Al final el gobierno logró sacar adelante los Presupuestos Generales para el año 2011, que recogen el mayor recorte de gasto social de toda la democracia. Para ello ha necesitado pactar con la burguesía canaria y vasca una serie de transferencias. En primer lugar cabe señalar que ni los trabajadores  vascos ni canarios van a ganar nada con este acuerdo. A cambio de sufrir los recortes sociales como los del resto del Estado, sus autonomías reciben capacidad para gestionar gastos como las políticas activas de empleo, que ya han anunciado que utilizarán para aumentar el dinero que entregan a las empresas para que contraten. Los presupuestos plantean un objetivo de crecimiento del PIB de un 1,3% para 2011. Teniendo en cuenta que el recorte del gasto público supone una reducción de la demanda total de más de dos puntos, para que esto se diera el sector privado debería crecer a ¡ritmos superiores al 4%! No parece el caso. De hecho, las firmas de análisis y organismos como el FMI pronostican un crecimiento en torno al 0,5% del PIB, lo que obligaría a nuevos recortes para alcanzar el "sagrado" objetivo de un déficit del 6% del PIB, como ya ha manifestado el gobierno.
Además, esta situación se agravará en 2012, cuando está previsto rebajar el déficit otros tres puntos. Si para rebajarlo en el mismo porcentaje en 2011 estamos hablando de caídas de la inversión del 30%, recorte del 5% del sueldo de los empleados públicos y subidas del IVA en dos puntos, ¿qué nos preparan para el año que viene?
Los recortes afectan a todas las partidas sociales. Las prestaciones por desempleo bajan un 1,6% por la supresión de los 426 euros de subsidio y la cantidad de parados a los que se les agotará el  paro durante el año. Las pensiones contributivas se congelan y las mínimas suben un 1%, por debajo de la inflación. Se suprime el "cheque-bebé" y bajan las ayudas a la Dependencia (-5,2%), Educación (-8,1%), Cultura (-12,1%) y Sanidad (-8,2%). Es cierto que muchas de estas políticas dependen de la Comunidades Autónomas, pero también están efectuando recortes brutales en todos los ámbitos.
La inconsistencia del tan cacareado cambio de modelo productivo se demuestra en la práctica: el gasto en investigación (I+D+i), que nos llevaría del ladrillo a los ordenadores, se reduce en un 7%; la inversión pública se reduce en más de un 30% (40,7% en infraestructuras), lo que según UGT puede mandar al paro a más de 200.000 trabajadores de la construcción.