Al gobierno del PP se llena la boca cada vez que nos habla de la "enseñanza pública" y arremete contra la LOGSE culpabilizándola del pretendido fracaso escolar ya que en aquella no se les educaba en el esfuerzo a los alumnos. Y al final ponen comom Javier Méndez-Vigo Hernández

FETE-UGTPV

Al gobierno del PP se llena la boca cada vez que nos habla de la "enseñanza pública" y arremete contra la LOGSE culpabilizándola del pretendido fracaso escolar ya que en aquella no se les educaba en el esfuerzo a los alumnos. Y al final ponen como modelo ideológico a la Operación Triunfo..., aunque luego se echaron para atrás cuando Rosa no "triunfó" en el festival.

Ahora bien, ¿qué es lo que nos introduce el programa de esta derecha taciturna y neoliberal? De nuevo la vuelta hacia atrás. De nuevo un "currículo oculto" para degradar la enseñanza.

En otro artículo denunciábamos que el País Valenciano se estaba utilizando como un laboratorio para la política sanitaria del Gobierno y pasa lo mismo en la Educación. Para el PP valenciano es más importante vivir en un mundo de ilusión y de mitos (Terra Mítica) donde lo único que se necesita es agua a raudales y una mano de obra barata y servil.

La política educativa del PP en el País Valenciano ha consistido en una degradación del sistema público para luego justificar el desvío del dinero del erario público hacia la escuela privada, particularmente de la Iglesia y del Opus.

Mil doscientos barracones

Próximamente comenzará el nuevo curso escolar y nos encontramos con que 30.000 alumnos darán las clases en más de 1.200 barracones. Hay que tener en cuenta que un barracón mide unos 15m2 y alojarán una media de 25 alumnos por aula. Además, cerca de un 42% de los alumnos de secundaria todavía darán sus clase en el curso que viene en los centros de primaria. Luego echan las culpas a la LOGSE; pero aquella ley propugnaba aulas con un máximo de 20 alumnos por aula, además de un profesor de apoyo. ¿Quién degrada la enseñanza?

Pero es que por otro lado la Generalitat valenciana ha apoyado a la nueva empresa pública y al mismo tiempo está endeudando a los Ayuntamientos haciéndoles pedir créditos para la construcción de los nuevos centros. Por su parte la Generalitat se gasta más de doce millones de euros en dichas aulas prefabricadas.

Además, el Gobierno del PP está desviando dinero del erario público hacia la privada, así según el diario económico Cinco Días (16 de agosto), "más del 70% de las aulas de los centros privados españoles mantienen conciertos económicos con la Administración". Y la sorpresa salta cuando en el mismo periódico se nos informa que a la cabeza de dicha política a nivel estatal se encuentra el País Vasco, con más del 85%, seguido por la Comunidad de Madrid y por Cataluña.

Frente a esto se nos impone una Ley de Calidad que esconde un currículo oculto y que ataca a la concepción del Estado, ya que en la práctica supone una vuelta de rosca más al centralismo con lo que va a enfrentarse a la autonomía e independencia de las distintas nacionalidades. Por otra parte los alumnos son atacados en sus derechos fundamentales ya que ahora sí no podrán [legalmente] perder horas de clase.

La Ley de Calidad degrada la enseñanza porque un problema que es social se pretende que lo solucione el profesorado, pero además sin tener los instrumentos pertinentes. En la práctica el PP no cambia. Lo mismo que con la Ley del Botellón la única manera que tiene de solucionar los problemas es reprimiendo y haciendo pasar a la "clandestinidad" lo que se puede solucionar con diálogo y proponiendo otras alternativas que pasan por abrir los institutos, y dar más salidas a las personas.

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