La derecha española tiene una tradición histórica que en sí misma es el reflejo del carácter atrasado y débil del capitalismo español. La clase dominante está acostumbrada a gobernar el país a través del puño cuartelero, la dictadura y la guerra civil. Y estas señas de identidad tan escasamente democráticas siguen pesando.

La actitud de la cúpula del PP en este año y medio de gobierno del PSOE lo han puesto en evidencia: reacción, autoritarismo, nacionalismo españolista, fanatismo clerical... Lejos queda ya la demagogia sobre el supuesto “viaje al centro”. En muchos de los discursos de los líderes del PP hemos escuchado el tono y los contenidos pronunciados hace setenta años por los dirigentes de la CEDA o de Unión Monárquica. Las mismas estruendosas diatribas reaccionarias de Gil Robles, de Calvo Sotelo, de Melquíades Álvarez resonaban en la boca de Rajoy, Zaplana o Ángel Acebes. Los dirigentes del PP confirman todos los días que son enemigos jurados de los trabajadores y de sus familias, y de la causa de la emancipación de los oprimidos.

Esta actitud desafiante también se ha manifestado en un intento de ocupar la calle por parte de la derecha, sacando decenas de miles de manifestantes contra la “política antiterrorista del gobierno” o “la destrucción de la familia cristiana”. Ahora amenazan con movilizar a su base más fanática en defensa de la enseñanza privada y religiosa y, por supuesto, de la “sagrada unidad de España” amenazada por los intentos de considerar a Catalunya o Euskal Herria como naciones.

La política del

gobierno Zapatero

Los planes de la derecha son evidentes: quieren recuperar el gobierno lo más rápidamente posible. Como es lógico millones de trabajadores, de jóvenes, de desempleados no están dispuestos a que la pesadilla que supusieron los ocho años de gobierno Aznar se vuelva a repetir. Pero no sólo depende de la voluntad de la clase obrera. El gobierno de Rodríguez Zapatero tiene una enorme responsabilidad en que esto no suceda. Pero para evitarlo, algo perfectamente posible, es necesario que el PSOE lleve a cabo una política genuina de izquierdas, que se enfrente decididamente a la reacción y gobierne a favor de los trabajadores y de sus familias. Este es el aspecto decisivo de la situación y, sin embargo, la orientación que toman las medias efectivas del gobierno van en una dirección opuesta.

En el primer año de legislatura, el gobierno de Zapatero ha intentado ganar credibilidad y afianzar su base social de apoyo. Para ello ha adoptado toda una serie de medidas que han favorecido esta estrategia. En primer lugar han traído las tropas españolas que el PP desplegó en Iraq en el marco de la guerra imperialista en este país. No hacerlo hubiera supuesto un enfrentamiento frontal contra millones de personas que han luchado en la calle contra esta carnicería imperialista. Fue, sin ninguna duda, un logro del movimiento antiguerra y la prueba más clara de que la lucha sirve.

Posteriormente han aprobado la ley de matrimonios del mismo sexo que reconocían derechos democráticos básicos y otras medidas que pretenden contener la violencia doméstica contra las mujeres. Se paralizó el Plan Hidrológico Nacional y la política de trasvases planeada por el PP. Se reestablecieron los puentes con el nacionalismo vasco y se abrió una nueva línea estratégica a favor de la negociación con ETA condicionada al fin de la actividad armada. Se puso en marcha la negociación para la reforma de los estatutos de autonomía, al mismo tiempo que se abría la negociación de una nueva reforma laboral con la patronal y los sindicatos.

En este primer año de legislatura la posición del gobierno ha sido apuntalada por los pactos con Izquierda Unida y ERC, de tal forma que la voz de una oposición de izquierdas ha desaparecido de la tribuna parlamentaria. Con la permanente demagogia de la derecha, todo este escenario ha servido para reforzar una aparente imagen “progresista” del gobierno al menos en toda una serie de aspectos.

