De septiembre de 2007 al mismo mes de 2008, el mundo bancario internacional se ha visto conmocionado por una avalancha de quiebras, que sólo ha podido ser atajada con una inyección masiva de dinero público en los circuitos financieros sin precedentes en la historia del capitalismo. Cabría suponer que estos acontecimientos deberían haber afectado decisivamente al sistema financiero español, cuya implicación con el sector inmobiliario es excepcionalmente profunda, y que ha jugado un papel central en la génesis de la burbuja inmobiliaria que caracterizó los últimos quince años de la economía española.
Pero, si creemos las explicaciones que nos llegan desde los ámbitos oficiales, en el Estado español se habría obrado un espectacular milagro, y el sector bancario habría salido del estallido de la burbuja inmobiliaria no sólo indemne, sino incluso reforzado, con la pequeña excepción de la Caja de Castilla - La Mancha. Incluso hace cuatro meses, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, alardeaba en un acto universitario de que su banco era "el que más dividendos ha dado del mundo este año".
¿Es esto creíble? ¿Es posible que la crisis que ha provocado paro masivo, quiebra de inmobiliarias y un stock de un millón de pisos sin vender no haya afectado a la banca española? Revisemos algunos datos para hacernos una idea más cabal de la situación real del sector.
En los quince años del boom inmobiliario, los créditos a este sector se multiplicaron por 12, hasta totalizar un montante de 315.000 millones de euros, lo que representa el 50% del crédito concedido por bancos, y algo más del 70% del concedido por cajas de ahorro. Para hacerse una idea de la concentración del riesgo que este importe supone basta con contrastarlo con el capital del conjunto del sector inmobiliario, que asciende a 225.000 millones (175.000 millones de fondos propios más alrededor de 50.000 millones de financiación ajena a largo plazo).
Aumento vertiginoso
de la morosidad
El pasado 17 de septiembre, el Banco de España informaba de que los impagos de los promotores inmobiliarios a 30 de junio eran de 26.523 millones de euros. A estos impagos habría que sumar la mora del crédito hipotecario a particulares (18.000 millones de euros), más las moras de créditos al consumo y de la financiación a empresas, de modo que el total de impagados de la banca española es de 82.673 millones de euros, es decir, la tercera parte de los recursos disponibles.
En sólo un año, la morosidad de las cajas se ha más que triplicado, y la de los bancos se ha multiplicado por siete. De seguir esta tendencia alcista -y todo (mantenimiento del nivel de desempleo, agotamiento de subsidios, previsible alza de los tipos de interés si se confirma una mini recuperación en Alemania...) apunta a que así va a ocurrir- el sistema financiero español estaría abocado a una práctica situación de quiebra a medio plazo, frente a la que son impotentes tanto las medidas de ahorro de costes puestas en marcha (más de 900 oficinas cerradas y 2.300 puestos de trabajo destruidos en el sector en el primer semestre del año) como la severa restricción en la concesión de crédito que desde hace más de un año está ahogando a numerosas empresas familiares y trabajadores autónomos.
Esta situación es la que recoge el informe emitido por la casa de análisis Variant Perception a finales de agosto, cuya conclusión dice: "Afirmar que en España ha pasado lo peor va contra el sentido común. Creemos que los políticos españoles y los inversores internacionales yerran por mucho en su juicio sobre el país. Las circunstancias les obligarán a cambiar de opinión. Cuando todo haya pasado, se verá cómo España era en sí un gigantesco subprime cuyos resultados bancarios fueran buenos, hasta que dejaron de serlo. Un estallido repentino típico de las burbujas, por otra parte, del que no será ajeno España".
Y sin embargo nos equivocaríamos si creyésemos que Botín nos intenta engañar cuando afirma que su banco es el que más dividendos reparte en todo el mundo. Es rigurosamente cierto. Y no sólo el Santander nada en oro: para no ser menos que Botín, su colega J.I.Goirigolzarri se jubila a los 55 años como consejero delegado del BBVA con una pensioncilla de 250.000 euros al mes. De hecho, según The Banker, Santander y BBVA están entre los cinco bancos más rentables del mundo en 2008.
