La Administración Bush ha aprobado numerosas medidas para facilitar detenciones arbitrarias sin garantías legales, limitar los derechos administrativos y políticos de los inmigrantes, violar la libertad de expresión y reunión e incrementar de manera sustanciosa el dinero dedicado a represión policial y gastos militares.

Obviamente la excusa del terrorismo ha permitido a los imperialistas reforzar sus planes de intervención militar en las zonas más "calientes" del planeta: Afganistán, Filipinas, Irak, Colombia o seguir respaldando la política genocida de Sharon contra el pueblo palestino por citar algunos casos. En realidad los imperialistas y los gobiernos burgueses de todo el mundo se están preparando para una época totalmente diferente a la anterior. El ascenso de la lucha de clases, las movilizaciones de masas en América Latina, la revolución en Argentina, la participación de cientos de miles de jóvenes y trabajadores en manifestaciones antiglobalización como la de Barcelona, son la prueba, entre otros hechos, de que se ha producido un punto de inflexión en toda la situación política.

El nefasto papel del terrorismo individual

Para consuelo de la burguesía las acciones del terrorismo individual aparecen siempre como un punto de apoyo en los momentos más difíciles. Los marxistas siempre hemos explicado el carácter reaccionario y contraproducente de estos métodos. Derrocar el capitalismo, acabar con la violencia que genera cotidianamente la explotación y la opresión imperialista, solo puede ser obra de la acción consciente y revolucionaria de los trabajadores y la juventud. Los acontecimientos de Argentina son inspiradores al respecto. Sin embargo las acciones del terrorismo individual siempre son utilizadas por la clase dominante para desviar la atención de la población respecto a sus problemas fundamentales y como palanca para reforzar el arsenal represivo del Estado.

Los últimos acontecimientos en Italia son una prueba elocuente de lo que decimos. El atentado contra un consejero del ministro de Trabajo, que tiene todas las características de un complot urdido desde las altas instancias del aparato del Estado, ha sido utilizado por Berlusconi, Bossi y el resto de los líderes de la derecha italiana para intentar desacreditar las movilizaciones obreras contra la reforma laboral del gobierno. Pero en esta ocasión este intento ha fracasado sonadamente. La respuesta de más de dos millones de trabajadores y jóvenes en la manifestación del pasado sábado 23 de marzo en Roma, representa un acontecimiento histórico y un terremoto social en Italia.

El caso del Estado español

La última ofensiva de ETA demuestra el callejón sin salida de los métodos del terrorismo individual. Los asesinatos y atentados contra concejales y militantes del PSOE y las JJSS pretenden alimentar la espiral acción-reacción y dar una justificación al gobierno y a la dirección del PSOE para proceder a la ilegalización de Batasuna, con la falsa creencia de que "cuanto peor, mejor". De hecho esta ha sido la vía emprendida por el gobierno de Madrid contra la izquierda abertzale: primero encarcelaron a la mesa nacional de HB, después cerraron Egin, más tarde procedieron contra Gestoras Pro Amnistía, Haika y Segi, y ahora se plantean seriamente declarar ilegal a Batasuna.

Los marxistas hemos explicado siempre nuestra oposición a los métodos nefastos de ETA. La lucha por los derechos democráticos del pueblo vasco, incluido el derecho de autodeterminación, sólo pueden conseguirse con una política de clase y métodos revolucionarios. Confiar en la burguesía vasca para alcanzar estos derechos es la mayor de las utopías. El PNV explota demagógicamente las aspiraciones nacionales de millones de personas en Euskadi en beneficio de sus intereses de clase. En la práctica la política cotidiana desarrollada por el PNV en contra de la clase obrera no ofrece diferencias fundamentales con la que aplica el PP en el resto del estado. Peor aún es confiar en los atentados terroristas para derrotar a la burguesía española y al Estado. Después de cuarenta años de "lucha armada", el derecho de autodeterminación para Euskadi está más lejos que nunca. En cualquier caso la auténtica liberación del pueblo vasco, de los trabajadores y jóvenes que sufren la opresión de la burguesía vasca por un lado y la española por otro, sólo puede lograrse con un programa internacionalista que vincule la lucha por los derechos democráticos a la revolución socialista.

