrico infanto-juvenil. Y ahora todo parece indicar (aunque no está confirmado) que va a concertar con esta empresa un nuevo centro de primera acogida de menores y un centro de día para jóvenes y adolescentes, también en Azuqueca. Por otro lado, la dirección general de Familias, Menores y Promoción Social ha anunciado la creación de un macrocentro de reforma que será gestionado privadamente vía concierto (y todo hace pensar que la entidad beneficiaria será O’Belén, ya que incluso el anuncio de la licitación se hizo en presencia de su presidente). Según la Junta, el concierto superará ampliamente los siete millones. Mientras despide a miles de profesores, recorta salvajemente en servicios sociales y deja en la indigencia a cientos de jóvenes extutelados al suprimir el Programa de Autonomía Personal (dejando en la calle, de paso, a sus educadores de referencia), el gobierno de Cospedal plantea promocionar socialmente a familias y menores… ¡construyendo una cárcel para niños!, que además nace privatizada.
Y para redondear la jugada, O’Belén ha creado junto al ayuntamiento de Chiloeches (gobernado por el PP) una fundación que se encargará de gestionar una residencia de ancianos financiada con los fondos europeos destinados al desarrollo rural. Nada de esto resulta extraño si tenemos en cuenta que José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta es hermano de Teresa Echániz, miembro del patronato de la Fundación Confías. Esta fundación es presidida por Javier San Sebastián, también presidente de O’Belén. Tampoco parece casualidad que este psiquiatra sea firme partidario de la utilización de psicofármacos desde edades muy tempranas, ya que sus congresos los patrocinan empresas farmacéuticas como Lilly y Jansen-Cilag. Un ejemplo más del funcionamiento corrupto del capitalismo y sus representantes políticos. Las privatizaciones únicamente sirven para trasvasar dinero público a manos privadas, afectando tanto al servicio prestado como a los trabajadores del sector. El PP está utilizando su poder político para repartirse los servicios públicos entre familiares y amigos, como es el caso de los procesos de privatización de la sanidad, que está teniendo como principal beneficiaria a Capio Sanidad (controlada por CVC Partners Capital, una SICAV con sede en un paraíso fiscal), para quien trabajan Teresa Echániz como subdirectora de investigación, e Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal.
No podemos consentirlo. Los trabajadores de la sanidad pública madrileña están marcando el camino. Los sindicatos de clase tienen la responsabilidad de unificar todas las mareas y extender la lucha al conjunto de la sociedad. Porque la privatización pervierte en origen la función de la educación, la sanidad y los servicios sociales, pasando a ser su objetivo el lucro empresarial. Unas condiciones de vida dignas para nuestra clase pasan por conseguir que estos servicios sean de titularidad y gestión pública, democráticos y de calidad.

* Las citas entre paréntesis son extractos del discurso en el Senado de Enrique Mújica como Defensor del Pueblo, presentando el informe sobre centros de protección de menores con trastornos de conducta.


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