Ya son unos cuantos los bufetes de abogados que anuncian a un módico precio la adaptación de cualquier pagina web a lo establecido en la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de Informacion y del Comercio (LSSICE), aprobada en el congreso el 12 de octubre. La LSSICE nace al amparo de una directiva de la Unión Europea sobre el comercio electrónico y, cómo no, el gobierno PP ha sido rápido en utilizarla.
Es un nuevo negocio ya que las multas por infracciones oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros, “calderilla” sin duda, además de 6.000 euros por cada día que no se altere el contenido al haberse impuesto la sanción. No es casualidad que las webs que han decidido cerrar por miedo a no estar adaptadas se cuenten ya por cientos.
Motivos de fondo
Esta nueva ley nace al amparo de la campaña de la burguesía a nivel internacional tras los atentados del 11 de septiembre justificando la libertad que tienen los terroristas en la red para organizarse, también se apoyan en la sensibilidad de el público con los casos relacionados con la pornografía infantil y que han salido últimamente en las noticias. Una de las consecuencias que se desprenden de esta ley es que se crea un registro con información acerca de todos los sitios (nombre, teléfono, dirección). De esta manera pretenden sujetar a control la única fuente de información hasta ahora no controlada directamente por las grandes empresas de la comunicación. Además, los sitios deberán disponer de información del propietario y medios para la comunicación eficaz entre la administración y el propietario del sitio tales como el teléfono y la dirección.
La otra gran consecuencia y que más jugosa resulta, sobre todo en un contexto donde la lucha de clases está en claro ascenso, es el artículo 8 de la ley. Cualquier sitio puede ser censurado con multa o, directamente, prohibiendo a los proveedores de servicios dar acceso dicho sitio. Los supuestos en que un sitio puede ser objeto de censura y penalizaciones son cuatro, pero sin duda el más evidente de cuál es la intención de la derecha con esta ley se refleja en el primer punto:
“a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional (Lssice, art. 8)”.
Esta claro qué contenidos son los que quieran evitar. Además aquí se introduce una novedad con respecto a lo que sería la retirada de una publicacion física, ya que la constitución prevé que ésta sólo podrá retirarla un juez, pero con la LSSICE la retirada de un sitio en internet podrá ser efectuada directamente por el gobierno.
Lo que las organizaciones de izquierda deberían estar denunciando es el trasfondo real de la Lssice, que como otras leyes que han nacido en teoría para luchar contra el terrorismo, se convierten en herramientas de la derecha para utilizar contra el movimiento obrero, al igual que pasa con la ley Corcuera que ha sido utilizada en varias ocasiones contra manifestaciones legalizadas por organizaciones de izquierda, como por ejemplo el Sindicato de Estudiantes. Internet debe ser una herramienta para la libre expresión y no ser utilizada como otro medio propagandístico a la medida de lo que las grandes empresas dicten y a la derecha le interese.
