El cese de Alberto Rodríguez como diputado, decidido por la presidenta del Parlamento cumpliendo con celeridad las órdenes del Tribunal Supremo, supone un gravísimo ataque contra los derechos democráticos y un nuevo paso en la campaña de criminalización contra los activistas de la izquierda.

Plegándose a las exigencias del juez Marchena, un magistrado vinculado estrechamente con los sectores más reaccionarios y ultraderechistas del PP, y que ya presidió el montaje judicial contra los dirigentes independentistas catalanes, el PSOE demuestra una vez más que es un sólido pilar del régimen del 78. Pero lo más increíble de este asunto nauseabundo, ha sido la puñalada trapera que Alberto Rodríguez ha recibido de diferentes líderes de UP, empezando por Yolanda Díaz y Alberto Garzón, que le han abandonado a su suerte renunciando a proponer ningún tipo de movilización y pidiendo rebajar el “ruido”. Los sillones ministeriales pesan mucho más que denunciar la colaboración infame del PSOE con la derecha incrustada en el aparato estatal.

El Poder Judicial echa al “rastas” entre vítores de Vox y PP

Tras una farsa judicial carente de pruebas sostenida con el único testimonio de un policía simpatizante de la ultraderecha, contradiciendo incluso las propias imágenes que existen del supuesto incidente, y a pesar de que la pena de un mes y 15 días ha sido sustituida por una multa de 90 días que el diputado abonó inmediatamente… Meritxell Batet, en contra del criterio inicial de los servicios jurídicos del Congreso[1], ha robado literalmente el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Un atropello antidemocrático que ha dejado a 64.000 electores sin su representante.

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Meritxell Batet, en contra del criterio inicial de los servicios jurídicos del Congreso, ha robado literalmente el acta de diputado a Alberto Rodríguez.

Este es la “democracia” que existe en el Estado español, donde un tribunal plagado de franquistas puede forzar la destitución de un representante de la “soberanía nacional” sin pestañear. Un aviso a navegantes para cualquier activista social, sindicalista o militante de izquierdas que luche en las calles contra el régimen del 78, y que mañana pueda ser elegido para un cargo parlamentario.

Con esta capitulación del PSOE, la derecha y la extrema derecha han salido en tromba para celebrar la victoria. Han echado al “rastas” que violaba los “códigos de etiqueta” de un lugar que solo la casta tiene derecho de ocupar, al que según Celia Villalobos podía traer piojos, se han sacudido al “pateador de policías” y al “delincuente” de Podemos, tal como lo han calificado los periodistas de la caverna. Estos reaccionarios, acosados por constantes casos de corrupción, que han saqueado sin inmutarse las cuentas públicas, que protegen la fortuna fraudulenta del Emérito y poseen cuentas en paraísos fiscales, los campeones del latrocinio tienen el cinismo de justificar esta decisión “porque nadie está por encima de la ley”.

Pero la actuación del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no se ha limitado únicamente en arrebatar el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Cuando han sido criticados por la ministra de UP, Ione Belarra, han tardado minutos en emitir un durísimo comunicado público denunciando que las opiniones de esta “exceden absolutamente el derecho a la libertad de expresión”[2]. Otra vez volvemos a confirmar que este poder judicial, que no se somete a ningún tipo de elección democrática por parte de la ciudadanía, decide quién puede seguir o no siendo diputado, y qué críticas son o no aceptables en el marco de la libertad de expresión.

Resulta un auténtico chiste oír hablar de la “independencia del Poder judicial”, o de la necesidad de “no judicializar” la política, cuando es esta casta la que con sus decisiones trata de condicionar la política en el Estado español, al margen de cualquier aritmética parlamentaria salida de las urnas. Así ocurrió hace unas semanas con la orden de detención contra Puigdemont, con el objetivo de dinamitar la Mesa de dialogo, y así está ocurriendo ahora con Alberto Rodríguez.