No obstante, los aspectos fundamentales de la política económica del gobierno de Zapatero, pilotada por el vicepresidente Solbes, no sólo no rompían con la mantenida por el PP sino que confirmaba los planes fundamentales que la burguesía ha venido manteniendo en Europa en los últimos años: recorte de los gastos sociales, recortes salariales, incremento de la jornada laboral y renuncia a las 35 horas, pérdida de derechos de las plantillas, mantenimiento de la precariedad, tasas brutales de siniestralidad, y por supuesto grandes ganancias empresariales.

En este comienzo de la segunda legislatura, el gobierno Zapatero se ha visto forzado a explicitar mucho más su labor de gobierno. Y los resultados, cuando menos, reflejan un giro a la derecha manifiesto. Repasemos algunas de estas iniciativas legislativas:

· Aprobación de la ley de Defensa Nacional. La ley fue aprobada en el parlamento el pasado jueves 15 de septiembre, con el apoyo de IU, ERC y CiU, la oposición del PP y la abstención de PNV, BNG, EA. La ley rechaza tajantemente la introducción de derechos democráticos en el seno de las fuerzas armadas, niega derechos políticos y de sindicación a los soldados y sanciona la intervención de tropas españolas en nuevas intervenciones imperialistas. En el artículo 19 se señala: “Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior que no estén relacionadas con la defensa de España, se deberán cumplir, entre otras, las siguientes condiciones: que se realicen por petición expresa del gobierno en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forma parte, particularmente de la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”. Se puede decir más alto pero más claro. Las tropas españolas estarán presentes en nuevas intervenciones imperialistas. La actitud de IU sancionando esta ley reaccionaria con la excusa de que las intervenciones tienen que “ser autorizadas con carácter previo por el parlamento” es lamentable. El hecho de que el parlamento burgués legitime intervenciones imperialistas no modifica el carácter imperialista de las mismas. Apoyar esta ley con este argumento muestra lo lejos que han llegado los dirigentes de IU en su cretinismo parlamentario y en su seguidismo hacia las posiciones más derechistas de la cúpula del PSOE.

· Debate parlamentario sobre la permanencia de las tropas españolas en Afganistán. A raíz del accidente aéreo de Afganistán en el que este verano murieron 17 soldados españoles, el gobierno de Zapatero se ha comprometido en mantener la presencia de tropas españolas en este país al calor de la misión del OTAN, que no es otra cosa que la operación lanzada por los imperialistas norteamericanos después de los atentados del 11S y que culminaron con la invasión de Iraq. Estas tropas de ocupación de la OTAN en Afganistán sólo sirven para dar cobertura a los planes del imperialismo angloestadounidense y a los intereses de los señores de la guerra aliados de aquellos. Zapatero y el ministro Bono han asegurado que España asumirá el mando de las tropas desplegadas en Afganistán a principios del año 2006 y que el número de efectivos españoles aumentarán. IU, correctamente, ha pedido la vuelta de las tropas pero al mismo tiempo vota a favor de la ley de Defensa que sanciona la posibilidad de intervenciones imperialistas al amparo de peticiones de ayuda de organismos aliados como la OTAN. ¿Se le puede llamar a esto coherencia y mantener un punto de vista de clase?

· Aplazamiento de la ley sobre la memoria histórica. Con esta ley el gobierno de Zapatero se había comprometido a reparar a las víctimas republicanas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Ahora dan marcha atrás de forma vergonzosa asegurando, como lo hizo la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, que es necesario “contentar a los dos bandos”. Parece que las presiones de la derecha han hecho mella en el gobierno que pretende con esta ley “no reabrir viejas heridas”. De confirmarse esta línea de actuación, los cientos de miles de asesinados, encarcelados y exiliados por una feroz dictadura que se prolongó durante cuarenta años, quedan equiparados a sus verdugos. Una vez más la ley de punto y final que dejó impune a la dictadura franquista se intenta renovar para escarnio de la memoria de los masacrados.

