Según las investigaciones de la Agencia Tributaria, Fórum Filatélico y Afinsa ocultaban un desfase patrimonial en 2004 de 3.500 millones de euros. ¿Cómo fue posible llevar a cabo tamaño engaño sin despertar las sospechas de los clientes? En primer lugar porque ninguna de las empresas faltó a sus compromisos de devolución de los intereses, que oscilaban entre un 6% y un 12% de los depósitos realizados. En un momento en que los tipos de interés bancarios son bajos, y cuando muchas familias humildes no pueden invertir en los fabulosos negocios especulativos de la bolsa o el sector inmobiliario, que realizan con total impunidad grandes inversores y empresas de la construcción, esta rentabilidad aseguraba la lealtad de los clientes. En segundo lugar, la captación de los capitales se realizaba a través de una red de miles de agentes que publicitaban la oferta de ambas empresas a través del boca a boca, involucrando a los círculos familiares y de amistad en el supuesto negocio.

Para cubrir con un tupido velo sus responsabilidades y desviar la atención, el gobierno y los editoriales de los grandes medios de comunicación han puesto el énfasis en que ambas empresas eran caladero de blanqueo de dinero. Qué duda cabe que muchos empresarios habrán lavado dinero de sus actividades en un negocio que no tenía la calificación de actividad financiera, sino mercantil, y que, por tanto, tributaba en una cuantía ínfima a hacienda. Pero lo fundamental de este caso es que la inmensa mayoría del capital estafado proviene de familias que veían en estas inversiones un seguro para sus ahorros, para su jubilación, o una forma de completar sus futuros ingresos. El hecho de que pueblos y localidades enteras de Castilla - La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Andalucía, se hayan visto atrapadas en esta estafa indica ante lo que realmente estamos.

La responsabilidad

del Estado

La investigación de la Agencia Tributaria comenzó en 2003. Según sus conclusiones ambas sociedades no tenían capacidad financiera para soportar la cuantía de los compromisos que habían adquirido con los clientes. Este informe fue la base para la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, que culminó en la querella presentada el pasado 24 de abril, y que determinó que el proveedor habitual de Afinsa, Francisco Guijarro, había vendido a la empresa sellos de muy escaso valor por una cuantía de 60 millones de euros y, a su vez, Afinsa los había colocado a sus clientes por más de 700 millones de euros. Lo más increíble de esta investigación es que la Agencia Tributaria reconoce, textualmente, que los contratos comerciales de Afinsa “consisten en la captación de ahorro público realizada por la sociedad mediante unos contratos de venta de sellos de inversión equivalentes a préstamos retribuidos”.

Que el PP tiene una probada responsabilidad en mirar a otro lado y amparar esta estafa —como hizo durante ocho años con la trama de corrupción que se enseñoreó de Marbella o con los pelotazos inmobiliarios a costa de obras públicas gestionadas por la derecha—, está más que demostrado; pero lo que no dice el diario El País, es que con su complicidad y con la del anterior gobierno del PSOE este tipo de negocios, emblemas de la “excelencia” del capitalismo, fueron alentados y publicitados sin ningún escrúpulo.

Es absolutamente increíble que desde las altas instancias del Estado se haya actuado de esta manera amparando una estafa de proporciones descomunales. La actuación final de la Audiencia Nacional, enviando a prisión a cuatro directivos de Fórum Filatélico y otros cuatro de Afinsa no puede ocultar que toda esta gigantesca trama se ha realizado ante las narices de los diferentes gobiernos y con la permisividad de las autoridades económicas.

En defensa de

las familias trabajadoras

que han sido estafadas

Esta estafa es una prueba más, las hay a millones en todo el mundo, de cómo el funcionamiento del capitalismo supone una auténtica pesadilla para la clase obrera. No es la primera estafa ni será la última. Sin embargo, todos los organismos de la clase dominante, desde los medios de comunicación hasta las instituciones del Estado, lo único que hacen es echar balones fuera y descargar sus responsabilidades. También lo hace el gobierno del PSOE que, por boca de su ministro de Economía, afirmó que el Estado no puede respaldar los millones estafados a miles de familias trabajadoras.