Estamos ante decisiones que nos aproximan hacia un tipo de Estado autoritario, donde un puñado de magistrados dispone de un poder incontestable, muy superior al del propio Parlamento. La cuestión es por qué esta casta de magistrados, militares y policías fascistas, que han heredado sus posiciones en las altas esfera de padres, abuelos y familiares, igual de reaccionarios que ellos y que lograron sus galones y ascensos bajo la dictadura, siguen actuando con tanta impunidad. Una lógica implacable que solo se explica por la colaboración y connivencia de los dirigentes del PSOE y de otras formaciones que hicieron posible una Transición política que fue de todo menos modélica.

Esos polvos son los que traen los actuales lodos. Este aparato es una amenaza para la democracia y para la clase obrera. Y lo está demostrando desde hace muchos años, contra el pueblo vasco y catalán, contra los derechos fundamentales de expresión, manifestación y organización, contra las miles de familias que expulsa de sus viviendas cada año, contra los cientos de miles de despidos que ha sancionado, o las sentencias machistas y homófobas que sigue dictando.

El PSOE extiende una alfombra roja a la extrema derecha

Esta grave actuación, que fortalece y llena de confianza a la extrema derecha y a la reacción, ha sido posible gracias a la colaboración y plena implicación de la dirección del PSOE y de Pedro Sánchez. Cerradas las viejas heridas tras el 40 Congreso, escenificado con el abrazo entre Pedro Sánchez y Felipe González, se trata de demostrar de nuevo su fiabilidad como partido del régimen de cara a la clase dominante, la patronal y el Ibex 35.

No es casualidad que esta ofensiva coincida con el conflicto en torno a la derogación de la reforma laboral o con los acuerdos entre PSOE y PP de cara a renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, y muy probablemente, en un futuro cercano, el Consejo General del Poder Judicial. La renovación del TC cediendo 2 de los 4 puestos a magistrados del PP cercanos al aznarismo, uno de ellos colaborador de FAES, es el mejor ejemplo. La dirección del PSOE dirige con mano firme el Gobierno, imponiendo su voluntad en todos los aspectos fundamentales que afectan a la estabilidad del régimen y a los intereses del IBEX35, dejando a UP el papel de comparsa de izquierdas.

La exigencia de que Nadia Calviño, representante del gran capital en el Consejo de Ministros, participe en la negociación de la reforma laboral tiene un solo objetivo: que sus aspectos fundamentales NO se deroguen. Y para ello cuenta con la ayuda del comisario de economía de la UE, Paolo Gentiloni, que aterrizó casualmente esta semana en Madrid para señalar que “las decisiones sobre estas reformas deben cumplir el marco de lo que hemos pactado en Bruselas.”[3] Es decir, que no se derogue. Por otro lado, pensar que la CEOE va a firmar la derogación de la reforma laboral fiándolo todo al acuerdo entre los agentes sociales, resulta entre ingenuo y ridículo.

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La exigencia de que Nadia Calviño, representante del gran capital en el Consejo de Ministros, participe en la negociación de la reforma laboral tiene como objetivo que sus aspectos fundamentales NO se deroguen.

Tal y como ha ocurrido con otros proyectos estrella de UP, la eliminación de la reforma laboral quedará en agua de borrajas. Como la reciente Ley de Vivienda, con mil vericuetos legales que permitirán a los especuladores esquivarla, postergándose su aplicación 18 meses desde su aprobación, es decir, para el año 2024, tras unas nuevas elecciones que podría ganar la derecha.[4] Y lo mismo podemos decir de la contrarreforma de las pensiones, que ha endurecido las prejubilaciones, del famoso Ingreso Mínimo Vital que ya ha quedado en el olvido, o de la subida de la luz y el gas que continúa su escalada sin control después de los acuerdos firmados los grandes monopolios del sector.

La debilidad invita a la agresión. ¿Hacia dónde va Unidas Podemos?

Tras casi dos años de Gobierno, la tesis defendida por Pablo Iglesias y Unidas Podemos de que la entrada en el Ejecutivo empujaría al PSOE hacia la izquierda ha sido desmentida por los hechos. El PSOE no ha dejado de escorarse cada vez hacia la derecha, incumpliendo incluso las limitadas promesas arrancadas por UP en el acuerdo de investidura. Algo que explica la plena sintonía de Pedro Sánchez y su Gobierno con la patronal y el Ibex35.

