La estrategia del PP
La llegada de la nueva ministra de Sanidad, Ana Pastor, sustituyendo a la inefable Celia Villalobos, no augura sino más vueltas de tuerca en la descapitalización de la sanidad pública y el crecimiento del sector privado. Ana Pastor está ligada al llamado clan gallego, del que forman parte el primer ministro de Sanidad del PP, Romay Beccaría y numerosos cargos del antiguo Insalud. Además, la entrada en el gobierno de Zaplana, responsable en su etapa de presidente de la Generalitat valenciana del llamado “modelo Alzira” (gestión privada de la sanidad pública a través de una Unión Temporal de Empresas), indica que los vientos de la privatización no se han detenido en absoluto tras el aparcamiento temporal de las fundaciones sanitarias públicas. Al contrario, se quiere extender este modelo a otras parcelas de la sanidad, como la atención sociosanitaria (atención a enfermos mentales, crónicos, ancianos, etc.). El objetivo último será modificar la Ley General de Sanidad de 1986.
La financiación deficitaria de la sanidad está obligando a las CCAA a buscar otras fuentes de financiación, como ya ha ocurrido en Madrid con el impuesto sanitario de la gasolina. En este contexto, las expectativas creadas en las CCAA gobernadas por el PSOE respecto a una mejora real de los servicios y de las condiciones laborales, se han topado de bruces con el pragmatismo gerencial y una política de contención de costes. Así, si bien se habla mucho de incrementar la oferta de servicios a la población y mejorar la calidad de los mismos, la falta de recursos obliga a difíciles equilibrios con los dirigentes sindicales de cada autonomía.
Los diversos acuerdos firmados, unos mejores que otros, están abriendo la puerta a comparaciones y presiones desde abajo para mejorar las condiciones laborales, incrementándose la deriva regionalista de las burocracias sindicales. En algunos casos, supuestas afinidades ideológicas con los gobiernos regionales socialistas, están provocando un aumento del malestar dentro de los propios sindicatos de clase, como es el caso de Castilla-La Mancha. En otros, la existencia de agravios comparativos está forzando la convocatoria de movilizaciones —casos de Asturias y País Valenciano—.
Se da así la paradoja de que, por ejemplo, mientras CCOO de Castilla-La Mancha firmó un acuerdo negativo para los trabajadores, CCOO de Asturias convocó movilizaciones a pesar de que el acuerdo asturiano era mejor que el manchego. El cretinismo regionalista está calando hondo en las burocracias sindicales, atadas de pies y manos al déficit presupuestario impuesto por el gobierno del PP.
Por un incremento drástico del gasto sanitario público
Las direcciones del PSOE, IU, CCOO y UGT están realizando un ejercicio arriesgado de funambulismo político-sanitario. Por una parte están encantados con las transferencias (cretinismo regionalista) y por otro se carece de medios para mejorar realmente la situación (pragmatismo gerencial). En estas condiciones, las presiones desde abajo van a forzar diferenciaciones internas, sobre todo en los sindicatos de clase, abocados a tener que movilizarse si quieren mantener su presencia en el fragmentado panorama sindical sanitario, máxime ahora que se acercan las elecciones sindicales.
El polvorín sanitario sigue acumulando explosivos. Las huelgas convocadas en Catalunya en sectores de la sanidad concertada, en Asturias, en Madrid o las que se van a convocar este mes en el País Valenciano, son solamente los inicios de movilizaciones más generalizadas. Si las direcciones sindicales mantuvieran firmes posturas de clase, el corolario lógico sería aglutinar todos los conflictos y luchar por un drástico incremento de los recursos dedicados a la sanidad pública, desenmascarando la llamada “descentralización” sanitaria y abogando por un único Servicio Nacional de Salud. Aunque el péndulo haya girado ahora al más rancio provincianismo pequeñoburgués, la tendencia será, a medio plazo, la contraria.
