La reforma implica un aumento de competencias, especialmente en el terreno judicial (el máximo órgano será el Tribunal Superior valenciano, salvo excepciones, y el derecho foral, presente por tradición, es reconocido legalmente) y fiscal (creación de un Servicio Tributario Valenciano, que controlará los impuestos ya cedidos y los que se cedan en el futuro), también se piden plenas competencias en los aeropuertos. Por otro lado, la famosa cláusula Camps permite la asunción de cualquier competencia que se transfiera a otra Comunidad Autónoma, que no es más que una pataleta, sin efecto legal, del tipo “si los catalanes quieren más, nosotros también”. Un producto más de la obsesión anti-catalana de la provinciana burguesía y pequeña burguesía valenciana... En esta misma línea, se habla por primera vez del “idioma valenciano”, un sinsentido científico (valenciano es la forma popular e histórica de denominar al catalán en estas tierras). Otro punto importante es la barrera del 5% de los votos para obtener representación parlamentaria, obstáculo antidemocrático que pretende dejar sin voz oficial a las decenas de miles de votantes de Esquerra Unida y otros grupos.
Cuando el partido representante de los ricos quiere más competencias, la pregunta a hacerse es para qué. Y si a alguno no le sale la respuesta, sólo tiene que ver cómo las condiciones sociales de la mayoría empeoran mientras un puñado de grandes empresarios de la construcción, la enseñanza, la sanidad y, en general, cualquier sector, se benefician de los recursos autonómicos.
No es nuestro Estatut
¿Va a mejorar en algo nuestras condiciones de vida con el nuevo Estatut? Nuestra respuesta es no, y además incluye aspectos regresivos. Por eso, sólo podemos estar en contra. La crisis de la industria tradicional (calzado, textil, mueble), la privatización descarada de la enseñanza y la sanidad (proceso cuyos perversos efectos podemos ver en el caso Juan Maeso), la conversión del litoral mediterráneo en junglas de asfalto y cemento (e islas verdes, en forma de campos de golf, para una minoría), el mayor beneficio de inmobiliarias y constructoras (lo que supone una auténtica privatización de la costa y, también, el acaparamiento del agua necesario para la agricultura y las necesidades humanas), el nivel de temporalidad del empleo (mayor que la media estatal), las condiciones denigrantes en que viven los trabajadores inmigrantes, el problema de la vivienda... Ninguno de estos problemas tiene un eco en esta reforma del Estatuto, tampoco lo ha tenido en las negociaciones habidas. Es cierto que se establece una Carta de Derechos Sociales (una exigencia del PSOE), pero ¡los trabajadores estamos hartos de palabras! “Vivienda digna”, “educación de calidad”, “derecho a una renta mínima”, nada de eso nos vale, si no va acompañado de medidas concretas, como: educación y sanidad públicas (ni un euro más a un solo centro privado), 100% de empleo fijo en la Administración y agencias públicas, nacionalización de las empresas que cierren, ni un euro de subvención a las grandes empresas, prohibición de la esquilmación del litoral y del territorio, creación de una empresa pública constructora, etc. Si las organizaciones de izquierda hicieran una campaña por estas reivindicaciones y otras, y que se reflejara en un nuevo Estatuto, tendría el efecto de animar a la lucha política a miles de personas, en cambio ahora (como es lógico) la apatía sobre el Estatut es total.
Ningún avance con
respecto al valenciano
En el terreno cultural y lingüístico no hay ningún avance, al contrario, el PSOE ha cedido a los prejuicios anticatalanes, con el reconocimiento del valenciano como lengua, y el de la Academia de la Llengua Valenciana como organismo de obediencia obligatoria, lo que significa que mañana un funcionario o las universidades, por ejemplo, pueden ser reprimidos por expresarse en lo que ellos consideren catalán. Un buen Estatut, muy al contrario, restablecería y fomentaría unas relaciones sanas con Cataluña y Baleares, con las que nos unen lazos lingüísticos, históricos y culturales muy fuertes. Y tomaría medidas concretas para normalizar el idioma, fomentando la enseñanza en valenciano, promoviendo desde la Generalitat materiales (libros, películas...) en valenciano para el grueso de la población y reconvirtiendo Canal 9 en una televisión democrática, que sirva para formar intelectualmente y para estimular el uso social de la lengua.
La dejación de la dirección del PSPV en la defensa de los intereses de los trabajadores es evidente. El pacto con el PP es un símbolo de su política de oposición, que, salvo en casos puntuales, se limita a criticar aspectos secundarios. Sólo la lucha en la calle por nuestros derechos puede acelerar el fin del Gobierno PP y acabar con su nefasta política.
