Barcelona
En la reciente cumbre europea de Sevilla se aprobaron una serie de propuestas que constituyen en esencia un plan de acción policial a escala comunitaria: más medios policiales dedicados a reprimir la inmigración "clandestina", primeros pasos hacia una policía europea de fronteras, "fichaje" y expulsión expeditiva de los inmigrantes "ilegales"… Así, la UE se suma, de la mano del presidente de turno, José Mª Aznar, a la santa cruzada contra la inmigración "ilegal" que se está llevando a cabo desde diferentes países: Dinamarca, Italia, Gran Bretaña o el Estado español.
En realidad, las medidas no se están tomando para evitar la inmigración "ilegal" sino que se están centrando en reducir los derechos y precarizar la situación de los residentes "legales". En Dinamarca, por ejemplo, lo que se ha hecho es dificultar a los inmigrantes "legales" el acceso a la residencia permanente, a la adquisición de la nacionalidad y al reagrupamiento familiar. En Italia, es a los inmigrantes "legales" a los que se les va a recortar la duración de los permisos y a los que se va a expulsar cuando pierdan el empleo. Aquí en el Estado español, el gobierno anuncia recortes en el derecho a la reagrupación familiar. Todas estas medidas no tienen nada que ver con controlar los "flujos de entrada", como dicen desde los gobiernos, sino que pretenden despojar de todo derecho al inmigrante, manteniéndolo bajo condiciones infrahumanas como reserva de mano de obra barata y totalmente disponible para la explotación. Luego está esa distinción entre el inmigrante "legal" y el "ilegal". Esa distinción debe existir en la cabeza de los políticos burgueses y de la policía y los jueces, pero es difícil establecerla en la realidad. Hoy tienes permiso y trabajo, mañana puedes encontrarte sin lo uno y sin lo otro. Todavía podemos recordar fácilmente el numerito del Sr. Fernández Miranda, secretario de Estado de Inmigración, cuando hizo volver a un bueno número de inmigrantes ecuatorianos a su país prometiéndoles que así podrían volver como inmigrantes "legales" al Estado español. Ha habido más de 30.000 solicitudes por parte de los trabajadores inmigrantes y tan sólo… ¡tres ofertas de trabajo! Lo mismo se puede decir de los 6.000 trabajadores inmigrantes en Huelva, que se han quedado sin trabajo y "sin papeles" después de que el gobierno se trajera a 7.500 trabajadores de Europa del Este.
En realidad, los gobiernos están actuando más en clave electoral que otra cosa. Piensan ganar más votos hablando de expulsar a los inmigrantes que hablando de sus derechos y su integración social. Como la extrema derecha, están asociando inmigración a delincuencia y hablan el mismo lenguaje: "Aquí no cabe todo el mundo" (Aznar), "Europa está llena" (Le Pen, Fortuyn). Están sembrando la semilla de la xenofobia y ellos serán los principales responsables de la situación explosiva que se va a dar en un contexto de crisis, tanto por los recortes sociales que han estado llevando a cabo durante años, como por los mensajes envenenados que están extendiendo.
Desde los sindicatos y los partidos obreros es imprescindible mantener una postura de clase clara, denunciando la política de la derecha en esta cuestión y las condiciones infrahumanas a que están sometidos los inmigrantes, como parte del sector más explotado de la clase trabajadora.
Otra cuestión que ha aparecido en la cumbre ha sido el intento por parte de Aznar, Blair y Berlusconi de condicionar las ayudas al desarrollo a que los países de los que sale la inmigración acepten la repatriación de los expulsados y colaboren en la represión de la inmigración. Chirac ha aparecido en los medios de comunicación como el más "humano" de la cumbre, al conseguir que no se hable de castigos sino de medidas. En realidad, todo esto es pura retórica. La UE presionará a los regímenes corruptos y parásitos de estos países para lograr políticas afines a sus intereses, en éste como en los demás temas. Pero nada de esto va a resolver la cuestión de la inmigración, porque miles de jóvenes seguirán esperando su oportunidad para atravesar el estrecho. Mientras en la ribera sur del Mediterráneo y el conjunto del continente africano las tareas democráticas esenciales estén por acometer, permitiendo una vida digna al conjunto de la población, la inmigración es inevitable, por más barcos de guerra que envíen frente a las pateras (como planteaba Blair hace unas semanas). Y tampoco va a ser la ayuda al desarrollo la que vaya a garantizar un trabajo y una viviendo dignas a la población en Marruecos o en Senegal. Esa ayuda va a parar a compañías europeas, subvencionando sus exportaciones, o a pagar la deuda externa contraída por los gobiernos, pero no cambia ni un ápice la situación política ni favorece en absoluto los cambios imprescindibles que permitan llevar a cabo una política económica realmente de desarrollo. Esa política de desarrollo es un imposible bajo el actual entramado de intereses económicos, donde pequeñas camarillas acaparan los medios de producción y de riqueza del país, poniéndose al servicio de los grandes grupos multinacionales. Así, tanto en el Magreb como en el África subsahariana como en el Estado español, la clase trabajadora comparte, en última instancia, el mismo objetivo, la misma lucha: la transformación socialista de la sociedad. Es sobre este punto donde los sindicatos y los partidos obreros debemos basar nuestra postura de clase en el tema de la inmigración.