La burguesía española se ha basado en la locura de ETA para incrementar la represión y justificarla ante la población como necesaria. Ya sabemos no obstante que las medidas represivas no se utilizan tan sólo contra los comandos de ETA, sino contra el conjunto del movimiento obrero y la juventud. Ahí están las intervenciones policiales en las manifestaciones estudiantiles, en la represión contra las luchas obreras o la infiltración policial en las manifestaciones antiglobalización.

Una ley contra las libertades democráticas

Ahora el PP, con el concurso de la dirección del PSOE, se plantea la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, cuyo anteproyecto se aprobó el pasado viernes 22 de marzo. Toda la propaganda oficial habla de una ley para ilegalizar a aquellos partidos que presten apoyo político y cobertura material al terrorismo; sin embargo, una lectura más detallada de los principales aspectos del anteproyecto muestran el verdadero alcance de esta ley que de aprobarse significaría una amenaza real contra el movimiento obrero y sus organizaciones. La ley plantea que un partido político podría disolverse cuando vulnere "de forma reiterada y grave la exigencia de una estructura o funcionamiento democráticos" o bien cuando "no respete en sus actividades los principios democráticos y los valores constitucionales". Es decir una organización que luche contra la propiedad privada y la economía de mercado, que aspire a la transformación revolucionaria de la sociedad, objetivos que entran en contradicción con la actual constitución burguesa, podría ser también susceptible de ilegalización. Obviamente no se plantearán la ilegalización en estos momentos de organizaciones que tengan estos objetivos, pero si podrán contemplar esta posibilidad en otros, cuando la lucha de masas amenace sus intereses de clase.

Según el anteproyecto, la ilegalización de un partido podrá ser instada, por el gobierno, la fiscalía pública o a instancia de 50 diputados o senadores y se resolvería por vía penal o administrativa. En ambos casos la disolución competería al Tribunal Supremo. Las conclusiones no pueden ser más graves. El gobierno podría iniciar las acciones, lo que significa una restricción sin precedentes del derecho de organización y expresión. Los mismos que han dejado en libertad a los responsables del terrorismo de Estado, los que no investigan el robo de Gescartera, los que niegan el derecho de autodeterminación a las nacionalidades históricas o apoyan las acciones imperialistas, los que en definitiva son enemigos declarados de los trabajadores decidirán la posible ilegalización de un partido si a su buen entender no respeta la Constitución o, lo que es lo mismo, las reglas impuestas por el capital.

Como marxistas hemos dejado muy claro nuestra oposición a ETA y nuestras diferencias con la política de la izquierda abertzale; pero la ilegalización de Batasuna, Segi o el cierre de periódicos es un ataque a los derechos democráticos que sólo servirá para polarizar más la situación en Euskadi. Además, estos recortes de las libertades, como la mencionada ley demuestra, serán utilizados como un arma contra el movimiento obrero en lucha y sus organizaciones. Resulta irónico que hablen de ilegalizar Batasuna o de emprender acciones contra Otegui y, en cambio, no se diga nada cuando Fraga Iribarne o conocidos dirigentes del PSOE, como Rodríguez Ibarra, justifican con total naturalidad los crímenes de los GAL y el terrorismo de Estado.

La izquierda no puede callarse ante estos hechos. La actitud de la mayoría de la dirección del PSOE en este terreno es un desastre que les pasará factura y que ya está provocando fisuras en el PSE. Izquierda Unida por su lado debe oponerse con todas sus fuerzas a esta ley, lo mismo que los cuadros y sindicalistas de CCOO y UGT. Caer en la trampa que tiende el PP, apoyándose en la locura de ETA, sólo beneficia a la burguesía y al aparato represivo del Estado, que mañana no se parará en fronteras "terroristas" y atacará sin miramientos, como ya lo está haciendo de hecho, a todos aquellos que osen desafiar sus intereses de clase.