"Por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos, siguen baleando mi ciudad. Ahí cayó herido un compañero de la alcaldía" (...) "Hay civiles heridos de bala. Los helicópteros lanzan bombas lacrimógenas contra la población. La provocación está indignando"Por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos, siguen baleando mi ciudad. Ahí cayó herido un compañero de la alcaldía" (...) "Hay civiles heridos de bala. Los helicópteros lanzan bombas lacrimógenas contra la población. La provocación está indignando a la gente que había salido a protestar en forma pacífica. Es necesario que la gente en Quito sepa la verdad de lo que está pasando acá"... (Agencia Inter Press) Estas angustiosas palabras de la alcaldesa de Coca, en la provincia de Orellana al norte de Ecuador, son un fiel reflejo de la salvaje represión ejercida por el ejército contra los trabajadores y pobladores de la zona.

Desde hace varias semanas, las provincias de Sucumbios y Orellana están tomadas por el ejército. ¿El motivo? Proteger los intereses de la compañía estadounidense OCP Limited.

El saldo de la sangrienta actuación del ejército en Orellana es brutal. En la última semana de febrero dos niños y dos adultos fueron asesinados y hubo más de 300 heridos, muchos de ellos por armas de fuego; no se sabe muy bien cuántos detenidos están en manos del ejército, pero sólo en esa semana hubo más de 40.

La población de estas dos provincias norteñas se echó a la calle ante el anuncio de la OCP Limited de construir un oleoducto en esta zona del Amazonas. Exigían 10,5 millones de dólares a la petrolera para obras de infraestructura en la zona. La respuesta de la compañía fue que no iba a dar un duro y seguir adelante con el proyecto.

En los últimos 20 años las petroleras estadounidenses han extraído 60.000 millones de dólares en petróleo en estas provincias donde el 90% de la población vive en la pobreza más absoluta y carecen de los más elementales servicios básicos: la mayoría de las carreteras no tienen asfalto y las pocas zonas que cuentan con energía eléctrica sólo disponen de 8 horas diarias de servicio.

Además, está el problema de los cafeteros. "...La situación de los campesinos es angustiosa. La mayoría son pequeños productores de café que ha disminuido abruptamente su precio y no reciben subsidios para comprar fertilizantes o créditos (...) Queremos seguir plantando café o algún producto rentable, pero para eso necesitamos créditos, subsidios, carreteras para sacar la producción. Si no, terminaremos plantando coca (...) están llegando personas que pagan por la coca cinco o seis veces más que lo que obtenemos por el café".

A la hora de ultimar esta nota, las dos provincias permanecen bajo estado de sitio y toque de queda decretado por el gobierno y quienes se atreven a desobedecer son sometidos al Código Penal Militar. Sin embargo, los trabajadores y campesinos de la zona no están dispuestos a volver tranquilamente a sus casas y aceptar esta situación sin lucha como están demostrando en la actualidad.

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