Privilegios para

la educación privada

La LOE les da más privilegios: renuncia a terminar con uno de los aspectos más reaccionarios que planteó el PP, que era la “gratuidad” de la enseñanza infantil de los 3-6 años, es decir, concertar (dar subvenciones a los empresarios de la privada) esa etapa educativa en lugar de construir las plazas públicas necesarias. Así los centros privados pueden hacer “cantera”. Además, a través de las actividades extraescolares y complementarias, en teoría voluntarias, la LOE permite que los centros concertados cobren matrículas a sus estudiantes; suaviza las sanciones a los centros concertados por incumplir la ley (hasta el punto que podrán hacer lo que les venga en gana), entre otros privilegios.

Lo más sangrante de todo esto es que, a pesar de que introducen una asignatura de Educación para la ciudadanía, y que en varias ocasiones hablan de la Ley contra la Violencia Doméstica, la LOE permite implícitamente a los centros privados-concertados discriminar por razón de sexo (Art. 82.3). El gobierno se pliega a los dictados de la patronal de la educación concertada y de la jerarquía católica (el Opus Dei, entre otros) para que pueda haber centros educativos donde los estudiantes estemos separados por sexo. El dirigente del PSOE en Madrid, Simancas, criticaba correctamente a Esperanza Aguirre por aumentar los conciertos a este tipo de colegios y, sin embargo... ¡el Ministerio legaliza estas prácticas!

El negocio de la educación privada existe porque no se invierte lo suficiente en una educación pública (todos los años hay no-admitidos en los ciclos formativos y las guarderías públicas brillan por su ausencia) y para la Administración es mucho más barato dar una subvención a un centro privado que construir y mantener uno público. Pero la educación no es un negocio, es un derecho. Incluso donde gobierna la izquierda han aumentado los conciertos. Por ejemplo, en Catalunya, el dinero para la privada aumentó este curso en 90 millones de euros.

No al endurecimiento

del acceso a la Universidad

La lucha ha impedido que para tener el título de bachiller tengamos que hacer una reválida pero la LOE permite que haya una doble criba. Por un lado tendremos que seguir haciendo la selectividad, pero además las universidades tendrán sus propios criterios de acceso (Art. 38.6): otro examen de acceso, una entrevista individual o que la nota de corte no tenga que ver con las plazas que hay en la carrera y, por tanto, sea arbitrariamente alta. Además no especifican como será la selectividad pero todo apunta hacia un endurecimiento.

Detrás de esto siguen estando las ideas reaccionarias que defendía el PP con la LOU y con la LOCE (la mal llamada ley de Calidad): elitizar los estudios superiores. Es falso que sobren licenciados. Las necesidades sociales demuestran que sí son necesarios.

Derechos democráticos

y religión

El anteproyecto reconoce el derecho a huelga (Disp. Final 1.5). Si esto se confirma, sería una gran conquista del movimiento estudiantil, que nos hemos ganado a pulso. Pero si queremos que se cumpla en la práctica tenemos que seguir luchando por el derecho a reunión en hora lectiva.

Por otro lado el director seguirá siendo escogido por la Administración, además se convertirá en juez-policía del instituto, podrá tomar cualquier medida disciplinaria al margen del Consejo Escolar. La represión no soluciona los problemas de convivencia, todo lo contrario, acaba sirviendo para recortar nuestros derechos democráticos. No podemos olvidar que los problemas de convivencia son problemas sociales, de los que los estudiantes también somos víctimas y, para acabar con ellos, hacen falta recursos y medidas sociales.

En cuanto a la religión, el Sindicato de Estudiantes respeta las distintas creencias pero pensamos que el gobierno tendría que haber sacado la religión de las aulas. Es un paso adelante que sea voluntaria y no computable pero no está claro que no tengamos que escoger entre religión y una fraudulenta alternativa.

¿Qué necesita

la educación pública?

El punto central para conseguir una educación pública de calidad son los recursos. Sin dinero suficiente cualquier medida positiva se convierte en papel mojado. Una educación pública de calidad necesita una fuerte inversión para reducir el número de alumnos por aula, acabar con los barracones, tener calefacción en invierno... Además los años de gobierno PP supusieron una caída brutal en la inversión a la educación pública: desde el año 1993 hasta el 2003 se dejaron de invertir en el sistema educativo 19.000 millones de euros mientras que el dinero destinado a los centros concertados aumentaba en un 81%, un trasvase constante de dinero público a los bolsillos de los que más tienen.

El Sindicato de Estudiantes exige un Plan Extraordinario de Inversión para la educación pública de 6.600 millones de euros y que el gasto público en educación pública alcance el 7% del PIB en esta legislatura. Sí, hay recursos suficientes para este plan de choque: en los Presupuestos Generales del Estado del 2005 se destinaban a rebajas fiscales a las grandes empresas más de 41.000 millones de euros y en pagar intereses a la gran banca cerca de 20.000 millones de euros. Estas enormes cifras contrastan con lo que el gobierno ha anunciado que destinará a su proyecto de “centros preferentes”: 9 millones de euros a repartir entre 600 institutos. ¡Con 15.000 euros no se puede ni pagar a un nuevo profesor!

La lucha sirve, la lucha sigue

El gobierno del PSOE tiene que rectificar. En los puntos centrales ha preferido consensuar una ley educativa con la derecha, plegándose a las presiones de la patronal educativa y la jerarquía católica.

A pesar de todas las concesiones, el gobierno no ha evitado la respuesta histérica del PP, ahora mismo encuadrado en una posición ultraderechista en todos los terrenos. Plegarse a los intereses de la derecha lo que hace es fortalecerles. No se pueden consensuar los intereses de los empresarios con los de los jóvenes y los trabajadores.

El problema de fondo es que la privatización de la enseñanza, la elitización de los estudios superiores y el recorte de derechos democráticos son necesidades de los grandes empresarios y banqueros. Necesitan privatizar la educación, y la sanidad, Correos, Renfe... para mantener e incrementar sus beneficios. Al aceptar la lógica de funcionamiento del sistema capitalista, la dirección del PSOE acepta esas “necesidades”. Por eso la lucha por una educación pública de calidad está vinculada a la lucha contra el sistema capitalista.

La movilización masiva de jóvenes y trabajadores fue la que puso al PSOE en el gobierno. Si se empeña en privilegiar a los mismos que privilegiaba la LOCE, imponiendo esta LOE, el movimiento estudiantil responderá en otoño volviendo a salir a las calles.

Bájate el análisis detallado del anteproyecto

de LOE en nuestra web:

www.sindicatodeestudiantes.org

Juanjo López

Secretario general del

Sindicato de Estudiantes