Desde luego, a nadie pueden sorprender estas medidas, ni por su fondo ni por su forma. Por su fondo, no difieren de otras muchas tomadas estos últimos años con el consenso de los dirigentes sindicales. Baste recordar la contrarreforma laboral de 1997, que hoy es evidente que fracasó estrepitosamente porque la precariedad no disminuyó sustancialmente. Ni difieren de otras medidas que, aunque no hayan contado con la firma de los dirigentes sindicales, éstos tampoco las combatieron, más allá de declaraciones verbales que sirven de bien poco, como fue el caso del decretazo de marzo del año pasado. Ni tampoco difieren de medidas que, a pesar de su gravedad, ni siquiera les hicieron levantar la voz. Sin ir más lejos, el PP metió en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado 2002, aprobada en diciembre, que un trabajador que, estando de baja, sea despedido o le finalice el contrato dejará de cobrar de la Seguridad Social y pasará a consumir su prestación de desempleo (si es que tiene las suficientes cotizaciones). Esto significa, por ejemplo, que un trabajador con un contrato por obra que sufra un accidente o una enfermedad graves y cuyo empresario dé por finalizado el contrato, puede encontrarse con que se le agota la prestación cuando aún está hospitalizado. Y tampoco difieren en su forma de anteriores medidas del PP, por mucho que Fidalgo y Méndez den rienda suelta ahora a su indignación porque el gobierno no ha querido "dialogar". El mal llamado diálogo social tenía en los últimos tiempos muy poco de diálogo. Negociar bajo amenaza de un decreto gubernamental es como negociar con una pistola apuntándote al pecho. En realidad, era inevitable llegar a este punto. Como desde estas páginas hemos venido explicando reiteradamente, las constantes claudicaciones de la dirección sindical sólo iban a conseguir envalentonar a la derecha y la patronal. La firma por parte de Fidalgo del acuerdo de pensiones a un mes del decretazo y la marcha atrás de Méndez tras convocar huelga general en Galicia y anunciar otra de ámbito estatal para el otoño no han sido interpretadas por la burguesía como muestras de "responsabilidad" —como a ambos les gusta creer—, sino de debilidad. Y es sabido que la debilidad siempre invita a la agresión.

La burguesía se prepara

Al empeoramiento de la situación económica, la burguesía española le tiene que sumar un problema añadido: el euro. La moneda única significa que ya no puede recurrir a una de sus recetas tradicionales para ganar competitividad: la devaluación de la peseta. Por lo tanto, la única opción que le resta es rebajar los costes laborales. Esto no significa solamente moderación salarial, sino también retrocesos laborales (abaratar y facilitar el despido, más movilidad geográfica y funcional, menos protección a los parados) y sociales (una enseñanza de peor calidad, menos gasto en sanidad pública, reformas fiscales regresivas, aumento de los impuestos indirectos, etc.), es decir, un auténtico trasvase de dinero de los bolsillos de todos a los de los ricos. El último ejemplo es la desgravación por alquiler de vivienda. Primero, el PP se la cargó; y ahora anuncia su recuperación, ¡pero desgravando el propietario!

Y siguen cocinando nuevas medidas, como la llamada Ley Concursal, que es su preparación para un ciclo económico recesivo y el rosario de quiebras de empresas que conllevará. O la reforma de la negociación colectiva, aparcada temporalmente a raíz de la firma del ANC 2002.

La burguesía sabe que, antes o después, estas agresiones provocarán una respuesta del movimiento obrero, a pesar del tapón que en estos años representaron los dirigentes sindicales para la lucha. Esta es la razón del autoritarismo creciente que se percibe en el PP. El laudo arbitral obligatorio en la huelga del transporte de Madrid o la ley de Partidos son ejemplos de ello.

Repercusiones en los sindicatos

Toda esta situación está teniendo hondos efectos en los sindicatos. Sectores de la cúpula sindical están asustados porque empiezan a darse cuenta de que las constantes claudicaciones ante la derecha amenazan con desprestigiarlos ante los trabajadores hasta un nivel insoportable. Andar pegados al gobierno no suele estar bien visto, y si encima es de derechas, mucho peor. Esta es la causa de fondo del giro movilizador de UGT en el primer semestre del año pasado y de la ruptura del sector oficialista de CCOO, simbolizada en la destitución de Rodolfo Benito como secretario de Organización. Luchas como la de Síntel, el masivo apoyo a la huelga general en Galicia de la base de CCOO a pesar de la oposición del aparato o conflictos laborales como los del transporte en Baleares, Canarias y Madrid permiten vislumbrar el enorme descontento de los trabajadores con su situación, y en esa medida son una presión sobre los dirigentes sindicales, que los puede obligar a ir más lejos de lo que quisieran. Cuando los vientos de la lucha de clases empiezan a soplar con fuerza, la única opción es navegar a su favor. Lo contrario sólo acarreará la destrucción del velamen.