Toda la acción de UP está quedando reducida a mera propaganda. Una propaganda que no deja de beneficiar al PSOE. Por otro lado, la renuncia de UP a dar la batalla en las calles, garantizando a toda costa la paz social en connivencia con CCOO y UGT, la coloca en la peor posición frente a los embates de la reacción y las maniobras del PSOE. Una situación que, como se ha visto en el caso de Alberto Rodríguez, les está condenando a una absoluta parálisis y a un creciente descredito. Es necesario rectificar, cambiar el rumbo, y salir del Gobierno pasando a una contundente oposición de izquierdas.

Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y los dirigentes de UP siguen justificando la coalición para evitar “que gobierne la ultraderecha”, dando por hecho que su salida tiene que significar convocar nuevas elecciones. La actuación contra Alberto Rodríguez ha demostrado lo lejos que puede llegar el PSOE. La lamentable y vergonzosa actuación de Yolanda Díaz y Alberto Garzón mostrando una falta completa de empatía y solidaridad con Alberto Rodríguez, su llamada a no generar “ruido” y “rebajar la tensión”, lejos de situar a UP en una posición de fuerza frente a un socio de Gobierno que actúa como Al Capone, expone aún más su debilidad.

Contra la represión y la extrema derecha, ¡es necesario levantar una alternativa revolucionaria!

Está política de constantes concesiones lo único que hace es llenar de confianza a la base de la extrema derecha y de la reacción. Primero echaron a Pablo Iglesias, y ahora han hecho lo mismo con el Alberto Rodríguez,  y además sin consecuencias.

La única alternativa contra esta ofensiva es volver a aquello que convirtió a Podemos en una fuerza que hizo temblar al régimen del 78 y que llenó de temor los despachos del Ibex35: la fuerza del 15M, de las marchas de la dignidad, de las mareas, de la movilización consciente y contundente en las calles. Pero los actuales líderes de UP, y sus consejeros mediáticos, están volviendo a desaprovechar esta oportunidad para enfrentar a la extrema derecha. No combatir, no luchar, no responder, nunca es una alternativa. La experiencia no deja de demostrarlo.

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Es necesario convocar movilizaciones, y enfrentar mediante la lucha a estos elementos que hoy destituyen a un diputado, mañana encarcelan a activistas, y pasado se lanzaran a ilegalizar partidos y organizaciones de izquierdas.

Nos jugamos mucho. Unidas Podemos y también el resto de la izquierda parlamentaria, ERC y EH Bildu, no pueden dejar pasar por alto este nuevo ataque. Es necesario convocar movilizaciones, y enfrentar mediante la lucha a estos elementos que hoy destituyen a un diputado, mañana encarcelan a activistas, y pasado se lanzaran a ilegalizar partidos y organizaciones de izquierdas.

Es necesario sacar las conclusiones de por qué se ha llegado hasta aquí. Aquellos que planteaban “tomar el cielo por asalto” se retiran, renuncian, se lamentan, pero millones de jóvenes y trabajadores condenados a la precariedad permanente, la falta de vivienda, y la ausencia de cualquier futuro no podemos hacerlo. El capitalismo y el régimen del 78 sufren una profunda crisis, pero no caerán solos. Necesitan ser enviados al basurero de la historia, y para lograrlo la organización, la movilización, y las ideas del marxismo son imprescindibles.

¡Únete a Izquierda Revolucionaria!

 

[1] De hecho, Marchena exigió a Batet cumplir la sentencia, sin concretar como cumplirla, es decir,, sin señalar explícitamente que había que retirarle el acta de diputado, aunque evidentemente insinuando tácitamente que había que cesar a Alberto Rodríguez. (Las dudas jurídicas se ciernen sobre el caso sin precedentes de Alberto Rodríguez)

[2] Comunicado de la Comisión Permanente

[3] Paolo Gentiloni: “La reforma laboral y la de pensiones deben cumplir lo pactado en Bruselas sobre el plan español de recuperación”

[4] El Ejecutivo aplaza a la próxima legislatura los límites al alquiler para grandes caseros


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