¡Las privatizaciones y recortes del PP y del PSOE son responsables de esta tragedia!

En las últimas horas se está destapando la dramática situación que sufren las residencias de mayores de todo el país, particularmente grave en la comunidad de Madrid donde los brotes de Coronavirus han ocasionado ya más de 80 muertos y centenares de infectados. Pero estas cifras son solo la punta del iceberg de la catástrofe y el crimen que se está cometiendo contra nuestros mayores.

La epidemia se extiende por las residencias sin control

Los casos se extienden por todas las provincias y comunidades como la pólvora. En Guadalajara, en la residencia siglo XXI con dos fallecidos, 14 bajo sospecha y un medico y dos enfermeras con síntomas. En la residencia de Morata de Tajuña (Madrid) con 5 muertos; también en el barrio de Moratalaz de la capital, Residencia Alberta, hay 40 residentes aislados y cuatro fallecidos (hay que señalar que de esos 40 aislados a ninguno se le ha hecho la prueba del coronavirus). La fiscalía de Madrid va a investigar la muerte de una veintena de personas en la residencia Monte Hermoso por denuncias ante el defensor del paciente. En la residencia de Tomelloso, en Ciudad Real, 15 ancianos muertos y 15 ingresados: según informaciones de la prensa, la Junta de Castilla la Mancha va a denunciar al director del centro debido a que no informó ni de los contagios ni de los fallecimientos.

En Cataluña, la fundación privada Consort Guash anunció la muerte de 6 personas. En Vitoria hubo otros 8 fallecidos en residencias privadas y 45 residentes infectados. En Soria otros 9 ancianos han fallecido con síntomas de coronavirus. Un suma y sigue, que se va a multiplicar exponencialmente, en medio de la completa desatención y el abandono de nuestros mayores. La situación es dramática, con constantes llamamientos de los trabajadores de estos centros, denunciando la falta de protección y recursos sanitarios mínimos para evitar el contagio masivo de cuidadores y residentes.

Hay que señalar que el Gobierno y las administraciones públicas de las que dependen en as CCAA no han previsto ninguna medida de prevención y contingencia. Las han dejado completamente desprotegidas y al pairo de los acontecimientos, y el resultado ha sido lo que estamos viendo, una auténtica matanza.

Ante el avance del coronavirus en las residencias de ancianos, la primera medida de la Comunidad de Madrid fue una instrucción el 19 de marzo para que los inspectores llamaran a cada una de las 500 residencias para conocer la situación en cada una de ellas. ¡Una llamada telefónica es todo! ¡No puede haber una confesión más evidente de descontrol, desidia, inoperancia y abandono! Para echar balones fuera y escurrir el bulto de sus responsabilidades, la presidenta regional acusa al Gobierno central de lo sucedido, y solicita al ejército que ayude al personal de las residencias a detener el avance del virus.

Los recortes y las privatizaciones matan

Estas son las consecuencias dramáticas de 30 años de privatizaciones. Hay actualmente 375.000 plazas en residencias de mayores en todo el país, pero de este total solamente 208.000 son públicas o concertadas, y el 44% restante son privadas. El sector emplea a 175.000 trabajadores. La cobertura de residencias a nivel nacional, como sucede en otros servicios sociales está por debajo del 5% que aconseja la OMS: solo se cubre el 4,3% de la demanda nacional. Además, los precios de las residencias privadas oscilan en torno a 1.800 euros, muy lejos del alcance de la mayoría de la población anciana: solo 15 de cada 100 jubilados cobran más de 1500 euros. Así, la privatización es un saqueo del patrimonio de las personas mayores sin ingresos suficientes, y se ha convertido en un suculento negocio para las empresas ante la insuficiente oferta de plazas en las residencias públicas.

