De nuevo el gobierno del PP pretende llevar a cabo una reforma del IRPF que no es más que otro regalo a los que más tienen, haciendo el impuesto más injusto y recaudando menos por esta vía.
En la Transición, cuando se introdujo el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), a los trabajadores nos plantearon este impuesto sobre la renta como algo general y de carácter progresivo. Paga más el que más tiene. Ése era el principio que lo definía. En realidad, debido al fraude y a las crecientes desgravaciones fiscales, éste es un impuesto que soportamos básicamente los trabajadores, aportando las tres cuartas partes de la recaudación total.
El IRPF representa más de la cuarta parte de los ingresos no financieros totales del Estado, por lo que es el principal impuesto del Estado. De la reforma del IRPF que el PP aplicó ya en 1999 conocemos los resultados: ha beneficiado en mayor medida a los que más tienen, ha deteriorado gravemente la progresividad del impuesto (los contribuyentes con ingresos superiores a diez millones de pesetas se ahorraron 640.000 pesetas de media, mientras que el 10% de contribuyentes con menores ingresos se ahorraron sólo 2.500 pesetas), no se ha reducido ni un ápice el fraude fiscal, que se concentra en las rentas más altas, se ha reducido la recaudación en más de 10.000 millones de euros (1,7 billones de pesetas) en dos años (1999-2000), etc.
Por un lado, el gobierno del PP ha rebajado los impuestos directos a los más ricos. Por el otro, ha aumentado constantemente los impuestos indirectos: sobre los carburantes, las bebidas alcohólicas, el tabaco, los peajes de las autopistas, el IVA del butano..., lo que perjudica claramente a las rentas más bajas. Por esta vía, el gobierno del PP ha compensado lo que ha dejado de recaudar con la rebaja del IRPF y, de hecho, la presión fiscal global ha aumentado 2,4 puntos sobre el PIB de 1995 a 2000. Los impuestos indirectos sobre el total de recaudación han pasado de representar el 45,3% al 50% en el mismo período. Así, la conclusión es clara. La derecha lleva a cabo a rajatabla la política de dar al que más tiene y de quitarle al más humilde.
La nueva reforma del IRPF es una nueva vuelta de tuerca en el mismo sentido. El Gobierno pretende rebajar el tipo de tributación a las rentas más altas, estableciendo el máximo en el 40%, que sería el tipo máximo más bajo de toda la UE. Los tramos han pasado de 17 en 1996 a tan sólo seis en la actualidad. El tipo máximo se ha reducido del 56 al 48% (8 puntos), mientras que el mínimo lo ha hecho del 20 al 18% (dos puntos). Está claro quién se ha beneficiado de estas reformas.
La próxima reforma del IRPF tendrá un coste superior en todo caso a 2.400 millones de euros (400.000 millones de pesetas) que se añadiría al coste de la reforma llevada a cabo en 1999, aproximadamente 5.000 millones de euros anuales. Estos recortes van a repercutir, como ya está pasando, en el gasto público y, especialmente, en el gasto en protección social. El Estado español es el segundo país con el gasto en protección social más bajo de la UE, sólo por encima de Irlanda.
Por último, en el informe encargado por el Gobierno para bendecir las nuevas reformas se contempla un incentivo especial "para la vuelta al mercado de trabajo". Este incentivo va dirigido a los trabajadores en paro y trata de promover la aceptación por parte del trabajador de cualquier trabajo, aunque sea mal pagado. Sobran comentarios a este incentivo de la derecha a los bajos salarios y a esta despreciable idea que difunde interesadamente la burguesía identificando al parado con un vago. ¡Ya está bien! ¡Hasta aquí hemos llegado! Los trabajadores no podemos tolerar más ofensas y más ataques a nuestra dignidad como clase. Obliguemos a nuestras organizaciones políticas y sindicales a responder en la calle a los ataques de estos sinvergüenzas y ladrones.