· Ley Orgánica de Educación (LOE). Actualmente la educación en el Estado español se sitúa a la cabeza de la OCDE en fracaso escolar y el gasto escolar anual por alumno es un 18% más bajo que la media de los países desarrollados. La herencia del PP en el terreno de la enseñanza pública es nefasta. En ocho años han desviado miles de millones de euros de los fondos públicos a privilegiar la enseñanza privada concertada. Sin embargo, la LOE presentada por el gobierno Zapatero mantiene las líneas maestras contenidas en la mal llamada Ley de Calidad de la Enseñanza del gobierno Aznar: Un tercio de los 6.000 millones de euros anunciados para financiar la ley irán a la enseñanza concertada, cuando en los últimos doce años las subvenciones a la privada han aumentado un 80%. Se endurece las normas de acceso a la universidad pública. Se profundiza la privatización masiva de la enseñanza infantil: el sector público tan sólo escolariza a un 6,2% de los niños de 0 a 3 años. Se permite que los centros concertados puedan discriminar a sus alumnos en clases separadas por sexos. No se reconocen los derechos democráticos de los estudiantes.

· Ley de Financiación sanitaria. En la pasada cumbre de presidentes autonómicos y finalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se llegó a un acuerdo para refinanciar el déficit de la sanidad pública. Este déficit que alcanza los 7.000 millones de euros ha sido provocado fundamentalmente por la política de privatización de la sanidad pública a través de la “externalización” y contratación de recursos privados con dinero público. La carga para financiar el déficit se realizara incrementando los impuestos indirectos, alcohol, tabaco, gasolinas, que gravan por igual a todas las familias independientemente de sus ingresos. De esta manera se elude tomar cualquier medida fiscal que pueda afectar a las rentas de los que más tienen, sancionando una política de impuestos regresiva y que beneficia a las rentas del capital.

· Beneficios para las Sociedades de Capital Variable (SICAV). En nuestro país existen 3.000 Sicav que se encargan de gestionar un total de 25.000 millones de euros, el capital de las grandes fortunas. Gracias a las medidas tomadas por gobiernos anteriores estas Sicav sólo tienen la obligación de tributar al 1% en lugar del 35% general. Una forma cómoda de evadir impuestos impunemente. A finales de junio y gracias a una enmienda de CiU respaldada por el PSOE, el Parlamento aprobó que estas Sicav estuvieran bajo la competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y no del Ministerio de Hacienda. Para la asociación de Inspectores de Hacienda, con esta decisión se ha buscado la “fórmula más idónea para otorgar una amnistía fiscal a estas sociedades que hayan incumplido los requisitos para tributar al 1%”. La más de 200 actas sancionadoras levantadas por los inspectores de hacienda contra empresas de este tipo en el primer año de gobierno Zapatero han sido archivadas.

· Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). El pasado 11 de julio el gobierno presentó en La Moncloa el PEIT que pretende invertir 248.892 millones de euros en los próximos 15 años en grandes infraestructuras. En el acto estuvieron presentes los más destacados capitanes de las constructoras: Florentino Álvarez (ACS), Ignacio Entrecanales (Acciona), Luis de Rivero (Sacyr), Joaquín Ayuso (Ferrovial), entre otros. La presencia de tales individuos no tenía otro objetivo que el de respaldar los planes del gobierno, pues las grandes constructoras se llevarán la parte del león de estas inversiones. Muchas de estas nuevas infraestructuras, como autopistas y líneas férreas de alta velocidad, serán posteriormente gestionadas y controladas por las propias empresas de construcción, siguiendo el modelo de gestión privada de Blair en Gran Bretaña.

· Planes de privatización de empresas públicas. El gobierno Zapatero ha mantenido los planes de privatización emprendidos por los anteriores gobiernos del PP. Empezaron la legislatura con la privatización de los astilleros de Izar lo que provocó una dura respuesta de los trabajadores. El plan se saldó con la destrucción de 3.000 puestos de trabajo directos y el doble en las empresas auxiliares. Esta estrategia ha continuado con los planes de “apertura a la competencia” de Renfe, lo que puede suponer la destrucción de más de 10.000 empleos, o la privatización de Correos. También se ha presentado un plan de reconversión para RTVE en el que se señala un excedente de entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo.

