El Gobierno del PSOE, a través del Ministerio de Vivienda, ha hecho pública su intención de construir viviendas a precio asequible para cumplir con el compromiso electoral de poner 180.000 pisos protegidos en el mercado (al menos la mitad de ellos de nueva construcción). El problema para conseguir una vivienda de calidad es cada vez más acuciante, especialmente en las grandes ciudades y sus cinturones industriales. Según el Ministerio de Vivienda y los dirigentes del PSOE el problema es la falta de suelo. La teoría, o su teoría, dice que sólo hay disponibles dos millones de metros cuadrados edificables, debiendo negociar con los actuales propietarios de esos terrenos: Ministerio de Defensa, Renfe y la Iglesia (¡de nuevo con la Iglesia hemos topado!).

Terrenos de Defensa

En los últimos años la reducción del tamaño del ejército y su profesionalización ha supuesto el abandono de muchas casernas, la mayoría en suelo urbano. En la última legislatura Defensa ingresó 833 millones de euros en concepto de venta de terrenos (El País, 6 de junio). Muchos de esos millones fueron utilizados para comprar armamento que luego fue a Iraq. Así que el Gobierno del PP usaba los impuestos que recauda a los trabajadores para comprar suelo urbano, que luego utiliza para que se edifiquen viviendas a precios desorbitados que sólo unos pocos pueden permitir. Es necesario que esa dinámica se rompa de una vez por todas.

Una de las joyas de la corona del Ministerio de Defensa son los nueve millones de metros al suroeste de Madrid, que Simancas (secretario general de la Federación Socialista de Madrid —PSOE—) intenta que se utilicen para vivienda social, y así ganar las próximas elecciones. Mientras, el ministro de Defensa declaró que la prometida vivienda no se construirá a costa de “reducir el programa de armamento”. Bono, como siempre, todo un demócrata.

Por otro lado el plan del PSOE puede chocar con algunos Ayuntamientos, especialmente los gobernados por el PP, que no tienen intención de seguir las directrices del gobierno, ya que con la vivienda y propiedad del suelo es el poder municipal el que tiene la última palabra. En Barcelona, que tiene un ayuntamiento gobernado por la coalición PSC-ICV-ERC desde hace más de una década, la misma que está en la Generalitat desde el año pasado, no debería haber ningún problema para que la promesa de vivienda digna, que constituyó uno de los ejes fundamentales de la campaña electoral del PSOE, empezara a ser un realidad desde ya.

Pero desafortunadamente para los trabajadores y jóvenes de esta ciudad en busca de vivienda no es así, es más parece que las prioridades del Ayuntamiento son otras. Todo empezó cuando el verano del 2002 centenares de sin papeles se encerraron en los abandonados cuarteles de Sant Andreu, poniendo de manifiesto que esos terrenos podían ser utilizados por el ayuntamiento para paliar la falta de vivienda barata y de calidad.

El Ayuntamiento de Barcelona renunció a la compra de los terrenos por el valor de 13 millones de euros en octubre del año pasado y que el Consorcio de la Zona Franca —un ente público con participación privada, o sea una empresa con ánimo de lucro que pagamos entre todos pero se benefician los accionistas— compró por 84 millones de euros al Ministerio de Defensa y pretende rentabilizar la operación haciendo que los jóvenes y trabajadores en busca de vivienda paguen la operación.

El Ministerio de Defensa hizo un ingreso extra de 71 millones de euros, suponemos que para comprar unos cuantos Eurofighter que son, como sabemos, esenciales para el desarrollo sostenible de Barcelona.

El ejemplo del Barrio de Sant Andreu (Barcelona)

Así que el Ayuntamiento de Barcelona, se ahorró el dinero y pone en manos de una empresa privada la construcción de vivienda, que será en su mayoría privada. Estos terrenos están situados en el área que debe ser renovada por la llegada del AVE a Barcelona, por lo tanto a los ojos de los especuladores un jugoso negocio que no se podía dejar escapar.

El Ayuntamiento del tripartito ha demostrado que no tiene entre sus prioridades la construcción de vivienda de protección social pública, que sería el inicio de la solución al problema de vivienda que sufrimos los jóvenes y trabajadores de la ciudad y el resto del Estado.

Esta situación demuestra que no basta que los dirigentes del PSC-PSOE e ICV-EUiA se hagan eco del problema de la vivienda (el precio de la vivienda ha crecido un 17% en un año y los pisos se han encarecido un 67% desde enero del 2001, según datos de El País, de junio 2004), si en el momento de dar una solución concreta no quieren ponen en peligro los intereses económicos de los grandes terratenientes del Estado (Defensa y Renfe), de la Iglesia, o de las grandes constructoras que se están haciendo de oro por el aumento del precio de la vivienda y la entrada de mano de obra barata en forma de obreros extranjeros.

Los vecinos del barrio de Sant Andreu, en Barcelona, han salido a la calle repetidas veces para demostrar su rechazo al plan que significaría que poca, o ninguna, vivienda asequible para la juventud sería construida.

Es necesario que los sindicatos, asociaciones de vecinos fuercen a los partidos de izquierda a cambiar sus prioridades y que se empiece a nacionalizar y municipalizar suelo para que la construcción de la vivienda este bajo control de los interesados: los jóvenes y trabajadores.

· Por un plan de construcción de un millón de nuevas viviendas bajo control de sindicatos, asociaciones de vecinos, afectados y administraciones.

· Nacionalización, bajo control obrero, de las grandes constructoras que se enriquecen a costa de la explotación de la mano de obra inmigrada.

· Municipalización del suelo urbano no usado sin indemnización, salvo en caso de necesidad comprobada.


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