Los aspectos fundamentales de este laudo consisten en lo siguiente: convenio único para el sector, subida salarial de 48,08 euros, de los que 18 van al salario base y el resto a los complementos. Incremento del IPC previsto más el 0,7% en el resto de conceptos que conforman el salario final y reducción de la jornada laboral de tres días en los próximos cuatro años, que es el tiempo en que estará vigente el laudo impuesto.
Se pretende presentar esta "solución" como salomónica y racional, para desbloquear un conflicto que estaba muy enquistado. Eligen un mediador que dicen imparcial (Javier Montalvo) y éste dicta unas condiciones que según la ley, deben ser aceptadas obligatoriamente por ambas partes.
Pero detrás de las empalagosas palabras sobre la legalidad, imparcialidad, etcétera, lo que se esconde es ni más ni menos que la prohibición, por parte del gobierno de Ruiz Gallardón, a los trabajadores de hacer huelga.
La Comunidad de Madrid ha actuado como el cómplice de los empresarios desde el inicio de las negociaciones, durante el conflicto y ahora con este laudo.
En los hechos concretos los trabajadores han podido comprobar para qué los organismos del estado se han dotado del instrumento del arbitraje obligatorio: ni más ni menos que para acabar con las huelgas en las que los trabajadores están participando masivamente.
Los dirigentes sindicales deberían tomar buena nota de esta experiencia cuando se vuelvan a plantear medidas de este tipo. La primera lección es clara: no existen mediadores imparciales, siempre y sobre todo en conflictos tan enconados como éste se posicionan irremediablemente y en lo fundamental del lado de los patronos.
Por su parte, la patronal del sector ha demostrado que su único interés es el de aumentar sus ya magros beneficios. No les importa la salud, la vida familiar, y los nervios de los trabajadores. La calidad del servicio (algo totalmente relacionado con las condiciones de trabajo) les tiene sin cuidado. Sólo se acuerdan del usuario para denunciar a los trabajadores que hacen huelga.
La prensa, al servicio de la patronal
La mayoría de los trabajadores son conscientes de que lo planteado en el laudo no supone ningún cambio fundamental en sus condiciones de trabajo; las manifestaciones de rabia, descontento y disgusto generalizadas en la última asamblea del 15 de abril, lo confirman.
Muy lejos está el aumento de 75 euros lineales sobre el salario base, el alza del IPC más un punto sobre el resto de conceptos con cláusula de revisión salarial, la reducción de jornada a 35 horas de trabajo efectivo; el considerar horas extraordinarias el tiempo de trabajo a partir de las siete horas diarias y la jubilación anticipada a los 60 años con el 100%.
Un sabor amargo les ha quedado a miles de trabajadores que han salido como un solo hombre a la huelga, dispuestos a todo y enfrentándose a unos servicios mínimos abusivos incumpliéndolos.
La pregunta que muchos se harán es ¿cómo podremos mejorar significativamente nuestras condiciones de trabajo, si cuando nos movilizamos todos a una, viene el gobierno y nos obliga a abandonar la huelga?
Respecto a esta cuestión vital es necesario resaltar una idea: era totalmente posible haber ganado con esta huelga. Se podría haber generado la fuerza suficiente para doblegar a los adversarios. Estos siempre son los mismos, sobre todo cuando se trata de ventilar cuestiones serias; la patronal, el gobierno y los medios de comunicación normalmente forman una coalición contra los intereses de los trabajadores.
Especial mención merecen los medios de comunicación, que en esta huelga se han ensañado contra los trabajadores, ocultando información, contando verdades a medias (que son las peores mentiras), cuando no mintiendo abiertamente. Para los capitalistas, ésta es la función que justifica las inversiones millonarias que hacen anualmente en prensa, radio y televisión. Crear opinión acorde con los intereses de los grandes empresarios es su misión fundamental, no importando los medios a los que recurrir para lograrlo. Saben que en cualquier conflicto, la actitud de la "opinión pública" es esencial. De hecho en la huelga de autobuses de Madrid ha sido la clave.
No podía ser de otra manera; una huelga en este sector, en una comunidad como Madrid donde el transporte público es vital, despierta inmediatamente la atención de cientos de miles de usuarios (la mayoría trabajadores) que se ven directamente afectados. La patronal y el gobierno de la comunidad han tenido claro esto desde el principio, de ahí la tremenda campaña de desprestigio contra los trabajadores. Esta cuestión ha sido lo determinante. La campaña ha tenido efecto y un sector importante de usuarios estaba muy indignado con la huelga. En este ambiente es donde se ha apoyado Ruiz Gallardón para imponer este laudo. A este respecto cabe preguntarse ¿Podrían los trabajadores haber actuado de forma tal que se hubiera podido contrarrestar el papel de los medios de comunicación y haber ganado a la opinión pública a la causa de los trabajadores? La respuesta es sí.