· Reforma Laboral. El gobierno ha hecho propuestas que pasan por el abaratamiento del despido, la pérdida de capacidad de la negociación colectiva, la ampliación de la causalidad de los despidos especialmente en lo referido a las empresas subcontratadas, un mayor protagonismo de las ETTs y la moderación salarial. Todas estas medidas no sólo no rompen con la política económica de los anteriores gobiernos de la derecha, sino que la profundizan. En estos momentos según el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) los salarios medios de los trabajadores se sitúan sólo un 0,9% por encima de los de 1997. En el Estado español tenemos más trabajadores eventuales que Italia, Gran Bretaña, Bélgica y Suecia juntos. En el caso de los menores de 26 años el índice de temporalidad supera el 60%.

· Presupuestos Generales del Estado. El supuesto carácter social de los presupuestos brilla muy poco. El salario de los funcionarios aumenta un 3,1%, por debajo del índice de inflación. Las pensiones contributivas y no contributivas suben un 2%, exceptuando las mínimas, que oscilan entre 150 y 450 euros, que lo hacen en un 6,5%, es decir una insignificancia para el coste actual de la vida. Se mantiene el volumen de dinero destinado a incentivar el empleo a través de bonificaciones empresariales de todo tipo, y en los presupuestos educativos o sanitarios el dinero público que engordará los bolsillos de los empresarios privados de ambos sectores crecerá con respecto al presupuesto anterior.

La burguesía está emplazando al gobierno del PSOE a tomar medidas efectivas. Las vacilaciones que afloran entre sectores de la dirección del PP más favorables a rebajar la tensión y llegar a acuerdos reflejan muy bien las necesidades de la clase dominante de crear el clima adecuado para llevar a cabo estas medidas. Obviamente esto no quiere decir en absoluto que la campaña histérica del PP vaya a mitigarse. Los intereses del aparato del PP, en consonancia con un sector de la burguesía y del aparato estatal, pasan por subrayar la oposición para mantener prietas las filas de su base social y desgastar a Zapatero.

Una cosa sin embargo está clara. La política económica y social del gobierno, que se va escorando cada día más a la derecha, provocará frustración y defraudará las expectativas que millones de trabajadores habían depositado en él. Zapatero todavía tiene un margen, pero este crédito no es inagotable y si la orientación se mantiene en esta dirección la única beneficiaria será la derecha.

Hay base para una

política socialista

No hay posibilidades de resolver los acuciantes problemas de la mayoría de la población en el marco de una política económica que defiende los intereses de los grandes capitalistas a costa de los salarios, las condiciones de trabajo y el empleo. En esto se tiene que diferenciar la política de la izquierda frente a la derecha. Hoy el gobierno contaría con el apoyo suficiente para emprender medidas de hondo calado en beneficio de los trabajadores. Medidas que pasarán por asegurar el trabajo digno y estable, obligando a través de la legislación laboral a terminar de una vez por todas con la precariedad. Medidas a favor de aumentar drásticamente el SMI y el conjunto de los salarios, que pierden cada día más poder adquisitivo. Dedicar los recursos públicos a programas de choque para acabar con el deterioro de la sanidad y la educación pública poniendo fin a las subvenciones y conciertos a la patronal. Planes de choque a favor de la vivienda pública, digna y accesible, expropiando las grandes constructoras y colocando el suelo municipal al servicio de la construcción de un millón de viviendas de VPO en los próximos cuatro años. La defensa de las libertades democráticas incluyendo el derecho de autodeterminación y la supresión de la ley de partidos. La oposición a participar en empresas militares imperialistas.

Se nos dirá que esto son medidas socialistas. ¡En efecto! Los millones de personas que votaron al PSOE el 14-M, los miles que coreaban “Zapatero no nos falles” durante la celebración de la victoria, aspiraban a estas medidas pues son las únicas que pueden satisfacer las necesidades de la población. Una vez más la disyuntiva es clara: o con los trabajadores y su capacidad de lucha para acometer la transformación socialista de la sociedad, o con los capitalistas poniendo en práctica su política y preparando el terreno para el ascenso de la derecha.