En realidad esta actitud es la consumación de este gran timo y revela el auténtico carácter de clase del Estado, y también de la política del gobierno.

Cuando el Primero de Mayo, Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos y la producción de gas, afectando de esta manera a multinacionales como Repsol, todos los medios de comunicación de la burguesía pusieron el grito en el cielo y exigieron una intervención decidida por parte del gobierno. ¡Faltaría más! Los sacrosantos beneficios de los capitalistas españoles tienen que ser defendidos cueste lo que cueste. En este caso, el gobierno de Zapatero envió una delegación del más alto rango para defender a Repsol y al BBVA y garantizar que los miles de millones de beneficios que estas empresas obtienen robando al pueblo de Bolivia sean garantizados.

Siempre que se ha producido una quiebra importante, como en su día fue Rumasa o Banesto, el Estado, con dinero de todos los contribuyentes y el beneplácito de todos los defensores del capital, ha saneado estas empresas y las ha vendido posteriormente a precio de saldo a otros loables empresarios que sólo han tenido que dar a la máquina para obtener multimillonarios dividendos.

Pero ahora la cosa es “diferente”. Se trata de los ahorros de decenas de miles de familias obreras y, claro, el rasero no puede ser igual. En su editorial del pasado domingo 14 de mayo el diario El País sentenciaba: “No parece pertinente aplicar a este caso el principio jurídico de responsabilidad subsidiaria del Estado. No sería justo que los contribuyentes sufragaran con sus impuestos la falta de prudencia de quienes eligieron inversiones de mayor riesgo ante la promesa de rendimientos superiores.” ¡Qué ejemplo de hipocresía y cinismo! Para El País, las familias obreras engañadas cruelmente por estas empresas son como brokers de la bolsa que eligieron inversiones de alto riesgo. No se puede tener más cara dura.

Lamentablemente, estos argumentos han encontrado eco en algunos sectores de la izquierda, que culpabilizan a las familias trabajadoras por no tener conocimientos en las altas finanzas. Sin embargo, los marxistas, y todos aquellos que defienden consecuentemente los intereses de los trabajadores debemos de adoptar un punto de vista muy diferente, porque esta estafa es responsabilidad del capitalismo y de sus instituciones.

En primer lugar el gobierno tiene la obligación de incautar todo el patrimonio de los propietarios y directivos de Fórum Filatélico y Afinsa. Todos los chalets de lujo, todas las propiedades inmobiliarias, todas las empresas e inversiones. Estamos hablando de miles de millones de pesetas. Que les expropien hasta el último euro para garantizar los depósitos de las familias trabajadoras. Obviamente todos aquellos que tienen inversiones multimillonarias en estas empresas para blanquear capitales no pueden tener ninguna compensación. Y para establecer quién puede acceder a estas compensaciones, quién ha invertido realmente sus ahorros en esta estafa se debe formar una comisión de investigación independiente, integrada por representantes de los sindicatos de clase, asociaciones de consumidores, de los afectados elegidos en asamblea en las diferentes provincias, y miembros de la administración. Por otro lado este negocio no era un simple trato mercantil, sino un fabuloso entramado financiero que se ofertaba como tal. La gran banca también es responsable de esta situación, pues a través de ella se han colocado miles de millones de euros en negocios lucrativos por parte de los propietarios de ambas empresas. Por tanto, el Fondo de Garantía del Banco de España debe cubrir las necesidades que resulten de este desaguisado, para que los auténticos responsables del funcionamiento de la economía de libre mercado hagan frente a sus obligaciones.

Las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda, empezando por CCOO, UGT e IU deben tomar este asunto como propio y obligar al gobierno del PSOE a que cumpla con su responsabilidad, que no es otra que ofrecer una solución a las víctimas y el castigo más ejemplar a los responsables.

El timo de la estampita, como sarcásticamente han calificado a esta estafa los ingeniosos periodistas de El País o El Mundo, esconde en realidad el timo del capitalismo. Una prueba más de la necesidad de enviar este sistema al basurero de la historia.

Versión completa en www.elmilitante.org