El pasado 1 de marzo entró en vigor el Reglamento que regula el desarrollo de la Ley Penal del Menor. Lo primero que destaca es la propia filosofía que subyace a la actuación con menores: se considera a los niños como “peligrosos” y no como niños “en El pasado 1 de marzo entró en vigor el Reglamento que regula el desarrollo de la Ley Penal del Menor. Lo primero que destaca es la propia filosofía que subyace a la actuación con menores: se considera a los niños como “peligrosos” y no como niños “en peligro”, que es lo que realmente son. Prácticamente nadie quiere saber nada de estos niños y mucho menos de sus problemas.

El Reglamento de Menores en realidad viene a copiar literalmente, e incluso endurecer, el régimen disciplinario que sufren los adultos en prisión. Si los presos están totalmente indefensos ante las instituciones, en el caso de los menores se agrava todavía más esta situación ya que el secretismo que rodea los centros supera el de las cárceles, y hablamos de personas en pleno crecimiento y desarrollo de su personalidad, por lo que son mucho más vulnerables en todos los aspectos. Por lo tanto, no es más que un reglamento sancionador y represor y no educativo, a pesar de las buenas palabras que utilicen.

Aislamiento y dispersión

El régimen disciplinario que impone este nuevo reglamento contempla medidas tales como la “separación de grupo” (eufemismo de “aislamiento”) de hasta siete días; resulta curioso que el propio reglamento exija visita médica durante el aislamiento para tratar de evitar, en lo posible, daños físicos y psicológicos en el menor... ¿cómo se pueden imponer medidas a niños que se sabe ponen en peligro su integridad física y mental? También, permite el registro con desnudo integral y la presencia en los centros de vigilantes de seguridad armados con porras y esposas.

Otros aspectos que nos deben preocupar, y mucho, son por ejemplo la posibilidad de dispersión geográfica de los menores (que, de hecho, se produce), y que el régimen de visitas y permisos es incluso más restrictivo que en las prisiones para adultos, teniendo el director del centro la potestad para suspender visitas y permisos cuando lo crea conveniente.

Toda esta arbitrariedad genera una total indefensión en los chicos internados en centros de menores. Y no sólo en centros de reforma. Los llamados centros terapéuticos (semiabiertos) se rigen por la misma normativa. En ellos se interna a niños desde los doce años y que pueden estar en situación de protección, es decir, que no están “condenados” por ningún delito, sino que son internados por supuestas razones terapéuticas (además, estos chicos no tienen un tiempo de permanencia, sino que seguirán internados hasta que se decida darles el alta).

Malos tratos y torturas

El oscurantismo que se da en los centros de menores (al igual que en las prisiones) también permite que se produzcan malos tratos y torturas en los mismos. Según un informe presentado en febrero de este año por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en los centros de reforma de esta comunidad son muy frecuentes los casos en los que los menores pasan varias horas solos en una habitación, atados a una cama de hierro sin colchón. También resulta frecuente que pasen varias horas solos en una habitación con las manos esposadas en la espalda y sujetas a los pies con cinta adhesiva. En este informe también detectan varios casos de agresiones físicas con porras y puñetazos a los menores.

Además, cuando se consigue demostrar estos hechos, las condenas son ridículas: en Madrid, dos educadores y tres vigilantes de seguridad de un centro han sido condenados a un año de inhabilitación para trabajar con menores y a 480 euros de multa por darle una paliza a un chico de 16 años. Es vergonzoso.

Un negocio privado

En resumen, tanto en los centros cerrados como en los de régimen más abierto, se vulneran de forma sistemática los derechos y las libertades fundamentales de nuestros menores.

Todo esto es posible tanto por la legislación vigente como por el hecho de que los centros de menores son privados. La libertad y la vida de nuestros niños se han convertido en una nueva fuente de negocio para las diversas fundaciones y ONGs “sin ánimo de lucro”. Y de esto también se deriva la escandalosa falta de medios y la precariedad laboral de quienes trabajamos en el sector. Por eso, también creo necesario romper una lanza a favor de quienes trabajan en los centros, ya que la mayoría de los profesionales se desviven por sus chicos y llegan a saltarse las normativas vigentes para, a pesar de las instituciones, tratar de sacar adelante a unas personas que no necesitan ser encerradas, humilladas y sometidas, sino nuestra ayuda y la del resto de la sociedad.

Para terminar, tenemos que hacer una reflexión: todo esto que está pasando podíamos esperarlo bajo un gobierno del PP, por eso les echamos. Pero tenemos que recordar quién está gobernando y con qué apoyos. Algo está fallando en la izquierda para que tengamos que denunciar esta situación.


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