Un año y medio después de la primera reunión de la ponencia para la reforma del Estatut de Catalunya (febrero del 2004), la comisión aprobó en julio la proposición de ley con los votos del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA), la abstención de CiU y el voto en contra del PP. Se pretende que en septiembre se debata el texto y las enmiendas y que finalmente se apruebe un nuevo Estatut con mayoría suficiente para presentarlo en el Congreso de los Diputados. Durante las últimas semanas, meses ya, la cuestión de la reforma estatutaria de Catalunya ha estado en el candelero.
Para el PP de Acebes, Rajoy y Zaplana, la reforma del Estatut de Catalunya “romperá España y Zapatero será el responsable”. La derecha española sigue con su particular cruzada contra los separatistas (Maragall el primero), del mismo modo que combate junto a la Iglesia a los “apóstatas y ateos” del Gobierno. Por el otro la derecha catalana, CiU, que en más de 20 años no tocó una coma del Estatut del 79, amaga ahora con votar en contra si no se aceptan sus propuestas. Artur Mas ve la amenaza de que Maragall acabe sacando adelante el nuevo Estatut y consolide su posición. Pero a parte de los intereses del aparato de CiU, que desde luego juegan un papel, están también los de la burguesía catalana. La carta de los 20 principales empresarios, encomiando al PSC y a CiU a llegar a un acuerdo, refleja gráficamente las presiones y los intereses que hay detrás de la reforma del Estatut.
La cuestión del nuevo Estatut no levanta pasiones entre los trabajadores y la juventud de Catalunya. El dirigente de EUiA, Jordi Miralles, se lamentaba de que “no hay amplias masas en la calle reivindicando un nuevo Estatut”. Y no, no las hay. Sería completamente diferente si en el Estatut se viera reflejado claramente qué tipo de medidas se van a tomar para garantizar toda una serie de derechos: el acceso a una vivienda digna a las jóvenes parejas, eliminar la precariedad laboral, una sanidad pública de calidad sin listas de espera, una escuela pública de calidad y con medios… Cuestiones concretas que por descontado preocupan a las familias trabajadoras y a la juventud. Ese otro Estatut sí sería visto como una herramienta útil para la clase obrera y tendría un apoyo aplastante.
Más financiación no es igual a más derechos sociales
El tema de la financiación se está planteando por parte de los dirigentes del tripartito como un prerrequisito para avanzar en más derechos sociales para la población, pero los trabajadores desconfiamos de estas promesas. En primer lugar, porque la ampliación de derechos sociales vendrá determinada, principalmente, por la política económica que se lleve a cabo, en beneficio de qué clases se gobierne: de la amplia mayoría de la sociedad, la clase trabajadora, o en beneficio de una minoría, los grandes grupos empresariales y financieros. Mantener, por ejemplo, la misma política fiscal del PP de aumentar los impuestos indirectos, como el IVA o las tasas sobre la gasolina, que pagamos por igual de forma independiente a las rentas de cada uno, y por otro lado recortar los impuestos a los más ricos, no es desde luego la política que deberían llevar ni el gobierno del tripartito ni el gobierno del PSOE. Como tampoco deberían seguir engordando los bolsillos de los empresarios de la escuela privada a través de subvenciones y conciertos y dedicar esos recursos para construir más centros públicos y con más medios. Así que más financiación, si no hay un giro a la izquierda en la política económica y social del tripartito, no va a representar más derechos sociales.
En el texto aprobado en la ponencia parlamentaria se mencionan toda una serie de derechos: a una vivienda digna, a la educación… pero no se dice nada acerca de cómo hacer efectivos estos derechos. Todo queda en lo genérico (“lo que la ley determine”). Papel mojado, igual que la Constitución. No hay ningún avance en materia social para los trabajadores en el nuevo Estatut.