A Botín sólo se le olvida un pequeño detalle ¡¡esa ingente montaña de beneficios procede de los bolsillos de los trabajadores, una parte directamente, por las condiciones abusivas que están aplicando, y la otra indirectamente mediante las ayudas públicas!!
Contabilidad creativa
¿Y cuál es el mecanismo que permite convertir una situación cercana a la quiebra en una orgía de beneficios? Pues una milagrosa contabilidad que esconde los impagos y los transforma en exitosas inversiones.
Cuando un promotor inmobiliario no puede pagar, el banco está obligado a provisionar la mora, es decir, a detraer de sus beneficios el importe adeudado por si no llegase nunca a cobrarse. Para evitar esta situación, los bancos pactan con el promotor la compra de edificios a un precio sobrevalorado, y así se cancela la deuda. Los edificios recién adquiridos se contabilizan como activos, y el balance queda impecable.
Claro que para que este artificio fuese posible se necesitó la colaboración del gobierno del PSOE que, aterrorizado ante la perspectiva de un colapso del sistema financiero, modificó las normas contables para permitir el maquillaje generalizado de los resultados bancarios. Estas modificaciones permiten a los bancos valorar sus inmuebles a precio de adquisición, en lugar de a precio de mercado, con lo que se crea el fantástico efecto de que cuanto más caro se compra mejor es el negocio. También se ha permitido que la valoración de las garantías (es decir, los inmuebles hipotecados) no tenga que reflejar en su totalidad el marcado descenso en los precios de los inmuebles que siguió al estallido de la burbuja, ayudando así a los bancos a presentar como beneficio lo que deberían ser reservas adicionales.
Este prodigio se completa utilizando compañías zombies (Realia, Afirma, Reyal Urbis, etc.) que compran al banco los inmuebles invendibles, pagan con créditos concedidos por el propio banco..., y le generan al banco grandes beneficios.
La fiesta se completa saqueando a los clientes. Las comisiones de la banca española son las segundas más caras de Europa, y los diferenciales que aplican al escasísimo crédito que conceden son cada día mayores, de forma que las bajadas del Euríbor no se trasladan a los clientes en su totalidad.
Claro que para seguir operando se necesita algo de liquidez. Lo malo de la contabilidad creativa es que los beneficios son de papel, y se necesita a alguien que aporte dinero de verdad. Y dado que el negocio habitual no lo genera, no queda más remedio que recurrir al Estado. En las cuatro subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros realizadas este año hemos aportado al sistema financiero 19.500 millones de euros. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, pensado para atender las quiebras inminentes de cajas de ahorro, se ha dotado con 12.000 millones. Y además, el programa de avales públicos para emisiones de deuda puede conceder hasta un total de 90.000 millones más.
Así que cantidades ingentes de dinero público fluyen hacia los bancos. Pero este dinero, lejos de utilizarse para financiar la inversión productiva o el consumo de las familias, se está utilizando para seguir generando beneficios especulativos. Y por si fuera poco, la continuidad de este mecanismo no sólo no evita, sino que agrava, la posibilidad de un hundimiento general del sistema.
Un gobierno socialista sólo puede plantearse una medida para atajar esta situación: la inmediata nacionalización de la banca, sin indemnización y bajo control de los trabajadores. Esta es la única manera de frenar la sangría de dinero público, de retirar el yugo impuesto por la deuda hipotecaria a millones de familias trabajadoras, y de asegurar que el sistema productivo no se ahoga por falta de crédito.
Una medida de este tipo sería recibida con entusiasmo ilimitado por la inmensa mayoría de la población. Permitiría empezar a utilizar eficientemente el dinero público para resolver el problema del paro y para mejorar los deteriorados servicios sociales.
