Durante estos dos años y medio de gobierno tripartito hemos visto como la derecha españolista llevaba a cabo una campaña espeluznante sobre la cuestión del Estatut. Los dirigentes del PP han repetido hasta la saciedad el sambenito de que el Estatut buscaba la “secesión” de Catalunya. Con el montaje de recoger firmas pidiendo un referéndum en todo el Estado, el PP ha intentado resucitar el anticatalanismo de la época franquista para cargar contra el gobierno de Zapatero.
Por su parte, la derecha nacionalista (CiU), que tan bien se entendió en las legislaturas anteriores con el PP, tampoco ha desaprovechado la ocasión para arremeter contra el gobierno tripartito en Catalunya y ofrecerse como “aliado responsable en Madrid”. El gobierno de Zapatero agradeció el gesto dando un protagonismo político a CiU en el proceso de aprobación del Estatut que ha levantado ampollas en el PSC y en ERC.
Las cuestiones en teoría de principios, con las que tanto teatro hizo CiU en las negociaciones en el Parlament, como el reconocimiento de Catalunya como nación, quedaron definitivamente atrás. Ahora, interpretando el papel que les correponde como representantes políticos directos de la burguesía catalana, para CiU se trataba de zanjar el tema con el asunto de la financiación, arrancando más fondos para los empresarios, y el traspaso de alguna competencia más. Parece ser que con el acuerdo sobre el Estatut, además, los dirigentes de CiU han desbancado a ERC como apoyo del gobierno Zapatero en el Congreso, con lo que los dirigentes y los cuadros de CiU se las prometen felices viéndose ya de nuevo ocupando los despachos de la Generalitat. Aunque antes habrá que ver qué dicen las urnas, y ya veremos qué resultados se dan en las próximas elecciones. Pero, más allá de las perspectivas electorales, lo que realmente vale la pena resaltar es la forma en que la derecha nacionalista ha utilizado en beneficio propio la campaña de desestabilización y acoso de la derecha españolista. Es realmente algo obsceno poner en el mismo saco a ERC y PP, por “su extremismo”, como hacen los dirigentes de CiU.
En cuanto al contenido del Estatut, a parte del punto de la financiación, las principales novedades se centran en el traspaso de más competencias. Esto por sí sólo, como hemos visto a lo largo de los 23 años de gobiernos de derechas de CiU, no basta para garantizar una política en beneficio de los trabajadores y de la juventud. En las dos décadas de gobiernos de Pujol, los traspasos de competencias a la Generalitat fueron utilizados en beneficio de la burguesía, hasta el punto de que hoy Catalunya encabeza las comunidades en lo que se refiere a privatización de la sanidad y la educación. Por ejemplo, en sanidad el 76% de los centros extrahospitalarios y el 70% de los hospitales son privados o de fundaciones privadas. En educación, la escuela privada concertada (la mayoría en manos de la Iglesia) acapara ya el 40% de los alumnos. En algunas ciudades, como Barcelona capital, supera el 60%. La claudicación de la izquierda ante la derecha en estas cuestiones queda bien a las claras cuando el gobierno del tripartito (con la consellera de ERC a la cabeza) acaba de pactar con los empresarios y la Iglesia, por un lado, que podrán seguir cobrando cuotas a los padres hasta el 2011 (algo que en teoría la ley no permite) y, por otro, que aumentarán los fondos públicos a la escuela concertada por encima de lo que había hecho incluso CiU en los últimos años de gobierno (un 8,5% y un 11,7% en 2006 y 2007 frente al 5,8% y el 4,4% en 2002 y 2003).
Ningún cambio en el modelo
de servicios públicos
Lamentablemente, el nuevo Estatut no introduce ningún cambio en este modelo de servicios públicos en manos privadas. A pesar de la propaganda a favor del Estatut del PSC y de ICV, que plantea que el Estatut representa un avance en derechos sociales y más medios para hacer una política en beneficio de los trabajadores y de la juventud, la realidad es que no hay ni un solo punto en el que se plantee un cambio a favor de la escuela o de la sanidad públicas. Como tampoco hay ninguna medida o compromiso concreto para resolver el tema de la pobreza, que alcanza al 18,6% de la población de Catalunya. En esta cuestión, el último acuerdo entre la Generalitat y las direcciones de UGT y CCOO, que ha fijado la pensión mínima en 331,35 euros al mes, tampoco va a servir para reducir el número de pobres en Catalunya.
De hecho, la política social del tripartito es completamente limitada e insuficiente. Ante el acelerado encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral existente y las privatizaciones, lo que los dirigentes reformistas intentan hacer pasar como política social no son más que medidas puramente cosméticas, sin prácticamente ninguna incidencia real. Por ejemplo, en la cuestión de la vivienda, una familia con ingresos equivalentes a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional tendría que destinar el 99,7% de sus ingresos para comprar una vivienda nueva en Barcelona y el 72,7% en el entorno metropolitano de Barcelona.