Los dirigentes de CCOO y UGT están en una encrucijada. Se resisten a luchar, como han demostrado sobradamente. Pero si no hacen nada ante una agresión del calado de la reforma del desempleo propuesta por el PP –que aun encima los ha despreciado y ni siquiera mantuvo una farsa de negociación que les permitiera presentar alguna migaja como una gran conquista–, muchos trabajadores se preguntarán para qué sirven. Y Fidalgo lo tiene en especial difícil. El lío habido sobre el resultado de la votación de su informe al Consejo Confederal del 6 de marzo refleja que su mayoría, si es que la tiene, es precaria. Dado que es más que probable que el sector de Benito se decante por la huelga general (necesitan diferenciarse de sus antiguos aliados, a los que de paso pondrían en una tesitura muy difícil), Fidalgo podría verse obligado, muy a su pesar, a tomar la iniciativa, ante el miedo a sufrir una derrota (que obviamente le obligaría a dimitir de inmediato) o a quedar en evidencia.

Un proceso similar lo vemos en Italia. Cofferati es tan partidario de los pactos como Fidalgo —de hecho, en diferentes entrevistas publicadas en la prensa burguesa, su lamento es que ¡Berlusconi no sea tan dialogante como Aznar!—, pero las circunstancias le han obligado, haciendo de tripas corazón, a recurrir a la fuerza del movimiento obrero.

Los dirigentes sindicales tendrán que responder al PP porque no le queda más remedio. Lo contrario sería suicida. Pero la cuestión no se agota aquí. Parafraseando a Lenin, "movilización, ¿para qué?". Su objetivo no debe ser meramente hacer una demostración de fuerza para que el PP recapacite y abra una mesa de "negociación", correspondiendo así a la "responsabilidad" que ellos demostraron al avalar, por activa o por pasiva, anteriores contrarreformas del gobierno.

Por una huelga general de 24 horas

Si no le paramos los pies ahora, el PP perpetrará nuevas y más graves agresiones contra nuestra clase. Por eso hace falta una huelga general de 24 horas en todo el Estado antes del verano, bien preparada y acompañada de una intensa campaña de información y debate en los tajos y centros de trabajo. Pero aunque es indudable que las huelgas generales son acontecimientos importantes de la lucha de clases, los marxistas no hacemos de ellas un fetiche. Al igual que ocurre con la negociación, tampoco una huelga general puede ser un fin en sí misma. Los problemas que hoy afronta la clase obrera van más allá de esta contrarreforma del desempleo. Por eso, la huelga debe tener un auténtico programa de lucha, un conjunto de reivindicaciones claras y concretas para mejorar de forma real las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. Más allá de la retirada del paquete del gobierno, la huelga general debe ser el pistoletazo de salida de un período de movilización sindical en demanda de nuestras reivindicaciones de clase. Y también debe ayudar a que entre en el camino de la lucha una nueva generación de jóvenes trabajadores, que serán la base para regenerar los sindicatos de clase. Sería un error que los dirigentes sindicales la convocasen nada más que para cubrir el expediente.

Por un sindicalismo revolucionario

Esta contrarreforma demuestra el rotundo fracaso de la estrategia de pactos y consenso con la burguesía practicada por los dirigentes sindicales. El movimiento sindical sólo podrá salir de su marasmo si se dota de un modelo basado en la participación, en las asambleas, combativo y que defienda intransigentemente los intereses generales del conjunto de la clase obrera, que contribuya a elevar el nivel de conciencia (no a disminuirlo), que favorezca la unidad sindical (que sólo se puede conseguir realmente por abajo, en la lucha) y que aumente el grado de organización y lucha de los trabajadores, nuestras únicas armas (y no que contribuya a desorganizarlos, atomizarlos y desmoralizarlos, que es la consecuencia del sindicalismo reformista practicado por los actuales dirigentes). Y, sobre todo, un modelo sindical dotado de una perspectiva política anticapitalista, es decir, inspirado en los clásicos del marxismo: Marx, Engels, Lenin, Trotsky.

Recuperar la influencia del marxismo entre los trabajadores es la clave para dotar a los sindicatos y partidos de clase de una dirección que luche porque comprende que no luchar significa siempre perder. Porque comprende que los intereses de burguesía y proletariado son irreconciliables en todo momento y lugar. Porque comprende que el origen último de todos los problemas de los trabajadores es la propiedad privada de los medios de producción. Porque comprende, por tanto, que bajo el capitalismo cualquier conquista será inestable y que los problemas de la clase obrera sólo se podrán solucionar de forma definitiva y permanente si eliminamos este sistema. Y porque comprende, en consecuencia, que nuestra clase sólo podrá avanzar si vincula la lucha cotidiana en defensa de sus intereses inmediatos con la lucha por la transformación socialista de la sociedad. ¡Únete a los marxistas de El Militante para luchar con nosotros por el Socialismo!