La derrota electoral del PP fue una gran noticia. Al día siguiente, la alegría era general, los trabajadores sentían que la victoria había sido suya, que habían echado al PP. Pero también se percibía una cierta reserva sobre hasta dónde será capaz deLa derrota electoral del PP fue una gran noticia. Al día siguiente, la alegría era general, los trabajadores sentían que la victoria había sido suya, que habían echado al PP. Pero también se percibía una cierta reserva sobre hasta dónde será capaz de llegar Zapatero. No en vano los doce años de los gobiernos socialistas de Felipe González están en la memoria histórica de la clase obrera.

Con su participación masiva y el voto a la izquierda, los trabajadores han expresado su deseo de que las cosas cambien en profundidad. Fue un voto contra las mentiras y las manipulaciones del PP en el Prestige, la guerra y el atentado, sí, pero también contra las dificultades para llegar a fin de mes, la precariedad, el paro, la carestía de los pisos... El PSOE no le debe su victoria a sus habilidades como oposición ni a las capas medias, sino a los trabajadores.

O con los unos o con los otros

En este sentido, el nombramiento de Pedro Solbes como ministro y vicepresidente económico no es muy esperanzador. Solbes ya fue ministro de Economía en el último gobierno de Felipe González (1993-96). A pesar de que aquella noche electoral Felipe González afirmó “he entendido el mensaje”, su gobierno profundizó el descontento de los trabajadores, en lo que influyó decisivamente la política económica y una reforma laboral brutal que llevó a que CCOO y UGT convocasen poco después la huelga general del 27 de enero de 1994. Durante todo este tiempo, Solbes era comisario europeo de Asuntos Económicos, y actuó como celoso guardián del Pacto de Estabilidad, uno de cuyos aspectos centrales es la contención del gasto público.

Pero los trabajadores no votaron PSOE para tener más de lo mismo, sino para que el gobierno socialista acabe con la precariedad, mejore el desempleo, la sanidad y la enseñanza; defienda el sector público y renacionalice las empresas privatizadas; etc.

Zapatero va a tener que escoger a quién sirve. Si opta por cumplir con sus votantes, se encontrará con la firme oposición de la burguesía, que exige la vinculación salarios-productividad, la individualización de la negociación colectiva o más reformas laborales, como ya pidieron públicamente Miguel Boyer y Carlos Solchaga, los otros dos ex ministros de Economía con Felipe González, a los que les faltó tiempo para salir a la luz pública para “aconsejar” a Zapatero, en compañía de Rodrigo Rato. No es de extrañar, pues Miguel Boyer es ahora un hombre del PP y Solchaga realizó a mediados de los años 80 una reconversión industrial tan bestial que la ley era conocida como Ley Solchaga.

Ceder a las presiones de la burguesía sólo puede empeorar la situación. Para contrarrestarlas, el gobierno socialista necesita apoyarse en la movilización de los trabajadores, que es a quienes se debe. Si Zapatero optase por satisfacer a los empresarios, la movilización sería entonces el único recurso que nos quedaría a los trabajadores para defendernos de las nuevas agresiones.

Es necesario un giro

a la izquierda

En cualquiera de las dos perspectivas es evidente que los sindicatos necesitan un giro a la izquierda. Como se demostró durante la pasada legislatura en la que el único caso en que el PP dio marcha atrás fue el decretazo, a resultas del enorme éxito del 20-J, los trabajadores, cuando nos organizamos y luchamos, tenemos fuerza para defender nuestros intereses de clase. Ahora de lo que se trata es de que los sindicatos tengan unos dirigentes que comprendan que esa fuerza existe y estén dispuestos a movilizarla siempre que haga falta.

Este es uno de los aspectos que se debería dilucidar en el 8º Congreso Confederal de CCOO, que se presenta muy dividido, como demuestra que la aspiración de Fidalgo sea... ¡llegar al 60%! Es decir, el sindicato está dividido por la mitad, por el desgajamiento del sector de Rodolfo Benito a consecuencia de las contradicciones que a los oficialistas les crea su propia política sindical. La última prueba de esto procede de una fuente libre de toda sospecha: Máximo Díaz, presidente de la Comisión de Garantías Confederal. Pues bien, a finales de marzo, le envió una carta a Fidalgo en la que muestra su preocupación por el nivel de confrontación (las impugnaciones aumentaron un 200% respecto al anterior proceso congresual) y se queja de la parcialidad descarada con que actúan algunos miembros de la comisión “facilitando decisiones de parte, fijando criterios contradictorios entre sí”. Asimismo opina que hay riesgo de que se adopten resoluciones “en abierta contradicción con los preceptos reglamentarios que rigen en CCOO”. O sea, que Fidalgo va a ganar el congreso a base de trampas y violaciones de los estatutos, como ya era sabido, pero la falta de escrúpulos es tal que hasta hombres de su confianza opinan que se están rebasando todos los límites.

Pero las victorias falsas no cambian la realidad: el descontento de los afiliados con la política de Fidalgo existe. Por eso será tarea imposible gobernar CCOO con sólo el apoyo de la mitad del sindicato y con un régimen de apartheid contra la otra mitad.

En estas circunstancias, el Sector Crítico debe prepararse para la movilización que inevitablemente la dinámica de la lucha de clases va a exigir, dinámica que acabará llevando a una participación de los afiliados en el sindicato, lo que cambiará la correlación de fuerzas internas. En esta perspectiva, el Sector Crítico debería solicitar el derecho a corriente en este Congreso. Si se obtuviese, sería un paso adelante; si los oficialistas nos lo negasen, sería otra prueba más de su talante antidemocrático.

Andrés de las Heras y José Mª Gil

Delegados al VIII Congreso Confederal de CCOO

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