La sentencia emitida por el Tribunal Supremo que revoca la de la Audiencia Nacional, en referencia a la congelación salarial decretada para el sector público el año 1996, ha puesto fin a ese sueño de una noche de verano de los dirigentes sindicales en su confianza en las instituciones judiciales de la burguesía.

Es sabido que la sentencia de la Audiencia Nacional tuvo su marco en el enfrentamiento de los jueces con el Gobierno. Se trataba de dar un bofetón al Ministro de Justicia más que de hacer justicia a los funcionarios.

Pero las cosas han vuelto a su sitio y el Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno. No hay una peseta para que el sector público recupere poder adquisitivo. Ni para Sanidad, ni para Educación. No hay dinero para los trabajadores, sean del sector que sean.

Los sindicatos de clase, lejos de ponerse en pie de guerra para obligar al pago de estos atrasos al Gobierno, siguen pensando que la mejor forma de hacer frente a la congelación y las sucesivas pérdidas de poder adquisitivo es recurrir al Tribunal Constitucional, como si los jueces fueran entes independientes de la sociedad.

En su momento, el gobierno ya advirtió que, aunque el Supremo diera la razón a los sindicatos no tomaría medidas oportunas para hacer efectiva la sentencia, con lo que sólo la movilización hubiera obligado cumplir al PP.

Con o sin sentencia la lucha y la movilización de todo el sector público son necesarios para hacer retroceder a la derecha y obligarle a cumplir los acuerdos de 1994 para evitar las privatizaciones o la pérdida permanente de calidad de los servicios públicos.