La privatización, lejos de mejorar los servicios sociales, ha servido para enriquecer a empresarios conchabados con los políticos del PP y el PSOE a costa de la salud y vida de los ancianos, buena parte de ellos personas dependientes. Esto es lo que conlleva hacer de una necesidad social tan prioritaria, el cuidado de nuestros mayores, una fuente de lucro para estos capitalistas sin escrúpulos, tan bueno que en los últimos años se han convertido en terreno preferente para los fondos de inversión extranjeros: solo en Madrid en 2016 se vendieron 16 residencias a esos fondos, y el conjunto del negocio movió en 2019 cerca de 4500 millones de euros (https://cronicaglobal.elespanol.com/business/geriatricos-espanoles-negocio-fondos_66271_102.html)

Pero no ha sido solo la política del PP. En 2006 CCOO en Castilla-La Mancha denunciaba como la gestión privada de las residencias que otorgaba el gobierno regional del PSOE, suponía el doble de coste para el Estado que la gestión pública directa, dinero que obviamente se embolsaban los empresarios (https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-ccoo-denuncia-privatizacion-residencias-mayores-junta-duplica-gasto-publico-gestion-20060202141104.html). Andalucía es la una de las comunidades autónomas donde más se han privatizados los servicios sociales, tanto hospitales como residencias de ancianos, todo ello bajo el gobierno del PSOE
La privatización ha conducido a un deterioro de las condiciones sanitarias y de vida de los residentes, un incremento descarado de la explotación de sus trabajadores y una escasez crónica de los medios necesarios para una atención digna y de calidad. No es de extrañar que una crisis como está se haya convertido en la gota que ha colmado el vaso, precipitando al abismo las residencias y convirtiéndolas de la noche a la mañana en los lugares mas propicios para el surgimiento de brotes de coronavirus y en mataderos de ancianos.

Los trabajadores y trabajadoras de las residencias de ancianos están denunciando desesperadamente la falta de material, mascarillas y equipos de protección, y el retraso en las pruebas de detección de la enfermedad. La situación de colapso de los hospitales públicos madrileños está conduciendo a situaciones dramáticas, en las cuales se está denegando el envío de ambulancias a las residencias de ancianos, condenando a un gran número de ellos a una muerte agónica (https://www.eldiario.es/economia/inversiones-residencias-mayoreslos-envejecimientoante-ofertapublica_0_956454528.html).

Años denunciando esta situación penosa

Los efectos de las privatizaciones de las residencias de ancianos vienen años denunciándose por parte de los trabajadores a lo largo y ancho de todo el país. En el caso de las residencias del Grupo Aralia de Madrid, uno de los principales consorcios privados de servicios sociales, las trabajadoras denunciaban la falta de personal, el pésimo servicio (llegaban a alimentar a 75 personas con 9 calabacines), y han aparecido en programas de televisión, como el de Chicote, ante la falta de respuesta por parte de la administración.

En la Comunidad de Madrid, de las 40 residencias públicas que existen 18 son de gestión privada, y Aralia llevaba la gestión de tres geriátricos de 750 plazas. Desde que el PP otorgo la concesión en 2014 hasta la actualida ha sido sancionada 15 veces por violar la ley, con 358.000 euros. Los motivos denunciados por familiares y trabajadores son la suciedad de las instalaciones, la falta de personal y no haber comunicado incidencias. Aralia posee residencias en el Estado español con 16.000 ancianos.

¿Y quién es propietario de Aralia? Es el constructor José Luis Uribarri, actualmente en prisión preventiva por su implicación en la trama ENREDADERA. También se halla imputado en la PUNICA, por causa de la concesión de contratos públicos a cambio de sobornos. La mano de Uribarri operaba también bajo el gobierno regional de Cospedal en Castilla- La Mancha: durante su mandato se adjudicó un contrato de 34 millones de euros para la gestión de una residencia de mayores en Toledo al Grupo Begar, presidido también por este personaje.

Como decía la marea blanca, y ahora esas palabras resuenan con más fuerza: “las privatizaciones matan”.

Ante este crimen son necesarias acciones ya. El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos debe dejar de mirar para otro lado y responder a esta matanza con decisión. Nuestros mayores también tienen derecho a la vida:

• El gobierno tiene que nacionalizar ya, sin indemnización y bajo control de los trabajadores, usuarios y familiares, todas las residencias privadas de mayores del país, y acabar inmediatamente con la gestión privada de las que son de titularidad pública.

• Dotar inmediatamente de todas las medidas de protección y recursos sanitarios necesarios, materiales y humanos, para que las residencias de ancianos no se conviertan en cementerios. ¡Cualquier demora es criminal!

• Castigo ejemplar a los empresarios y políticos del PP y PSOE implicados en la privatización de los servicios sociales. Que se expropie sin indemnización todo su patrimonio y se dedique a la sanidad y las residencias públicas.