El gobierno del PP ha presentado su anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trata de un proceso de recentralización, donde los ayuntamientos perderán competencias, de tal manera que pasarán a ser poco más que la correa de transmisión de gobierno central y comunidades autónomas. Por ejemplo, los municipios de menos de 20.000 habitantes, donde vive cerca del 70% de la población, perderán todas las competencias en sanidad, educación y servicios sociales, que pasarán a la comunidad autónoma o a las diputaciones.

De esta forma, experiencias como la de Villaverde del Río en Sevilla (donde el ayuntamiento de IU ha municipalizado el servicio de ayuda a domicilio, mejorándose tanto las condiciones laborales de las trabajadoras como el servicio prestado a los usuarios al desaparecer la empresa intermediaria) serán inviables desde el punto de vista de su legalidad.
El objetivo de esta reforma queda muy claro, el propio texto señala la intención de favorecer “la iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”, en alusión a la modificación de la Constitución pactada por el PP y el gobierno de Zapatero para garantizar el pago de la deuda sobre cualquier otra necesidad. Con esta reforma, entre otras cosas, pretenden anular las resistencias locales a los recortes y a la privatización de los servicios públicos. Además, su aprobación pone en peligro decenas de miles de empleos públicos.
En las últimas décadas, los servicios sociales se han organizado atendiendo a su nivel de especialización, distinguiéndose entre Atención Primaria (de competencia municipal) y Atención Especializada (de competencia autonómica). Los primeros constituyen la estructura básica del sistema público de servicios sociales, siendo su finalidad conseguir unas mejores condiciones de vida de la población mediante una atención integral y polivalente. Los segundos deben entenderse como aquellos que requieren el desarrollo de una atención específica a usuarios con circunstancias especiales (por ejemplo, un recurso residencial para personas con discapacidad). Los Servicios Sociales Comunitarios o Generales, de competencia municipal, son la estructura de gestión pública más cercana que tiene la ciudadanía para garantizar el acceso a sus derechos sociales.

Defendamos los servicios sociales

En definitiva, lo que pretende la derecha con su nueva Ley Local es eliminar los servicios sociales (teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos otros) en los municipios con menos de 20.000 habitantes, despedir al personal cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios sociales que no desaparezcan a las diputaciones provinciales y privatizar la prestación de esos servicios cediéndolos a empresas concesionarias. Y en los grandes municipios, las competencias en servicios sociales se limitarán a “la evaluación e información de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Además, en el caso de estos municipios el gobierno central se reservará el derecho de fijar el coste máximo de los servicios a prestar. El proyecto de ley deja en manos de las comunidades autónomas prácticamente todas las competencias en servicios sociales, pudiendo delegar en algunos casos su prestación en los ayuntamientos más grandes, aunque sin decir cómo ni de dónde se van a financiar.
Tras años de privatizaciones y recortes, la aprobación de esta ley sería el tiro de gracia para los servicios sociales. Su funcionamiento sería aún más rígido y burocrático, sin contacto alguno con la realidad social. Y desaparecerían multitud de servicios que, no lo olvidemos, son derechos conquistados tras décadas de lucha. El tejido social de los barrios perdería cualquier atisbo de control sobre la actuación de la administración y la gestión de los recursos que queden pasará totalmente a manos privadas (Iglesia y patronal ya se frotan las manos). Del Estado social y de derechos del que habla su Constitución, volveremos de nuevo a la beneficencia, a la denigrante caridad que tanto gusta a los “defensores” de la vida y la familia.
Este anteproyecto nace con el rechazo de toda la oposición parlamentaria salvo UPyD que, como siempre, aplaude con las orejas cualquier medida antidemocrática e incluso critica al gobierno su falta de ambición en esta reforma. Los sindicatos también han mostrado su oposición. Pero no basta con ruedas de prensa. Para defender los servicios sociales, los sindicatos de clase tienen que empezar por organizar y unificar a los trabajadores de la intervención social, un sector muy atomizado y desmovilizado a pesar de la depauperación de los servicios prestados, la precariedad laboral y la sangría de puestos de trabajo tras años de privatizaciones y recortes. Es necesario unir a los distintos colectivos afectados por recortes y cierres de recursos, reactivar la lucha por un convenio único y difundir la alternativa (servicios sociales públicos, democráticos y de calidad). Una lucha imbricada en otra más general: la única manera de revertir el proceso de involución social que intentan imponernos es derrocar al gobierno del PP, hay que ir hacia otra huelga general.