El 28 de noviembre el PSOE aprobó, con la vergonzosa abstención de Unidas Podemos y el apoyo entusiasta del PP y Ciudadanos, lo que ya se conoce como la “Ley Mordaza Digital”. Un nuevo y brutal ataque contra los derechos democráticos y la libertad de expresión.

Que Unidas Podemos haya capitulado ante un ataque de estas dimensiones y gravedad, hace que nos temamos lo peor sobre su futuro papel en el Gobierno de coalición. En un artículo escrito por el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero publicado en el diario Publico, justificaba la vergonzosa abstención de esta forma: “El planteamiento de Unidas Podemos ha sido abstenerse a cambio de cambios radicales en el decreto, principalmente prohibiendo que pueda cerrarse internet sin decisión judicial y quebrando derechos fundamentales. Es una pelea en donde no se puede ceder y por eso la abstención ha sido a cambio de que en cuanto haya Gobierno se tramite un Proyecto de ley que tiene que ser radicalmente distinto al que se ha aprobado.”

Excusas y balbuceos para no enfrentarse al PSOE intentando encubrir sus concesiones a esta agresión brutal contra nuestros derechos democráticos. Podemos tendría que llamar a la movilización y obligar al PSOE a retirar el decreto, sin embargo, con su abstención revela hasta donde están dispuestos a ceder y hacerse cómplices en la práctica, de la misma política que se ha utilizado durante años para no tocar la reforma laboral y de las pensiones, la LOMCE o la ley Mordaza.

Es una vergüenza. Y esto se hace antes de llegar al Gobierno. Una señal muy clara de lo que está por venir. Parece que los dirigentes de Unidas Podemos tienen prisa en demostrar que son hombres y mujeres de Estado responsables en los que los grandes poderes pueden confiar.

Un ataque más contra los derechos democráticos

El 31 de octubre el Consejo de ministros en funciones del PSOE aprobó el Real Decreto-ley 14/2019 por el que se concedía al Gobierno amplios poderes para intervenir o gestionar directamente cualquier red o servicio de comunicaciones electrónicas. Sin necesidad de ninguna orden judicial, queda ahora en manos del Gobierno la decisión de cómo, cuándo y por qué se cierran, controlan o secuestran “todas las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, sus recursos asociados o cualquier elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público”.

La “República digital catalana” como excusa de un ataque mucho más profundo

Aunque en los medios de comunicación solo se han destacado algunos de los aspectos del decreto, el calado del ataque contra los derechos democráticos es enorme. Lo que más ha resonado es la lucha contra la “República digital catalana”, que además le ha servido al propio Gobierno de excusa política para aprobar esta medida represiva. En palabras de Pedro Sanchez el objetivo del real decreto ley es “poner punto y final al proyecto independentista de la república digital. No va a haber independencia online ni offline”.

Ciertamente la medida da poder a la administración central del Estado para arrebatar el control de los datos, redes e infraestructuras informáticas a cualquier otra administración pública, desde comunidades autónomas a ayuntamientos. Da capacidad en la práctica de secuestrar de forma inmediata cualquier competencia en este terreno, creando así una especie de 155 digital a voluntad del Gobierno. Esto ya es muy grave en sí mismo, pero solo es la excusa.

La auténtica motivación de una reforma represiva tan profunda no es la propaganda del Govern de Torra para establecer un DNI digital catalán, o de crear un censo propio al margen de las instituciones del Estado español. La razón fundamental para un ataque autoritario de este calibre es que la crisis revolucionaria abierta en Catalunya hace dos años no sólo no se ha cerrado, si no que durante el último mes millones de jóvenes y de trabajadores han vuelto a poner en duda el régimen del 78 con movilizaciones masivas en la calle. La clase dominante y el aparato del Estado tienen pánico a que esto continúe o incluso se extienda a otras zonas y están tomando medidas para evitarlo y combatirlo.

Cerrar webs por su contenido es solo la punta del iceberg

Cuando la prensa destacó la posibilidad que se abría gracias a este decreto de cerrar páginas web por su contenido sin la autorización de un juez, el Gobierno lo negó, jugando al despiste con las distintas leyes que regulan internet en el Estado español. Siendo cierto que los mecanismos legales para cerrar páginas web utilizados en otras ocasiones son otros, las modificaciones introducidas ahora permiten hacer esto y mucho más saltándose además el permiso judicial.

Cerrar una página web es algo muy complicado desde el punto de vista técnico. Como por ejemplo pasó con la web “Tsunami Democratic” el mes pasado, después de que el poder judicial tomara la decisión, la guardia civil ordenó a las empresas de servicios de internet que cerraran el acceso a esa página dentro del territorio del Estado español. Aun así, la página web sigue siendo accesible desde otros países o incluso desde el Estado español utilizando navegadores especiales. Cerrar los canales de las redes sociales es aún más complicado. Para aumentar la efectividad represiva en internet necesitaban algo más contundente, y esto es lo que han aprobado.

El Real decreto modifica hasta siete leyes distintas y, utilizando como herramienta a los servicios de inteligencia, da poderes al Gobierno solo equiparables a los regulados en la Ley sobre el estado de alarma, excepción y sitio. Ya no necesitan ordenar a ninguna empresa o administración que cierre accesos a servicios de internet, toman el control directamente.

De hecho, la nueva ley no solo permite cerrar páginas web sin orden judicial, lo que permite es la interrupción de servicios, cortar la red, cortar los teléfonos, controlar los servidores, gestionar toda la información de los accesos, averiguar quién está detrás de las publicaciones o quien las recibe, interceptar y controlar las comunicaciones a través las redes sociales... La lista de medidas represivas que se pueden tomar una vez se ha conseguido el control de las redes y los servidores, es interminable. El nuevo redactado introducido en la Ley General de Telecomunicaciones elimina cualquier referencia a otras legislaciones que puedan limitar al Gobierno es estas actividades y además, es tan abstracto y ambiguo en las razones que pueden justificarlas quedan reducidas a “mantener el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

Su objetivo principal es frenar la lucha

En el Estado español el 93% de la población tiene acceso a internet y lo utiliza habitualmente y casi el 100% tiene móvil. El papel que está jugado internet en la organización de las movilizaciones en Catalunya es innegable. Igual que está pasando en las movilizaciones en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Iraq, en Libia… La transmisión de la información de primera mano está rompiendo con el monopolio de los grandes medios de comunicación. Miles de videos grabados en tiempo real y crónicas escritas por los propios manifestantes quedan al margen del control gubernamental y se difunden a nivel viral en todo el mundo. La versión oficial de los acontecimientos queda puesta en duda sistemáticamente y las luchas se extienden junto con la información. En un contexto de crisis del sistema capitalista y de perdida de legitimidad de sus instituciones, el acceso a la información es otro elemento que ayuda a la extensión de las movilizaciones.

El control de la red es vital para los distintos Estados. Medidas de censura, control de acceso y comunicaciones ya se han tomado en países como EE.UU, China o Rusia. Con este decreto, el gobierno del PSOE nos ha acercado definitivamente a ese modelo.

Todas estas medidas que hoy aprueban contra el pueblo catalán por luchar por sus derechos democráticos, mañana serán aplicadas sin duda contra la clase trabajadora y la juventud de todo el Estado.