Mientras la jerarquía católica trata a las iglesias como su chiringuito personal, no tiene ningún problema en que sea el estado el que se haga cargo de la conservación y la restauración de su patrimonio usando fondos públicos, ni tampoco pone pega alguna a las ingentes subvenciones que recibe por activa o por pasiva y por las que no se le exige ninguna clase de compensación, compromiso o control. Esta situación es intolerable: ¡Basta de subvenciones públicas a la Iglesia! ¡Las iglesias son un patrimonio cultural de todos y deben ser gestionadas como un bien público al alcance de todos los ciudadanos sin excepciones!