La experiencia de los casi dos años de gobierno tripartito es igualmente decepcionante para la clase obrera: no se ha hecho nada para evitar los cierres de empresas, los expedientes de regulación de empleo se aprueban sin más, no se hace nada para eliminar la precariedad laboral y reducir la jornada de trabajo, siguen habiendo escuelas públicas en barracones mientras se incrementa la partida dedicada a las subvenciones a la escuela privada…
Cuando en 1976 las luchas obreras reclamaban “Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia”, vinculaban la lucha contra el búnker franquista instalado en el poder a los derechos democráticos políticos y nacionales y, para muchos, a la transformación socialista de la sociedad. Hoy el debate sobre la reforma del Estatut aparece ligado al tema de la financiación, y los primeros que aparecen muy interesados en el tema son los principales empresarios y banqueros catalanes. La burguesía catalana pretende obtener una parte mayor del pastel, con lo que el “más para Catalunya” no se va a convertir en ninguna “conquista” de la que se vayan a beneficiar los trabajadores.
‘Solidaridad’ y derechos democráticos
Por otro lado, los dirigentes del PP siguen con su habitual demagogia, hablando de la “ruptura de la solidaridad entre territorios”. En fin, la palabra “solidaridad” en sus labios es puro sarcasmo. En realidad, todos reclaman más financiación, Aguirre en Madrid, Matas en Baleares, Camps en el País Valencià, igual que lo hacía Fraga en Galicia, pero eso no parece poner en peligro la “unidad de España”.
Dirigentes del PSOE se han mostrado contrarios también a las propuestas de financiación del tripartito, hablando de “solidaridad” entre comunidades, pero el discurso de estos dirigentes por la “igualdad” no va más allá de un posicionamiento formal, de declaraciones de cara a la galería. Como planteamos anteriormente, a través de una política social ambiciosa, mejorando y extendiendo los servicios públicos, incrementando las pensiones y mejorando los salarios, y también, desde luego, ayudando a las zonas más pobres, se conseguiría una cierta redistribución de la riqueza. Pero la política que respaldan estos dirigentes en todas las comunidades es una política económica regresiva para los trabajadores, que no encaja en absoluto con sus argumentos. En realidad, con sus declaraciones pretenden encubrir que su política económica no se diferencia mucho de la del PP.
En una época en que los derechos democráticos se recortan salvajemente en todo el mundo con la excusa de la lucha contra el terrorismo; cuando en nuestro país elementos fascistas siguen cometiendo sus ataques contra jóvenes de izquierda o contra inmigrantes, ante la pasividad de la policía nacional y los mossos d’esquadra, como hemos visto este verano con el asesinato de un inmigrante marroquí en Tortosa, o como vimos en el asesinato del joven Josep M. Isanta en las fiestas de la Patum de Berga, nada de esto se ha tratado en el debate de la reforma del Estatut. En el texto base del Estatut quedan recogidos formalmente los derechos democráticos, pero en este ámbito, por ejemplo, no se plantea la depuración de los cuerpos policiales y de los tribunales de justicia de elementos fascistas y su control democrático por parte de las organizaciones obreras. No se trata sólo de que se mencionen los derechos democráticos, sino de que se planteen los medios para garantizar estos derechos de forma plena.
Incluso en el tema de los derechos democráticos nacionales, aunque se ha presentado la reforma como un cierto “desafío” a la Constitución y se define a Catalunya como “nación”, la verdad es que no se reconoce siquiera el derecho a la autodeterminación. Para los marxistas éste es un derecho democrático elemental, que la izquierda tiene que defender. Catalunya, Euskadi y Galicia deben poder ejercer el derecho de autodeterminación, poder decidir qué tipo de vinculación quieren con el resto del Estado. Sólo de esta forma, eliminando toda imposición antidemocrática, conseguiremos ligar la lucha por los derechos democráticos nacionales a la lucha por la transformación socialista de la sociedad por encima de fronteras.
Debemos revelar los auténticos intereses de clase que se ventilan en esta reforma. Los marxistas estamos a favor del mayor autogobierno posible, de la mayor autonomía y respeto por los derechos democrático nacionales. Pero esto debe estar al servicio de los intereses de los trabajadores y sus familias y no convertirse en una pantalla para aumentar los beneficios y privilegios de la clase dominante.