Ganar el apoyo de los usuarios
En las asambleas que ha habido durante el conflicto, el testimonio de muchos trabajadores era estremecedor. Explicaban cómo el cansancio, durante jornadas de quince o 17 horas diarias al volante, les obligaba a mojarse la cabeza para no dormirse; cómo su vida familiar apenas existe porque prácticamente viven para conducir y dormir cuando pueden; cómo su salud se deteriora rápidamente; cómo los bajos salarios y el temor a ser despedidos, les obligan a hacer horas extras y por fin cómo este conjunto de factores afectan muy negativamente a la calidad del servicio y sobre todo y más importante, a la seguridad.
Nada de esto, obviamente, explicaban los medios de comunicación. Pero los dirigentes sindicales sí lo podrían haber hecho. Inundando Madrid con miles de panfletos explicando esta situación, organizando piquetes de trabajadores cargados de propaganda para visitar los barrios y pueblos más afectados, explicando además dónde recaía la verdadera responsabilidad, en los empresarios, explicando que éstos se negaron incluso a entrar a discutir las reivindicaciones de los trabajadores. Con este método se podría incluso haber unido, a los vecinos de pueblos y barrios, que vienen reivindicando desde hace tiempo transporte alternativo a los autobuses, como es el caso del barrio de la Fortuna en Leganés. Evidentemente, la responsabilidad de plantear, prever y organizar estas tareas recae sobre los dirigentes sindicales. Ellos cuentan con la experiencia y los medios materiales para poder hacerlo y no haberlo hecho es el primer error que CCOO, UGT y USO han cometido en esta huelga. Es más, siguiendo por este camino de ganar a la opinión pública, los sindicatos, sobre todo CCOO y UGT, tienen miles de delegados en cientos de comités de empresa que podrían haber sido movilizados (organizando asambleas explicativas, recogiendo firmas, aprobando resoluciones contra la patronal y de apoyo a los trabajadores, etc.), y tampoco se planteó este punto. Con estas medidas es posible que sí hubieran podido neutralizar las mentiras de la prensa y desenmascarado a los patronos, fortaleciendo aún más la unidad y determinación para luchar de los trabajadores y cortando el camino a Gallardón impidiéndole aplicar el laudo.
Extensión de la lucha
Pero al no haber actuado los sindicatos de esta forma y habiendo llegado la situación a este punto ¿Tenían los trabajadores otra alternativa que la de aceptar el laudo? Evidentemente, no aceptar el laudo era "un órdago a la grande". Una actuación de este tipo puede tener incluso repercusiones penales. Es una medida seria que no se puede tomar a la ligera; pero los trabajadores no se lanzarían a este órdago sin cartas. Tenían una buena jugada. El elemento central era la decisión firme y totalmente mayoritaria de los trabajadores de llegar hasta el final. En la última asamblea los sindicatos deberían haber manifestado que ellos también estaban dispuestos a seguir hasta el final; que denunciaban el laudo como un servicio a la patronal inaceptable para los trabajadores y que por lo tanto proponían seguir con la huelga presentando un plan de intervención en fábricas y barrios, en la línea de lo explicado más arriba. Planteando además auto organizar servicios esenciales en zonas donde no había transporte alternativo. Proponer este camino a seguir hubiera supuesto un enorme revulsivo para la lucha, una importante inyección de moral, que además habría ayudado a que aquellos sectores que estaban participando en segunda línea, vieran una salida de lucha para desenquistar la movilización y les hubiera ayudado a incorporarse.
Lejos de esto, los representantes de CCOO, UGT y USO, utilizaron toda su energía en intentar convencer a los trabajadores de que, ya que habían retirado los expedientes, no había otra opción que la de aceptar el laudo. Los trabajadores, sin dirección y sin otra alternativa que no fuera la indignación, aceptaron el laudo. Esta lucha podría haberse ganado. Con este movimiento se podrían haber cambiado sustancialmente las condiciones de trabajo; no ha sido así. Los sindicatos están presentando la constitución de una mesa técnica para discutir la jornada laboral en el sector (algo a lo que también obliga al laudo), como un instrumento para conseguir la tan ansiada y necesitada reducción de jornada. Pero muchos trabajadores piensan (correctamente) que si con estas huelgas no se ha conseguido, menos se conseguirá con la mesa de negociación. Los trabajadores no tenemos otra forma de conseguir avances o frenar ataques; la huelga, la manifestación, el reparto de panfletos explicando nuestra lucha, son los instrumentos con los que los trabajadores contamos para defender nuestros intereses. Unas veces se consiguen los objetivos, otras no. Pero no podemos olvidar que tanto de unas como de otras debemos sacar lecciones y aprender, para prepararnos para la siguiente batalla que sin duda habrá que librar para conquistar unas condiciones de trabajo dignas que nos permitan vivir como personas.
